Las condiciones de presos españoles en cárceles marroquíes: 47 personas por celda, menos de dos metros cuadrados para cada uno y una sola comida al día

Entre ratas, junto a 47 personas y con tan solo 1,73 metros cuadrados para hacer vida. Así cumple condena desde hace dos años el puntaumbrieño Antonio Alonso de la Rosa, hijo de Inmaculada, sentenciado a ocho por narcotráfico. En este tiempo ha pasado por tres cárceles diferentes con condiciones extremas y episodios que han llevado al joven a intentar quitarse la vida. Desde Huelva, su madre lucha contra viento y marea para que se cumpla el convenio entre España y Marruecos firmado en 1997 que regula la asistencia a personas detenidas y el traslado de personas condenadas entre ambos países.

Una batalla en la que, por ahora, Inmaculada se siente sola. Viajes recurrentes a un país desconocido, trámites interminables, abogados, visitas a prisión y una lucha constante para intentar que su hijo pueda cumplir condena en España. Pero su caso no es una excepción.

Un calvario que empezó en 2023

"El día 9 de septiembre de 2023 se me paralizó la vida", recuerda Inmaculada con una tristeza palpable en la voz. Aquel día recibió una llamada desde el Consulado de España en Casablanca que cambió para siempre la rutina de esta familia de Punta Umbría. Al otro lado del teléfono le comunicaban que Antonio, el mediano de sus tres hijos, había sido detenido en Marruecos por un delito relacionado con el narcotráfico. Desde entonces, asegura, no ha vuelto a dormir tranquila.

La primera imagen que conserva de su hijo en prisión sigue persiguiéndola dos años después. Tras varios días sin saber dónde estaba, consiguió acceder a la cárcel acompañada por personal consular. Allí encontró a Antonio descalzo, durmiendo en el suelo y rodeado de personas con las que no podía comunicarse por el idioma.

"Perdóname, mamá, pero yo no puedo vivir esto. Me voy a quitar la vida", recuerda que le dijo durante aquel encuentro. La madre reconoce que aquel momento marcó un antes y un después. "Sé que ha cometido un delito y que lo tiene que cumplir, pero yo perder a mi hijo no lo puedo perder", afirma.

Con el paso de los meses, Antonio fue trasladado a la prisión de Tetuán, donde continúa cumpliendo condena junto a otros españoles detenidos en operaciones similares. Allí, separado del resto de compatriotas, comparte celda con decenas de internos en unas condiciones que su familia califica de infrahumanas.

Miles de euros perdidos en mitad de la desesperación

Junto a Antonio también fueron detenidos otros dos onubenses: un vecino de Punta Umbría y otro de Cartaya. A la incertidumbre por la situación de sus hijos se sumó otro problema inesperado: la actuación de un abogado español al que varias familias confiaron la defensa de sus casos.

Inmaculada asegura que llegó a pagar 13.000 euros, mientras que otra madre desembolsó otros 10.000. "Se quedó con 23.000 euros y ‘hasta luego, Maricarmen’", denuncia. Según explica, el letrado les aseguró que tenía contactos en Marruecos y que podría facilitar determinadas mejoras para los presos, promesas que posteriormente comprobaron que no podían cumplirse.

La puntaumbrieña sostiene que aquel episodio no solo supuso un importante perjuicio económico para familias ya castigadas, sino que además retrasó procedimientos que consideraban fundamentales para avanzar en la situación de sus hijos.

Finalmente, optaron por contratar directamente a un abogado marroquí, al considerar que era la única vía efectiva para tramitar documentación y gestionar expedientes ante las autoridades del reino alauí.

Una experiencia similar relata Anabel Cárdenas, vecina de Isla Cristina y hermana de otro joven encarcelado en Marruecos. Su familia ha llegado a gastar entre 6.000 y 7.000 euros en abogados españoles sin obtener resultados. "Todos los abogados anteriores han supuesto un auténtico desfase de dinero", lamenta.

Decenas de españoles en la misma situación

Las circunstancias en las que se encuentra Antonio están lejos de ser un caso aislado. Decenas de españoles permanecen actualmente encarcelados en prisiones marroquíes por delitos relacionados, en muchos casos, con el narcotráfico. "Tenemos un grupo de WhatsApp con unas 20 familias de Huelva, de Cádiz, de Murcia, de Canarias...", explica Inmaculada.

Lo que comenzó como una búsqueda desesperada de información terminó convirtiéndose en una red de apoyo entre familiares repartidos por toda España. En ese chat intercambian experiencias, comparten documentación, orientan a quienes acaban de recibir la noticia de una detención y explican los pasos necesarios para evitar errores que puedan ralentizar aún más los procedimientos.

A este grupo también pertenece la propia Anabel. Su hermano Antonio lleva más de un año encarcelado en Marruecos y su relato coincide prácticamente punto por punto con el de Inmaculada. "Nosotros hemos vivido y seguimos viviendo un auténtico infierno", asegura.

Detenido en Alhucemas y posteriormente trasladado a Tetuán, comparte módulo con más de treinta internos. Según explica su hermana, durante meses durmió sobre una manta en el suelo, hace sus necesidades en un agujero en el suelo de la propia celda y apenas recibe una comida al día. "Come una vez al día y se ducha una vez a la semana con agua fría", relata.

La situación psicológica es otra de las grandes preocupaciones de las familias. Tanto Antonio Alonso como el hermano de Anabel han sufrido episodios de depresión durante su estancia en prisión que le han llevado a atentar contra su propia vida. "Vivimos pendientes del teléfono, del correo y de cualquier noticia del consulado. Es un sinvivir constante", resume la isleña.

Además del testimonio de los condenados, sus familiares también se topan con vídeos en redes sociales que les hielan la sangre. En plataformas como TikTok se pueden observar imágenes filmadas por algunos internos en los que se pueden apreciar las difíciles condiciones en las que conviven. Imágenes que, según explican, confirman muchas de las situaciones que sus familiares llevan meses denunciando.

Una burocracia que tarda años y un Estado que les da la espalda

La principal reivindicación de estas familias no pasa por conseguir la libertad de sus hijos o hermanos. Ninguna cuestiona las condenas impuestas por la justicia marroquí. Lo que reclaman es que puedan cumplirlas en España.

Para ello existe un convenio bilateral firmado entre ambos países en 1997 que regula la asistencia a personas detenidas y el traslado de personas condenadas. Sin embargo, las familias denuncian que su aplicación práctica es desesperadamente lenta.

Según explica Inmaculada, para que un preso pueda ser trasladado debe contar con sentencia firme, tener resueltas las sanciones económicas asociadas a la condena y superar una compleja cadena burocrática que implica a las autoridades penitenciarias marroquíes, la Embajada de España en Rabat, el Ministerio de Justicia e Interpol. "Cada vez que bajamos un papel son seis o siete meses", lamenta.

En el caso de Antonio, asegura que ya cumple todos los requisitos exigidos. Tiene sentencia firme, ha conseguido que le retiren la denominada aduana —una multa de 1,8 millones de euros asociada a la condena— y dispone de la documentación necesaria para iniciar el procedimiento. Sin embargo, continúa esperando.

De la Rosa sostiene que la lentitud de los trámites está teniendo consecuencias dramáticas para algunos presos españoles. Como ejemplo cita el caso de un recluso encarcelado en Tánger que padece graves problemas renales y cuyo traslado a España sigue sin materializarse pese a haber cumplido ya cinco de los siete años de condena impuestos por la justicia marroquí.

"Tiene todo arreglado para venir y a la familia ya le han dicho que no va a llegar vivo a España", asegura con indignación. El preso, según relata, tiene paralizados los riñones y continúa esperando una autorización que nunca termina de llegar.

Las familias también denuncian la falta de implicación institucional. Aseguran haber intentado contactar con representantes políticos y distintas administraciones sin obtener respuesta. Un silencio que se extiende cuando este periódico pregunta por la situación de estos españoles a la Subdelegación del Gobierno en Huelva.

"Ese mundo solo tiene dos salidas: la cárcel o el cementerio"

El castigo no solo alcanza a quien decide traficar con drogas, sino también a quienes permanecen fuera de prisión. A sus hijos, parejas, madres, padres y otros familiares. Inmaculada reconoce que lleva dos años viviendo prácticamente dedicada en exclusiva a intentar ayudar a su hijo. "Mi cabeza está todo el día dando vueltas", admite. Las noches sin dormir, las búsquedas constantes de información, los viajes a Marruecos y la atención a otras familias forman ya parte de su rutina. “Yo tengo un niño con 14 años que me dice: ‘mamá te llevas todo el día llorando’”, asegura.

Tanto Inmaculada como Anabel son contundentes al hablar del narcotráfico. Ninguna intenta justificar las decisiones tomadas por sus familiares ni cuestiona que deban responder ante la justicia por los delitos cometidos. De hecho, ambas aprovechan su experiencia para lanzar un mensaje de advertencia a los jóvenes que puedan sentirse atraídos por el dinero fácil. "El que entra ahí luego no sabe cómo salir", afirma Anabel. Y añade una frase que resume el drama que viven muchas de estas familias: "Ese mundo solo tiene dos salidas: la cárcel o el cementerio".

“Donde sea, pero en España”

Las historias de Antonio Alonso y Antonio Cárdenas son solo dos ejemplos de la precaria situación en la que se encuentran algunos de los presos españoles encarcelados en Marruecos y de la batalla silenciosa que libran sus familias desde el otro lado del Estrecho. Todo ello pese a la existencia de un acuerdo bilateral que lleva casi tres décadas en vigor.

Sus madres y hermanas no piden impunidad ni rebajas de condena. Tampoco intentan justificar los delitos por los que fueron condenados. Reclaman algo mucho más simple: que puedan cumplir sus penas en condiciones dignas. "Donde sea. En Madrid, en Barcelona o en Santander. Me da igual dónde. Pero en España".