Los sindicatos estallan por la paralización del teletrabajo para los funcionarios tras dos meses: "La Junta de Andalucía sigue sin dar ningún paso"
La Consejería defiende que hay una instrucción pactada y CCOO e ISA denunciantes aseguran que "no se ha dado ningún paso"

Funcionarios de la Junta de Andalucía. / AJ González

El teletrabajo de los funcionarios andaluces sigue bloqueado. Pese a los avances que se produjeron en el mes de abril, cuando la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública y los sindicatos alcanzaron un acuerdo para homogeneizar las exigencias para permitir el trabajo en remoto a los empleados de la administración pública y poner el decreto en funcionamiento en septiembre. Nada se sabe hasta ahora.
El plazo que se daban las organizaciones sindicales firmantes, CSIF, UGT y SAF con la Consejería para acordar una instrucción para regularizar y homogeneizar el teletrabajo terminaba en el mes de mayo. Sin embargo, a finales de junio, dos meses después de las primeras reuniones, CCOO e ISA han enviado un comunicado en el que aseguran que "no se ha dado ningún paso".
Ambos sindicatos se han puesto en contacto vía correo electrónico con los funcionarios de la administración para recoger firmas con el objetivo de presionar a la Consejería que lidera en funciones José Antonio Nieto. En el mail, ambas organizaciones aseguran que se han "cansado de esperar que se cumpla un decreto que lleva dos años aprobado" y exigen que cese la "arbitrariedad" con la que se regula en este momento.
Polémica en torno a la homogeneización del trabajo en remoto
Fuentes de la Consejería consultadas por El Correo de Andalucía sostienen que sí que se ha trasladado la instrucción a las organizaciones sindicales y esta ha sido negociaciada. Aun así, no se ha puesto en funcionamiento, al menos por ahora. Aun así, estas mismas voces recuerdan que el decreto no puede aprobarse con un gobierno en funciones, lo que no tendría por qué alterar el calendario.
Los funcionarios andaluces son los empleados públicos que menos días pueden trabajar desde casa a la semana. Este decreto abría la posibilidad de que este número aumentara y se igualara a otros trabajadores de distintas administraciones del país. Hasta ahora, la legislación que está en vigor es la aprobada durante la pandemia del Covid, que da vía libre a los servicios para tomar sus propias decisiones al respecto.
CCOO e ISA tildan de "obsoleto" el modelo actual y recuerda que "la Junta tiene en su mano aprobar el decreto o al menos ofrecer una regulación alternativa provisional pero efectiva". Además, los sindicatos exigirán "como un mínimo de dos días de teletrabajo semanales, 40% de las 110 horas de jornada exclusiva, que no se reduzca por haber en una semana días festivos, bajas médicas o permisos".
"Una promesa vacía"
"Está claro que era una promesa vacía, electoralista, para ganar tiempo antes de las elecciones", lamentan desde los sindicatos firmantes, que aseguran que "no hay voluntad política". Ante esta situación, ambas organizaciones, que se negaron a firmar el acuerdo con la cartera de Nieto, avisan de que van "a redoblar la presión, a dar voz a la plantilla para que pueda trasladar su malestar". Así, aseguran que estudiarán "nuevas medidas en unidad de acción" para que el teletrabajo sea una realidad.
En julio de 2024, los sindicatos y la Junta alcanzaron un acuerdo para implantar el decreto de teletrabajo y un año después, superaba los trámites de exposición pública. Sin embargo, desde entonces, los avances han sido mínimos. Según sostienen los representantes sindicales, la norma todavía tiene que superar el informe presupuestario, el del gabinete jurídico y el del Consultivo, lo que demora su entrada en vigor.
La fecha clave está pactada para septiembre. Dos años después de que se alcanzara un acuerdo y tres meses después de que expirara el plazo inicial que se dio la Junta de Andalucía, los dos días de teletrabajo deberán ser una realidad para los funcionarios de la administración pública andaluza. Tras meses de luchas y encuentros, los empleados públicos andaluces igualarán sus condiciones al resto de comunidades.
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