EDUCACIÓN PÚBLICA
Andalucía encadena otro curso sin auxiliares nativos en sus aulas: "Los alumnos pierden mucho, temo que este conflicto perdure"
La Junta de Andalucía rechazó en la última Conferencia Sectorial llevar a cabo el programa de auxiliares nativos porque asegura que "no tiene garantías" de que vuelva a ser sancionada por el Ministerio de Trabajo

Alumnos de secundaria en una clase de inglés. / A J GONZÁLEZ
Andalucía volverá a empezar el curso sin auxiliares nativos en sus colegios. Por segundo año consecutivo, los centros bilingües y plurilingües no contarán con esos jóvenes extranjeros que hasta hace poco entraban en las aulas para ayudar a los alumnos a soltarse en inglés, francés o alemán. No eran profesores. No daban clase. Su papel era otro: conversar, apoyar al docente y acercar a los estudiantes a otra lengua y a otra cultura. Así, la Junta volverá a proponer su plan alternativo con clases de refuerzo oral, obras de teatro o inmersiones lingüísticas.
El problema es que el programa, que pertenece al Ministerio de Educación, ha quedado atrapado en un conflicto entre la Junta de Andalucía (y otras comunidades) y los ministerios de Trabajo y Educación. Y, mientras las administraciones discuten los centros se vuelven a quedar sin una figura que durante dos décadas formó parte de la enseñanza bilingüe andaluza. Andalucía no es la única comunidad que se ha quedado fuera. También han rechazado sumarse tras recibir sanciones Galicia, Murcia, Madrid y Valencia, además de Navarra, que ya llevaba años sin participar.
En el curso 2024/2025, la última vez que el programa funcionó en la comunidad, los auxiliares estuvieron presentes en 1.281 centros, todos ellos bilingües o plurilingües. Según los datos manejados por la Junta, alrededor de 390.000 alumnos se beneficiaban de este refuerzo. En los últimos cinco años, además, el número de auxiliares había crecido de forma notable.
Los alumnos pierden mucho, temo que este conflicto perdure porque los auxiliares ayudan en el idioma y aportan diversidad, igualdad y tolerancia
Sobre el papel, su función era sencilla. Eran jóvenes extranjeros que llegaban a España para apoyar la enseñanza de materias no lingüísticas impartidas en otro idioma, como Geografía o Física y Química en inglés. Ayudaban sobre todo en conversación y expresión oral. No podían sustituir a un profesor ni asumir tareas docentes. Sus condiciones se parecían más a las de un estudiante en prácticas: una ayuda mensual de 800 euros y seguro médico.
El choque entre la Junta y el Gobierno central
Ahí está, precisamente, el origen del choque. La Inspección de Trabajo entendió que, en determinados casos, esos auxiliares podían tener una relación laboral. Y en mayo del año pasado llegaron las sanciones a la Junta de Andalucía: dos actas de infracción que sumaban unos cinco millones de euros. Una, de casi cuatro millones, por incorporar a territorio de la Unión Europea a personas que Trabajo calificó como "trabajadores extracomunitarios", una cuestión que, tal como remarca la propia Junta depende extrictamente del Ministerio de Exteriores. Otra, de casi un millón, por liquidaciones parciales de cuotas a la Seguridad Social de más de 400 auxiliares.
La Consejería de Educación sostiene que nunca promovió una relación laboral con los auxiliares y defiende que su naturaleza era la de estudiantes, no trabajadores. De hecho, los propios profesores consultados por este periódico alegan que las instrucciones de la Junta de Andalucía con relación a las tareas de los auxiliares "eran muy claras" y no daban pie "al error". En este sentido, el Ejecutivo autonómico también insiste en que la selección, el visado y el marco legal del programa no dependen de Andalucía, sino del Gobierno central. Por eso reclama que, si hay una infracción, no se dirija contra la comunidad, sino contra el propio Ministerio, "que es quien configura la convocatoria y la llegada de los auxiliares".
El conflicto tiene además otra capa. La Junta denuncia "criterios dispares" entre ministerios. Según la Junta, el Ministerio de Educación consideraba a los auxiliares como "estudiantes", mientras que Trabajo los trató como "trabajadores". Además, la Junta sostiene que la sanción afectó solo al cupo financiado por Andalucía, 1.660 auxiliares, pero no al cupo financiado directamente por el Ministerio de Educación, 146 en la comunidad, de los que 21 correspondían a la provincia de Sevilla. La Junta sostiene que la normativa y la gestión eran las mismas, a pesar de que la multa sólo afectó al gobierno autonómico.
Desde Trabajo, en cambio, recuerdan que la Inspección actúa con "independencia técnica y funcional" y que abrió la investigación tras recibir "varias denuncias". Fuentes del Ministerio explican que la Inspección tiene la obligación de analizar cada denuncia, "venga de donde venga" y determinar en cada una de ellas "si la persona tiene o no una relación laboral".
Andalucía rechaza el programa para el próximo curso
Ante este escenario, Andalucía ha decidido no incorporarse al nuevo programa de auxiliares de conversación para el curso 2026/2027. La Consejería asegura que en la última Conferencia Sectorial mostró su disposición a volver, pero solo con "garantías suficientes" para no convertirse, de nuevo, en la "damnificada de la falta de coordinación entre ministerios". "Trabajo dice que nos da garantías, pero no están por escrito", apuntan desde la Consejería de Educación.
El Ministerio señala lo contrario: que las garantías sí existen y que figuran en la convocatoria publicada en el BOE el pasado 19 de mayo. Según Trabajo, el nuevo programa se ha diseñado junto al Ministerio de Educación para dejar claro que los auxiliares no pueden complementar la docencia ni sustituir a los profesores, y para asegurar expresamente su carácter no laboral.
Un programa alternativo
Mientras tanto, los colegios han tenido que adaptarse. Ante la ausencia de auxiliares, la Junta puso en marcha un programa alternativo para invertir los fondos europeos que antes financiaban esta figura. El objetivo era mantener el refuerzo de lenguas extranjeras por otras vías. De acuerdo con la Junta de Andalucía, los profesores han alegado que el plan alternativo funciona bien y que, dado al éxito, el próximo curso se sumarán más colegios que han solicitado tener acceso al programa.
Para Ana Fernández García, profesora de Inglés y coordinadora del programa bilingüe del IES Jacarandá, en Brenes, los auxiliares eran "fundamentales", aunque no suficientes. "Pasaban pocas horas en el centro y había pocos en institutos grandes como el nuestro", explica.
La docente resume la pérdida de los auxiliares en una idea clara: sin estos jóvenes, los alumnos dejan de tener contacto directo con una persona de otro país. Pierden conversación real, acento, cultura y motivación. Y eso se nota especialmente en zonas rurales, donde muchos estudiantes tienen pocas oportunidades de convivir con personas de otras nacionalidades. "Los alumnos pierden mucho, temo que este conflicto perdure porque los auxiliares ayudan en el idioma y aportan diversidad, igualdad y tolerancia", señala.
El programa alternativo tiene tres vías. La primera permite organizar clases extraescolares de refuerzo oral, una o dos horas a la semana, impartidas por docentes del centro o por personal externo. Fernández critica que, si no había profesores disponibles, los centros tenían que contratar a través de empresas privadas. "Se nos metía con calzador la posible contratación de una empresa externa y nosotros nos negamos", afirma.
La segunda opción consiste en actividades intensivas o propuestas teatrales en lengua extranjera: cuentacuentos, talleres o montajes adaptados. Para la profesora, el problema es que son acciones puntuales, no un refuerzo continuado. La tercera vía son las inmersiones lingüísticas. En su caso, el instituto recibió 8.000 euros para organizar un viaje con 20 alumnos. Ni uno más, ni uno menos. La organización, cuenta, fue complicada por el presupuesto y por la burocracia. Finalmente, el centro envió a los estudiantes tres días a Albufeira. "Nosotros no damos portugués, pero era lo que nos podíamos permitir", relata.
La sensación que queda en los centros es de provisionalidad. El programa alternativo intenta tapar el hueco, pero no sustituye del todo a los auxiliares. Y, de momento, tampoco hay una salida clara al bloqueo. Fernández lo resume con una duda que comparten muchos docentes: no sabe si todo el dinero que antes sostenía a los 1.800 auxiliares se ha invertido ahora en estas medidas, ni cómo se organizará el próximo curso. Su temor es que el conflicto se enquiste y que Andalucía tarde todavía más en recuperar una figura que, con sus límites, había conseguido algo difícil: que muchos alumnos perdieran el miedo a hablar en otro idioma.
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