Tribunales
La UCO analizará 800 folios de mensajes de Aureliano García, expresidente de la Diputación de Almería, por el caso Mascarillas
El juez a su vez está tomando declaración a los imputados en el presunto fraude de contratos fraguados en la Diputación y el cobro de comisiones

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, durante un acto. / DIPUTACIÓN DE ALMERÍA - Archivo
La UCO podrá acceder a la documentación recogida en 41 bolsas precintadas que contienen información sobre el caso de Mascarillas que atañe al expresidente del PP y de la Diputación de Almería, Aureliano García, y dos de sus exvicepresidentes. Así lo autorizó el pasado jueves el juez Manuel José Rey Bellot, titular de la plaza 1 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almería, que investiga estos hechos.
El caso indaga las presuntas irregularidades cometidas en las comisiones en contratos de mascarillas y obras adjudicadas por la Diputación almeriense. Cabe recordar que la Guardia Civil detuvo a siete personas por posibles delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales el pasado mes de noviembre, entre ellos a Javier Aureliano García, expresidente de la Diputación almeriense y a dos de sus vicepresidentes, Óscar Liria y Fernando Giménez.
En las últimas semanas, se están llevando a cabo muchas de las declaraciones. Ya han pasado por los juzgados el vicepresidente Óscar Liria y su hermano, además de algunos empresarios. Ambos se acogieron a su derecho a no dar cuenta de su testimonio en sede judicial. Las declaraciones se extenderán hasta el próximo 26 de junio. Aureliano García es uno de los que está citado ese día.
Las 41 bolsas que ahora tendrán que analizar los agentes de la UCO contienen distinta información. Entre ellas, las recogidas durante el registro al domicilio y el despacho del expresidente de la diputación de Almería.
Un folio con ingresos en efectivo
Entre las evidencias encontradas en la casa y el despacho de Aureliano García se encuentran dos recortes de papel con anotaciones manuscritas, un folio que contiene ingresos declarados y cobrados en efectivo, documentos relacionados con el expediente de las mascarillas y casi 800 páginas de conversaciones de mensajería instantánea.
Además, también se indagará en lo encontrado en el domicilio y despacho de su vicepresidente Fernando Giménez Giménez; en casa de su hermana; en la sede de Gesa, empresa del investigado Rodrigo S. L.; y la vivienda de Clemente, un técnico vinculado a la tramitación de los expedientes bajo investigación. técnico vinculado a la tramitación de los expedientes bajo sospecha.
La medida resulta "necesaria" para continuar la investigación
El juez explica en su auto que el contrato entre la Diputación de Almería y Azor Corporate, de Kilian López, permite alcanzar indicios de un delito de cohecho "por la percepción de comisiones de entre 200.000 y 400.000 euros por la adjudicación fraudulenta del contrato de material sanitario". Cita a Óscar Liria como presunto "intermediario en el cobro de las comisiones provenientes de López, "percibiendo esos fondos y haciéndolos llegar a otros cargos públicos de la Diputación Provincial de Almería".
Igualmente, el juez fundamenta en el auto que está bajo investigación la actividad realizada por las empresas Pulconal y Oyc Servicios Urbanos. "En conclusión, en la actividad de ambas sociedades se aprecia, en base a la labor de investigación policial, una actividad ficticia y simulada, siendo la realidad el desarrollo de una actividad comercial centrada en la adjudicación de contratos públicos aprovechando las capacidades que ofrecía el cargo de los investigados Óscar Liria y Rodrigo Sánchez", refleja el auto.
"Esto implicaría que la adjudicación del contrato de material sanitario no fue un hecho aislado, sino una oportunidad generada en el seno de este presunto sistema ilícito de adjudicaciones de contratos públicos que constituye el objeto de la presente causa y que tiene como eje central la Diputación Provincial de Almería con el pleno conocimiento, aquiescencia y participación del entonces Presidente Javier Aureliano García Molina", continúa el magistrado en su razonamiento.
Por lo tanto, la medida de acceso a toda la documental "resulta necesaria para avanzar en la investigación según interesa la fuerza policial, vista la existencia de indicios de los delitos indicados más arriba, y la gravedad de los mismos".
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