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Los sindicatos andaluces no descartan movilizaciones ante el bloqueo del teletrabajo de los funcionarios: "No llegará hasta la primavera de 2027"

CCOO e ISA denuncian una paralización de las negociaciones desde la precampaña y defienden estar "abiertos al diálogo en cualquier momento"

Funcionarios de la Junta de Andalucía, en sus puestos de trabajo.

Funcionarios de la Junta de Andalucía, en sus puestos de trabajo. / JUNTA DE ANDALUCÍA / Europa Press

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Victoria Flores

Victoria Flores

Sevilla

Sin noticias del teletrabajo para los funcionarios andaluces. Las esperanzas que muchos empleados públicos andaluces depositaron en la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública en la precampaña, cuando se comprometieron a retomar el decreto del teletrabajo, se han desvanecido con el tiempo. Llega el verano y los trabajadores de la administración siguen sin tener unas directrices claras.

Hay empleados públicos que pueden teletrabajar los viernes y hay empleados que no. Hay trabajadores que no tienen problema alguno para solicitar el trabajo en remoto y los hay a los que le resulta prácticamente imposible. Hay funcionarios que transmiten sus avances de una forma natural y otros que tienen que hacer informes. Cada servicio de la Junta es un mundo en materia de teletrabajo y la Consejería sigue sin homogeneizarlo.

En abril, la Consejería y los sindicatos mantuvieron una reunión en la que se estableció un calendario de trabajo. En este encuentro, la Secretaría General de Administración Pública se comprometió a presentar una instrucción pasados los 20 días de la celebración de la mesa, es decir, antes de que se celebraran las elecciones autonómicas del 17 de mayo. Todo a la vez que el acuerdo original se firmó hace ahora dos años.

No llegará hasta 2027

"Como muy pronto", el decreto se aprobará en septiembre. Sin embargo, los sindicalistas avisan de que su entrada en vigor no se produciría hasta seis meses después, "como muy pronto, en la primavera de 2027". "Esto no se entiende como no sea desde una perspectiva en la que la administración no cree en el teletrabajo", lamenta Juan Pérez, secretario general de ISA, que asegura que "la pelota estaba en el tejado de la Junta".

"Hasta que no lo vea en el BOJA no lo creo", sostiene Laura Durán, del sector autonómico FSC-CCOO. Esta funcionaria, que explica que ha pasado por distintas consejerías durante su carrera en la función pública autonómica y que en cada puesto ha tenido unas normas de teletrabajo distintas. "Estás abandonada a tu suerte", lamenta la sindicalista que recuerda que ellos quedaron "abiertos al diálogo en cualquier momento".

Dos meses después de la reunión, ISA y CCOO lamentan que "el texto nunca llegó", pese a que las asociaciones le dieron "algo de margen" al Gobierno. La idea era poder "homogeneizar" los modelos de trabajo en remoto para evitar la "arbitrariedad" que, según han denunciado ambas organizaciones sindicales en un comunicado, se produce en estos momentos. "Nadie nos ha vuelto a convocar", lamenta Durán.

ISA y CCOO cosiguen cientos de firmas

Por el momento, ambos sindicatos explican que en pocas horas han conseguido cientos de firmas para respaldar sus reclamaciones. Aunque todavía no han tomado decisiones al respecto, sostienen que, si la propuesta tiene el respaldo de una importante parte de los empleados de la función pública andaluza, no descartan movilizaciones. De hecho, hasta la reunión de abril, estas estaban organizadas con el resto de sindicatos, pero se desconvocaron con la idea de que la Junta cumpliera su promesa.

Este periódico ha tratado de contactar con algunos de los sindicatos firmantes del acuerdo, pero estos han evitado manifestarse al respecto. Desde la cartera que dirige el consejero José Antonio Nieto defienden que sí que se ha trasladado la instrucción a las organizaciones sindicales y esta ha sido negociaciada. Sin embargo, nada ha sido puesto en marcha.

En julio de 2024, los sindicatos y la Junta alcanzaron un acuerdo para implantar el decreto de teletrabajo y un año después, superaba los trámites de exposición pública. Sin embargo, desde entonces, los avances han sido mínimos. Según sostienen los representantes sindicales, la norma todavía tiene que superar el informe presupuestario, el del gabinete jurídico y el del Consultivo, lo que demora su entrada en vigor.

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