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Gobierno y Junta de Andalucía instarán al TSJA a anular la licencia del Algarrobico tras el bloqueo del Ayuntamiento de Carboneras

Los servicios jurídicos autonómicos estudiarán las posibles responsabilidades penales de los concejales del PSOE que han frenado en el Pleno la anulación de la licencia mientras que el Ministerio de Transportes les da la opción de rectificar y aceptar la anulación de los permisos urbanísticos en el próximo Pleno

Vista aérea del hotel de El Algarrobico en el parque natural de Cabo de Gata.

Vista aérea del hotel de El Algarrobico en el parque natural de Cabo de Gata. / Carlos Barba / EFE

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Javier Alonso

Javier Alonso

Sevilla

La Junta de Andalucía y el Gobierno de España llevan meses personados en la causa abierta para la anulación de la licencia de obras del Algarrobico, un paso clave para su demolición. Ambas instituciones firmaron en 2011 un convenio para repartirse las responsabilidades y los gastos del derribo. Ahora, después de que el Pleno del Ayuntamiento de Carboneras, con los votos a favor de los concejales socialistas, haya frenado esta medida que venía avalada por un dictamen del Consejo Consultivo, ambas administraciones han movido ficha. Pedirán al TSJA que rompa el bloque actuando de forma subsidiaria y mantendrán próximamente una reunión de la comisión bilateral que será convocada por la Junta de Andalucía a la que corresponde coordinar este órgano de seguimiento.

El primero en anunciar su respuesta ha sido el Gobierno andaluz. Tras el Consejo de Gobierno, la portavoz Carolina España anunció que seguirá los pasos de Greenpeace y solicitará que el TSJA que ya había ordenado al Ayuntamiento que suspendiera la licencia decrete de forma automática la nulidad. Esto conllevaría además un segundo paso que la Junta está evaluando jurídicamente: que se abra un expediente para determinar si hay responsabilidad penales o administrativas por la decisión del Pleno de no acatar la orden judicial alegando la necesidad de un análisis económico y jurídico más profundo.

Asimismo, el Gobierno andaluz, convocará la comisión mixta con el Ejecutivo central creada en el marco de un convenio para el reparto de responsabilidades y gastos en torno al derribo de esta construcción del litoral almeriense. Esta convocatoria había sido reclamada por el Ejecutivo central las últimas semanas (a raíz del dictamen del Consejo Consultivo que avalan la nulidad de la licencia) pero la Junta había optado por aplazarla hasta que no lo aprobara el Pleno. La votación de este miércoles, en la que los concejales del PP han defendido la suspensión y los socialistas la han parado, ha provocado un cambio de estrategia.

La portavoz del gobierno andaluz, Carolina España, ha aprovechado la situación para arremeter contra el PSOE que durante los últimos meses viene defendiendo públicamente su compromiso con el derribo del Algarrobico y cuestionando la actitud de la Junta de Andalucía. De hecho, a principios de 2025, María Jesús Montero llegó a iniciar un expediente de expropiación como vicepresidenta del Gobierno con el objetivo de derribar el máximo posible del hotel que estuviera sobre suelo estatal. La Junta de Andalucía nunca respaldó esta vía.

"Nos sorprende que haya sido el PSOE el que haya bloqueado este acuerdo. No entendemos esta traición del PSOE. Son los responsables y tienen que dar muchas explicaciones. ¿Qué tienen que esconder en el PSOE? ¿Por qué esta actitud? ¿Por qué se han mostrado en rebeldía? Lo que hay es que acaba con ese atropello medioambiental", detalló la consejera de Hacienda y portavoz del gobierno, Carolina España.

El Ministerio da otra oportunidad a los concejales

Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha instado a todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Carboneras a que, en el próximo pleno convocado, voten a favor del acuerdo necesario para dar cumplimiento y ejecutar la sentencia. De esta forma, les da una oportunidad a los concejales socialistas para que levanten su veto en la próxima sesión.

Si esto no ocurre, el Ministerio, personado en el procedimiento a través de la Abogacía del Estado, solicitará al TSJA que acuerde la anulación de dicha licencia con carácter subsidiario tal y como ya ha anunciado la Junta de Andalucía y Greenpeace.

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