El Gobierno destinará 635 millones más en 2027 al sistema de dependencia andaluz con el objetivo de asumir el 50% de la financiación

El coste del sistema de dependencia andaluz se ha disparado a lo largo de los últimos años. En estos momentos, hay más de 350.000 personas con prestaciones reconocidas. Sólo este año 2026 la previsión es el coste para las administraciones públicas de este derecho se sitúa en torno a los 2.600 millones de euros. La ley establecía que el reparto debía ser de un 50% para el Gobierno y la otra mitad para la Administración autonómica. Sin embargo, ese porcentaje nunca se ha alcanzado ni en Andalucía ni en ningún otro territorio lo que ha generado una reivindicación constante por parte de la Junta de Andalucía. En el año 2024 la aportación estatal fue del 34% y este 2026 se estima que se sitúe en torno al 29%.

Pero esta situación puede cambiar si sale adelante el decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros esta semana con el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez trata de recuperar cierta iniciativa política ante los casos de corrupción y desplegar compromisos sociales que además forman parte de los acuerdos de investidura, en este caso de los alcanzados con el PNV. Así ha aprobado una inyección "histórica" al sistema de dependencia durante los próximos dos años que tiene un impacto directo sobre Andalucía, la comunidad más poblada y con un mayor número de dependientes.

Según las cifras a las que ha tenido acceso este periódico, la planificación recogida en el decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros que tiene que ser convalidado por el Congreso establece que el Gobierno de España aumentará este mes de julio su aportación al sistema andaluz hasta sumar 957 millones de euros en el nivel mínimo frente a los 631 millones abonados este año y los 640 que estaban previstos para este ejercicio. Para 2027 el cálculo es que la aportación se sitúe en 1.275 millones de euros anuales. Es decir, el doble de la cuantía actual (635 millones de euros más).

No obstante, esta no es la única cifra en la que basan los cálculos de la financiación del sistema de dependencia. Existe también un nivel acordado, una cuantía inferior que se consigna cada año y que se reparte entre las comunidades autónomas. Durante los últimos ha permanecido prácticamente congelada con un leve incremento en 2025. Para Andalucía esto supone 170 millones de euros más. El Gobierno, no obstante, está dispuesto también a revisar este importe en la próxima conferencia sectorial que se celebra el próximo lunes 29 de junio.

De esta forma, sólo con que se mantengan las cifras del nivel acordado si se cumple esta previsión del Gobierno de España en 2027 su aportación superaría los 1.400 millones de euros anuales y, por tanto, alcanzaría prácticamente el 50% del coste del sistema de dependencia cumpliendo así una reivindicación histórica de todas las comunidades autónomas.

Cómo se calcula la aportación estatal a la dependencia

El decreto ley que ha aprobado el Consejo de Ministros, y que tiene que pasar ahora por el Congreso, incrementa la cuantía mínima que el Gobierno de España aporta por cada persona dependiente dada de alta en el sistema. Así, se eleva un 128% la aportación a las personas con grado II (gran dependencia) hasta los 660 euros mensuales y un 100% a las personas con grado I (dependencia severa) hasta los 260 al mes. Además, se eleva un 18% el dinero que se abona por cada persona con grado I (dependencia moderada) hasta 90 euros al mes.

En total, estos incrementos implican que la aportación total al sistema del Gobierno de España alcanzará los 5.513 millones en 2026 y los 7.239 millones en 2027. La aplicación progresiva en dos anualidades de este nuevo sistema de cálculo tomando como referencia el número de personas con derecho a prestación de Andalucía sitúa la cifra en los 1.275 millones de euros comprometidos por el Gobierno de España, lo que sumado al nivel acordado (pendiente de cerrar) dejaría la financiación del sistema aproximadamente en un 50% entre ambas administraciones.