Juanma Moreno recurre el plan estatal de vivienda que obliga a proteger de forma permanente las VPO y asigna a Andalucía 1.197 millones

La Junta de Andalucía ha decidido recurrir el plan estatal de vivienda, dotado con 1.197 millones de euros para la comunidad autonómica si no hay cambios en el decreto. Para ello, ha iniciado la vía que puede desembocar en los tribunales. La Consejería de Fomento, que se abstuvo en la última conferencia sectorial, ha adoptado esta decisión tras un análisis jurídico del decreto y una vez constatado que choca con la normativa autonómica vigente y que, además, exigía una mayor proporcionalidad en el reparto de la financiación, el 60% lo aporta el Estado y el 40% lo debe asumir la comunidad. Es decir, el Gobierno aportaría 718 millones hasta 2030 si la Junta sumaba 479.

El Gobierno andaluz, en una estrategia coordinada con otras comunidades autónomas gobernadas por el PP, como Extremadura o Madrid, ha acordado en una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, aprobar "un requerimiento de incompetencia frente al Gobierno del Estado, por considerar que el Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, vulnera el orden de competencias establecido en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, afectando a las competencias en materia de vivienda, así como a los principios de colaboración con el Estado, de lealtad institucional y buena fe". La decisión se ha adoptado dos meses después de la aprobación del decreto estatal y en el último día del plazo legal. Al contrario de lo que ha hecho Madrid, el Gobierno autonómico ha optado por agotar la vía administrativa antes de formalizar un recurso ante el Constitucional o ante el Supremo.

El plan estatal de vivienda, una pieza clave para afrontar el principal problema de las comunidades, asigna esta financiación para el desarrollo de programas de construcción de VPO, de rehabilitación, de regeneración urbana o de ayudas directas especialmente al alquiler, como el Bono Joven. Pero a cambio, exige una revisión de las políticas públicas de vivienda que deben acatar las comunidades autónomas para sumarse a esta estrategia de carácter nacional. "Se considera que la regulación tan minuciosa de las actuaciones y de las cuotas de financiación reservada a cada línea implica una extralimitación del Estado, ya que degrada a las comunidades autónomas a meras gestoras de las subvenciones, algo que no se ajusta al sistema constitucional de distribución de competencias", recoge el acuerdo del Gobierno andaluz.

Protección permanente de las VPO

La primera diferencia sustancial entre el Plan Vive vigente en Andalucía desde 2020 y el plan estatal de vivienda afecta al periodo de protección de las VPO. En el actual marco autonómico las viviendas deben mantener su carácter público por periodos de 7, 10 o 15 años en función del régimen de protección. Sin embargo, el decreto estatal aprobado por el Ministerio de Vivienda establece como una de sus prioridades un blindaje permanente que se prolongará durante un periodo de cincuenta años en el caso de los pisos que reciban ayudas públicas. Si no se produce no habrá financiación.

Es decir, la condición para aceptar los 1.197 millones de euros que están incorporados en el programa electoral del PP Andaluz es que las VPO que se construyan no se puedan vender en el mercado libre en ningún momento. De ahí la necesaria revisión del Plan VIVE. Este blindaje sí está recogido en la recién aprobada ley andaluza de vivienda que establece que la protección será permanente cuando haya ayudas públicas, como es el caso de todas las promociones que se enmarquen dentro del plan estatal.

"Esta decisión lamina cualquier resquicio para flexibilizar o endurecer dicho régimen, intentando subsanar en el Plan Estatal de Vivienda lo que no pudo hacer en el artículo 16 de la Ley 12/2023 de Derecho a la Vivienda, que fue derogado por el Tribunal Constitucional tras el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Junta de Andalucía", afirma la Junta de Andalucía.

Depósito de fianzas

El decreto estatal también obligará a revisar la nueva ley andaluza de vivienda una vez que el Ministerio ha rechazado las alegaciones planteadas por la Consejería de Fomento. El plan estatal de vivienda que ha aprobado el Consejo de Ministros establece otra condición que va a obligar a revisar una de las medidas incluidas en la ley andaluza de vivienda. La Junta adoptó la decisión de suprimir el depósito oficial de viviendas que gestionaba la empresa pública AVRA y que se reintegren todas las cuantías suscritas. De hecho, desde enero en los contratos privados de alquiler las fianzas se quedan ya en manos del propietario que no tiene que dar parte alguno a la comunidad autónoma.

Esta decisión, que la Junta de Andalucía enmarcó en un proceso de simplificación administrativa y de reordenación de las funciones de la empresa pública de vivienda, con una plantilla mermada, provoca que no deje de haber un registro autonómico de los alquileres y sus importes, ni tampoco ninguna garantía oficial en los arrendamientos privados. Un modelo que choca directamente con los planteamientos del Ministerio de Vivienda de exigir transparencia y control a los gobiernos autonómicos.

Estaba en el programa del PP

En campaña, el PP incorporó este plan estatal como uno de los ejes de su estrategia de vivienda. En primer lugar, se incorporó en programa electoral con el que el PP concurre a las elecciones del 17 de mayo. "Activaremos la segunda fase del Plan Vive para los próximos 5 años, que contará con un volumen total de fondos a movilizar para continuar con nuestras políticas de vivienda de 1.197 millones de euros en los próximos años 2026-2030: 718 millones (60%) a través del Plan Estatal de Vivienda; y 479 millones (40%) aportados por la Junta de Andalucía", recoge la memoria del PP.

En segundo lugar, la Consejería de Vivienda, inició formalmente la adecuación del Plan Vive 2020-2030, el documento aprobado hace seis años y que fija las bases de la estrategia autonómica de VPO ha iniciado el proceso para la revisión de su plan VIVE, el documento que desde 2020 rige las normas de funcionamiento y de gestión de las políticas de vivienda. La primera etapa es un proceso de participación en el que se expresa claramente que el objetivo es adaptarlo a las exigencias del plan estatal.