La Junta de Andalucía aprueba un macrocontrato de seguridad: 1.000 millones de euros para vigilar San Telmo, las consejerías o la Alhambra

Casi 1.000 millones de euros. La Junta de Andalucía ha aprobado uno de sus mayores macrocontratos para la prestación de los servicios de seguridad interior de todos los edificios propiedad de la Junta de Andalucía. Con este acuerdo marco, repartido en cuatro años, la Consejería de Hacienda elegirá qué empresas y a qué precios serán contratadas para cubrir todas las necesidades de edificios como San Telmo, las sedes de las Consejerías y delegaciones provinciales o incluso conjuntos patrimoniales como la Alhambra.

El macrocontrato, adelantado por Europa Press y consultado por este periódico, se basa en el modelo aprobado hace cuatro años que caduca este mes de próximo mes de diciembre. Pero incrementa sensiblemente el presupuesto. La explicación es que se incorporan nuevas medida como la "vigilancia discontinua", se calcula una previsión de incrementos salariales y de costes debido a la situación de inestabilidad internacional por la guerra de Irán y se suman a este modelo de contratación espacios que no se incluyeron en el anterior macrocontrato como San Telmo o la Alhambra.

El contrato está dividido en 16 lotes en función del volumen de cada uno de los expedientes que se pueden adjudicar a través de este acuerdo marco. Recoge los servicios de videovigilancia, alarma y seguridad interior en general. Para ello, las empresas no sólo deben asignar el personal, sino también los recursos materiales. Entre los que se solicitan figuran sistemas de detección, escáner, drones o perros adiestrados para cuando sean necesarios.

La fórmula del acuerdo marco establece una previsión máxima de gasto y contratación con las empresas elegidas según los valores por servicios establecidos en el expediente. No obstante, el volumen de gasto real depende de las necesidades. En cualquier caso, los cálculos están establecidos entre los 150 millones de euros anuales del primer ejercicio y los 176 millones previstos para 2031. En total más de 980 millones de euros IVA incluido.

A partir de este punto, por tanto, es cada empresa pública, consejería y organismo autónomo el que debe contratar los servicios en función de este acuerdo marco firmado por la Consejería de Hacienda. De ahí que no haya un número determinado de inmuebles ni una relación de cuáles son los edificios en los que se va a prestar servicio.

Un medida de eficiciencia en la contratación

"La filosofía que inspira este modelo de contratación es que la gestión pública no debe limitarse a adjudicar contratos sino a garantizar que los recursos públicos se transforman en servicios eficaces para los ciudadanos", apuntan desde la Consejería de Hacienda.

Desde este departamento subrayan que se ha seguido una "planificación económica basada en datos reales; una mayor adaptación a la evolución de los costes laborales; nuevas fórmulas de prestación del servicio y una estructura diseñada para facilitar la participación empresarial".