Gobierno y Junta de Andalucía renuevan su pacto para el derribo del Algarrobico si Carboneras o el TSJA anulan la licencia pero chocan ante la alternativa de la expropiación

La novena reunión de la comisión bilateral Gobierno de España-Junta de Andalucía creada en 2011 para el derribo del Algarrobico se ha cerrado dejando casi todo en el aire. Las dos administraciones han compartido sus estrategias judiciales orientadas a que los concejales del Ayuntamiento de Carboneras (entre ellos los del PSOE) rectifiquen en su bloqueo a la anulación de la licencia concedida en 2003 o a que el TSJA actúe de oficio ejecutando su propia resolución. Si esto ocurre, los términos del convenio seguirán vigentes y ambas administraciones coordinarán y cofinanciarán la recuperación de esta zona protegida del litoral almeriense. Sin embargo, si esta vía no avanza, las dos administraciones siguen chocando en torno a la alternativa de la expropiación. El Ministerio de Transición Ecológica lo considera una opción aún viable si es necesario mientras que la Consejería de Sostenibilidad la da ya por enterrada.

En una reunión celebrada de forma telemática, el Ministerio de Transición Ecológica y la Junta de Andalucía sí coincidieron en un mensaje. "Vamos a llegar hasta el final y a acabar después de dos décadas con uno de los desmanes urbanísticos más flagrantes del panorama nacional", explicó la Consejería de Sostenibilidad. Desde el Ejecutivo se expresaron en términos similares: "El ministerio continuará realizando las actuaciones que resulten necesarias en el ámbito de sus competencias para avanzar hacia una solución definitiva para El Algarrobico y asegurar la protección de los valores ambientales del entorno".

El convenio firmado en 2011 repartía los gastos y las responsabilidades del derribo del Algarrobico entre ambas administraciones. Al Ministerio le corresponde la financiación de la demolición de la edificación según un proyecto pactado con la Junta de Andalucía mientras que la administración autonómica debía asumir el desescombro y la correcta gestión de los residuos. De esta forma, entre ambos se recuperaría por completo este espacio del litoral almeriense.

La anulación de la licencia

La opción más directa para ejecutar este convenio es que se complete el proceso de anulación de la licencia que ya ha sido ordenado por el TSJA y avalado por el Consejo Consultivo. Este paso iba a realizarse la pasada semana pero en el pleno convocado por el alcalde Salvador Hernández (CS) sólo encontró el apoyo de los concejales del PP. Los socialistas, un partido que había hecho bandera del derribo durante más de un año, votaron en contra alegando que era necesario un informe económico, técnico y jurídico sobre las consecuencias de esta decisión para el Ayuntamiento y las responsabilidades en las que pudieran incurrir los propios ediles. De momento, las actas de ese pleno ni se han enviado al TSJA ni se ha convocado una nueva sesión para cambiar el voto.

Ante este bloqueo, Junta y Gobierno compartieron en la comisión bilateral sus estrategias. El Gobierno autonómico ha instado al TSJA a que decretara de forma directa la anulación de la licencia sin esperar al Consistorio. Al mismo tiempo los servicios jurídicos están estudiando elevar la situación a la Fiscalía por si hubiera responsabilidades penales en la conducta de los concejales que votaron en contra.

Por su parte el Ministerio de Transición Ecológica ha requerido al Ayuntamiento para que remita las actas al TSJA para que, a continuación, adopte dos medidas. Por un lado, exigir al Ayuntamiento a una convocatoria urgente para rectificar su parón a la anulación de la licencia con la amenaza de que se puedan adoptar medidas sancionadoras de forma inmediata. Por otro lado, abrir la posibilidad de que el TSJA si el Consistorio no actúa pueda proceder a una ejecución subsidiaria de la sentencia. En esta misma línea ha actuado tb Greenpeace.

La vía de la expropiación sigue abierta

Pero existe otra opción para iniciar el derribo del Algarrobico: la expropiación que el Gobierno de España con María Jesús Montero como vicepresidenta inició hace un año y medio y que sigue atascada en la vía administrativa. El Gobierno de España quiere mantenerla abierta como "una herramienta jurídica disponible y plenamente vigente" en caso de ser necesario aunque de momento sólo afectaría a la parte del hotel construida sobre suelos de titularidad estatal.

En esta vía hay una confrontación abierta. La Junta de Andalucía no sólo la ha rechazado desde el primer momento sino que ha llegado a personarse en el procedimiento. Tal es su oposición a esta vía que este mismo martes la Consejería ha llegado a afirmar que había sido descartada en la reunión: "El Miteco ha confirmado la suspensión del procedimiento de expropiación hasta que culmine el procedimiento de revisión de licencia, lo que supone que la solución sugerida por la Junta de Andalucía es la única opción viable para la demolición del Algarrobico", recoge el comunicado de la Consejería desmentido de forma tajante por parte del Gobierno de España.