La Audiencia de Sevilla archiva el caso de 'La Pará de Gines' y absuelve al alcalde socialista Romualdo Garrido

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha acordado el archivo del caso de 'La Pará de Gines' por el que figuraban como investigados una veintena de personas, entre ellas, el alcalde socialista de este municipio Romualdo Garrido. El escrito, firmado por la magistrada Mercedes Alaya, en respuesta a un recurso de los investigados, desestima que se hayan producido los delitos de prevaricación, malversación o falsedad documental en las actuaciones administrativas del Ayuntamiento para la celebración de este evento entre los años 2006 y 2016.

"No existe por lo que respecta al delito de prevaricación el elemento subjetivo del injusto que es el dictar o el omitir el dictado de una resolución a sabiendas de su injusticia conociendo su patente contradicción con el ordenamiento jurídico. En este caso no existió nada de eso puesto que no se produjo por parte de los técnicos, el interventor o el secretario el menor reparo ante la ausencia del procedimiento administrativo que regulara las diferentes contrataciones en relación con este evento", recoge el escrito de la sección séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, que advierte que "los miembros de la Junta de Gobierno no fueron asesorados adecuadamente por los técnicos y existía una notable laxitud interpretativa en relación a los contratos menores hasta 2015 debido a una falta de regulación estricta y expresa de la ley".

No obstante, el auto no avala el sistema de gestión de estos eventos por parte del Ayuntamiento de Gines. Pero sitúa cualquier irregularidad que se pudiera constatar en un ámbito puramente administrativo y no penal: "Es claro que si este evento no es algo puntual sino que es previsible que se celebre todos los años la vía correcta era el contrato plurianual (...) Pero anuncia los contratos menores que se hicieran fueran radicalmente nulo ello no comporta más que una irregularidad en el cumplimiento de una normativa administrativa no existiendo la intención de vulnerar por parte de los recurrentes de manera flagrante el ordenamiento jurídico".

Tampoco ve la magistrada indicios del delito de malversación de fondos públicos en la exención de tasas a los empresarios, decisión que el auto justifica: "Las tasas corresponde pagarlas cuando se utiliza un espacio público para el beneficio del sujeto pasivo pero no cuando quien organiza y contrata es el Ayuntamiento en interés general de la ciudadanía".

En cuanto a las subvenciones, indica que si bien las mismas contenían "determinadas irregularidades", habiendo sido solicitadas por el Ayuntamiento pero concedidas por la Diputación de Sevilla, "no deja de estar en el marco de la mera infracción administrativa, sin que pueda elevarse a la categoría de delito".

Juicio oral contra una veintena de personas

La decisión de la Audiencia se produce apenas quince días después de que se acordara el inicio del juicio oral contra Romualdo Garrido y otras 19 personas por la comisión de delitos -según cada caso- de prevaricación urbanística, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales y falsedad documental. Así lo ha acordado el magistrado de la plaza 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, que no ha tenido en cuenta la petición de la Fiscalía de archivar la causa relacionada con la organización de la 'Pará de Gines' entre 2006 y 2016.

Además de Garrido, estaban imputados otro exprimer edil y nueve responsables municipales. A los dos regidores se les acusa de cometer delitos de prevaricación urbanística, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación y fraudes y exacciones ilegales. En total, son 20 los investigados contra los que se abrirá juicio oral.

Al alcalde Romualdo Garrido le queda no obstante otra causa abierta en este caso por una pieza separada del caso Pineda. Su declaración en el juzgado por este instrucción fue suspendida precisamente esta semana. La jueza investiga a los dos últimos por haber realizado gestiones para acelerar los expedientes administrativos del negocio Green House, propiedad de David e investigado en otra causa por actividades relacionadas presuntamente con el narcotráfico.

 El alcalde de Gines aseguró que tenía "muchas ganas de prestar declaración" en esta pieza separada del caso Pineda, porque "ha sido un proceso administrativo que ha salido hacia adelante como cualquier otro y quiero que esto se zanje de una vez".