Gobierno y Junta de Andalucía se conjuran para desbloquear el derribo del Algarrobico: "Los andaluces no entienden que siga en pie"

El Gobierno de España y la Junta de Andalucía se verán las caras por novena vez en la reunión de la comisión mixta que hace seguimiento del convenio firmado hace 15 años entre ambas administraciones para el derribo del Algorrobico. El encuentro llega más de un año y tres meses después del último, después de que el pleno del Ayuntamiento de Carboneras se haya negado a declarar nula la licencia de obras del hotel 23 años después de su concesión. Desde Greenpeace esperan que el encuentro sea positivo, ya que los andaluces "quieren pasar página", pero "hay gente que quiere alargarlo por una cuestión meramente personal o de miedo particular": "La gente de Andalucía no entiende que eso siga en pie".

Pedro Fernández, delegado del Gobierno en Andalucía, apeló este lunes a la "lealtad institucional de la Junta para resolver este conflicto. La comisión nació en 2011 para saber cómo se haría la demolición y el derribo de este complejo hotelero ilegal en un lugar que luego habrá que regenerar. El reparto económico "se acordó prácticamente en el año 2011", señaló Fernández.

En la reunión de este martes, estarán presentes por parte de la Junta de Andalucía los viceconsejeros de Sostenibilidad y de Fomento, la directora general de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular, el director general de ordenación del territorio, técnicos de la Consejería de Sostenibilidad y letrados de la Junta. Por parte del Gobierno, estarán el subsecretario del Ministerio para la Transición Ecológico y el Medio Ambiente (Miteco), el director y el subdirector general de la Costa y el Mar del Miteco, técnicos de la misma cartera y técnicos del Servicio de Costas de Almería.

El Gobierno dio un ultimátum al Ayuntamiento del Algarrobico

El Gobierno de España dio este lunes un ultimátum al Ayuntamiento de Carboneras. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) pidió al TSJA que requiriera al consistorio en un plazo máximo de 48 horas el acta del pleno celebrado la pasada semana, condición esencial para convocar una nueva sesión en la que se pueda aprobar el derribo del Algarrobico. Igualmente solicitó que una vez conseguido se le diera otro plazo máximo de 72 horas para convocar "una nueva sesión plenaria con el fin de dictar la resolución correspondiente al procedimiento de revisión de oficio de la licencia de obras otorgada el 13 de enero de 2003 a la mercantil Azata del Sol, S.L".

El Miteco quiere conocer a los responsables de lo ocurrido y pidió al TSJA que advirtiera "expresamente a la Corporación municipal de que el incumplimiento de los requerimientos formulados dará lugar a la inmediata aplicación de las medidas previstas en el artículo 112 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA)".

La Junta de Andalucía, también personada en la causa, ya ha solicitado también al TSJA la ejecución de la sentencia y sus servicios jurídicos están analizando posibles responsabilidades de los concejales que votaron en contra de la anulación de la licencia.

Greenpeace ya ha pedido que el TSJA ejecute la sentencia

Luis Berraquero, coordinador territorial de Greenpeace Andalucía, explica que la comisión no se reúne hace más de un año. La postura de los ecologistas es clara y la llevan reclamando bastante tiempo: "Que haya una vuelta de las conversaciones me parece fundamental. La Junta viene defendiendo que la vía para resolver la problemática es que el Ayuntamiento siga los pasos que le dice el TSJA. Nosotros sabemos e insistimos en que el consistorio va a ser un insumiso judicial, como viene siéndolo desde hace años, y nosotros dijimos: ¿Por qué no lo hacéis? Nos dijeron que apostaban por esa vía".

Berraquero explica que solicitaban a la Junta ir por la vía de la expropiación. "Hay sentencias que lo avalan. Ha quedado demostrado que la emrpesa sabía que era ilegal la construcción. Siempre hemos defendido esa doble vía del Ayuntamiento y la Junta".

De todas maneras, el procesa más rápido sería que el TSJA mandara ejecutar la sentencia. "Contra eso, la empresa no podría recurrir y nos ahorrarían años de proceso jurídico y de dilatación", explica Berraquero. "Se debería hacer por un principio de economía jurídica. Es un caso con el que llevamos más de 20 años. El Ayuntamiento tenía una sentencia del Tribunal Supremo desde hace años, el consejo consultivo ha hecho su dictamente y el Ayuntamiento es insumiso porque necesitan más opiniones, necesitan saber más cuáles serían las consecuencias". Berraquero cree que el consistorio usa "mecanismos para empozoñar el proceso y retrasarlo" y se pregunta: "¿Por qué contra a un particular ya le habrían obligado a cumplir con la sentencia y al Ayuntamiento no?".

Berraquero cree que la Junta esta vez está más abierta a ver otras opciones. "Creo que la Junta confiaba en que la vía por la que ha apostado todos estos años fuera adelante", apunta Berraquero, que espera que pronto haya resultados: "Somos unos optimistas compulsivos. No pararemos hasta conseguir el derribo, porque la gente en Andalucía no entiendeo por qué sigue en pie. La sociedad andaluza quiere pasar página".

Greenpeace solicitó la semana pasada al TSJA que ejectura la sentencia y anulara la licencia de obra. Berraquero señala los siguientes pasos: "Ahora estamos estudiando la posible personación de Greenpeace contra el Ayuntamiento y/o el alcalde de Carboneras, estudiando qué tipo de medidas se pueden tomar por incumplimiento de sentencia, prevariación o cohecho", finaliza Berraquero.