Pedro Fernández muestra su "absoluta convicción" de que El Algarrobico se va a demoler "de inmediato" y dice desconocer la motivación de su aplazamiento

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, se ha pronunciado sobre la decisión del pleno del Ayuntamiento de Carboneras, en Almería, de aplazar la suspensión de la licencia del hotel de El Algarrobico con los votos de los concejales del PSOE en dicha localidad. Aseguraba que la intención del Gobierno de España y el PSOE pasa por demoler cuanto antes la construcción ilegal alzada hace décadas en la costa de este municipio almeriense. 

Fernández ha afirmado en la mañana de este miércoles desconocer "de forma pormenorizada qué es lo que hayan podido decir los concejales o lo que haya motivado esa petición de aplazamiento". Una propuesta que ha salido adelante gracias al apoyo de los 6 representantes del PSOE en el Consistorio almeriense. Ante esta situación, la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ya ha anunciado que tomarán medidas después de que los dirigentes municipales desobedecieran a la cúpula autonómica.

De todas formas, el delegado del Gobierno de España en la comunidad ha reafirmado con "absoluta contundencia" que las intenciones del Gobierno de España y el PSOE pasan por "decretar la nulidad de esa licencia dando cumplimiento a los mandatos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía". De este modo, ha sostenido que "la demolición tiene que llegar lo antes posible para que, de una vez por todas, borremos de nuestra imagen ese auténtico atentado al patrimonio ambiental de ese espacio tan sumamente representativo de nuestras costas como es Cabo de Gata". En este sentido, muestra su "absoluta convicción de que se va a demoler de inmediato" en cumplimiento de la sentencia del TSJA. 

La propuesta ha sido planteada por el concejal no adscrito Felipe Cayuela y ha contado también con el apoyo de la ex edil del PP Ángeles Carrillo. Tanto el alcalde de Ciudadanos, como los concejales del PP han votado en contra de este nuevo retraso. El retraso en la anulación de la licencia bloquea las intenciones del Gobierno central y la Junta de Andalucía de iniciar el derribo de la construcción ejecutada en el litoral. De hecho, estaba previsto que en cuanto se anulase la licencia se convocaría la comisión bilateral para repartir los gastos de la demolición tal y como está establecido en el convenio firmado entre ambas administraciones.

La propuesta llevada a la sesión monográfica y extraordinaria, que apenas se ha extendido 16 minutos, se ha visto apoyada por los miembros del PSOE, y estaba centrada en las "consecuencias económicas" que podría tener para el Ayuntamiento la anulación de la licencia a Azata del Sol. La posición de los socialistas choca con la estrategia liderada por la secretaria general María Jesús Montero quien llegó a anunciar en 2025 el inicio del derribo y a iniciar un procedimiento de expropiación ante la demora en la anulación de la licencia. Por su parte, la Junta de Andalucía lleva años planteando que la única vía para el derribo era la suspensión de los permisos para iniciar las obras y de hecho se llegó a personar en el procedimiento abierto en el TSJA.