La Junta de Andalucía intenta frenar por segunda vez el plan del Gobierno de España de blindar de forma permanente las VPO públicas

El conflicto de competencias que ha iniciado Andalucía contra el plan estatal de vivienda, que asigna 1.197 millones a la comunidad autónoma, es una estrategia que coincide con la planteada con otras comunidades gobernadas por el PP como Madrid o Extremadura. Las tres anunciaron ayer el inicio de sus procedimientos que pueden derivar en los tribunales como ya ocurrió con la Ley estatal de vivienda de Pedro Sánchez, que fue elevada hasta el Tribunal Constitucional. "Ha cambiado las reglas del juego, sin negociación previa y sin dejarnos margen. Las comunidades autónomas nos merecemos respeto", apuntó la consejera andaluza de Vivienda, Rocío Díaz.

Aunque las discrepancias son muchas, el conflicto iniciado por la Junta de Andalucía que puede acabar en los tribunales, vía que ya han anunciado formalmente Extremadura y Madrid, se basa en tres aspectos fundamentales del plan estatal: la protección permanente de las VPO, el reparto de la financiación y la excesiva concreción de las líneas del plan estatal así como sus exigencias en materia de difusión.

Andalucía no quiere protección permanente para las VPO

El debate más complejo es el que afecta a la protección permanente de las VPO. En el acuerdo del Consejo de Gobierno se especifican todos los artículos en los que el decreto estatal condiciona la aprobación de ayudas o líneas de financiación a que las viviendas protegidas que se construyan con este dinero público tengan una protección permanente. Es decir, que no se puedan desclasificar y vender en el mercado libre.

Es la segunda vez que el Ministerio hace este planteamiento en un texto legislativo. Ya lo hizo en 2023 con su ley estatal de vivienda. En ese caso, Andalucía llegó al extremo de recurrirlo al Tribunal Constitucional. Y en ese aspecto consiguió vencer el pulso. De esta forma, mantuvo vigentes los plazos de descalificación previsto en su plan Vive: periodos de 7, 10 o 15 años en función del régimen de protección.

El Gobierno ya anunció que abriría otro intento de incorporar la protección permanente en el plan estatal de vivienda. Y, por eso, la Junta de Andalucía mantuvo un debate interno con varios cambios en los borradores, en torno a cómo regular la protección de las VPO en su ley de vivienda. Finalmente, se estableció una redacción lo suficientemente abierta como para que no fuera incompatible con una protección permanente del plan estatal.

Ahora, una vez que el decreto se ha aprobado, la Junta de Andalucía ha anunciado el inicio de la vía judicial a través del requerimiento al Consejo de Ministros para defender su autonomía para fijar el plazo de protección que deben tener las VPO en Andalucía y eliminar el requisito de que no puedan descalificarse si han contado con fondos públicos.

El reparto de la financiación

El anterior plan estatal de vivienda no establecía unos mínimos obligatorios de cofinanciación. El margen se ajustaba en función de comunidades. Algunas aportaban más y otras menos. El punto de partida en el caso andaluz era de los más bajos, una distribución del 75% estatal y el 25% restante la comunidad.  En este periodo (2022-2025) el plan estatal de vivienda se desarrolló con una financiación de 320 millones de euros de los cuales 246 millones fueron de aportación estatal y 74 millones de euros fue el presupuesto asumido con recursos propios de la comunidad autónoma.

El compromiso de Pedro Sánchez en la última conferencia autonómica fue triplicar la aportación estatal a los planes de vivienda a cambio de que hubiera un mayor esfuerzo de las comunidades hasta que se estableciera un reparto del 60-40% en la financiación. En el caso de Andalucía, se pasaría a 718 millones de aportación estatal si la Junta alcanzaba el 40%, lo que suponía multiplicar por seis los recursos que dedica actualmente a vivienda para pasar a 479.

La Junta de Andalucía entiende que este reparto, recogido en el plan estatal, "vulnera el principio de autonomía financiera": "Restringe la capacidad para decidir el destino de los recursos presupuestarios", apunta el Gobierno autonómico.

El excesivo detalle y la exigencia de difusión

El tercer eje del conflicto planteado es el excesivo detalle de las líneas de actuación que se financian en materia de vivienda. Los fondos son finalistas y se pueden destinar a proyectos muy concretos de acuerdo con el documento que ha sido expuesto y aprobado en conferencia sectorial (Andalucía se abstuvo). "Degrada a las comunidades autónomas a meras gestoras de subvenciones lo que no se ajusta al sistema constitucional de distribución de competencias", apunta la Junta de Andalucía.

Aunque el punto de conflicto señalado por la Junta de Andalucía afecta más a las formas que al fondo. En concreto, se trata del artículo 153 que establece que "las comunidades autónomas no podrán realizar inauguraciones, presentaciones públicas, actos de puesta de primera piedra o similares, de obras o actuaciones financiadas con los fondos del Plan, sin la presencia o autorización del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana".