Imputan al recién dimitido interventor general de la Junta de Andalucía en el caso Leire Díez
Miguel Ángel Figueroa pidió dimitir en diciembre, pero su solicitud fue rechazada por el Gobierno autonómico

Miguel Ángel Figueroa, interventor general de la Junta entre 2025 y 2026, en una foto de archivo. / JUNTA DE ANDALUCÍA / Europa Press

El hasta el mes de mayo interventor general de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Figueroa, ha sido imputado por el caso Leire Díez. El ex alto cargo dimitió de su puesto el pasado lunes 8 de mayo por su pasado como mano derecha de Vicente Fernández en la SEPI. El ex alto cargo dejó su cargo tras aparecer en los cuadernos de la fontanera del PSOE y este lunes se ha conocido su imputación en el caso.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado a Figueroa y otros 24 altos cargos públicos y empresarios como presuntos autores de delitos de tráfico de influencias, malversación y prevaricación administrativa. Según se puede leer en el alto, el expresidente de la SEPI se habría comunicado en relación con la tramitación del expediente de Tubos Reunidos con Figueroa, entonces director de Participadas III.
Según el informe del 21 junio de 2021, Figueroa informó a Fernández de que "BG" -siglas con las que se refería a la actual presidenta de la SEPI Belén Gualda- tenía la intención de "sacar" operaciones la semana siguiente, entre las que se encontraba la correspondiente a Tubos Reunidos. En relación con esta operativa, el expresidente de SEPI interrogó a Figueroa acerca de la relación existente entre el Partido Nacionalista Vasco y Tubos Reunidos.
El Gobierno andaluz rechazó su dimisión en diciembre
El nombre de Figueroa fue puesto en entredicho ya cuando fue imputado Fernández en la trama de la SEPI. Pese a todo, desde la Junta de Andalucía subraya que no hubo en ningún momento una pérdida de confianza en su persona y desde Hacienda subrayan que no ha sido cesado. De hecho, el propio alto cargo de la Junta solicitó al Gobierno andaluz abandonar su puesto el pasado mes de diciembre.
Tal como señalaron entonces fuentes de San Telmo a este periódico, su dimisión fue rechazada en un primer momento. Tras su insistencia, desde la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social explican que se le pidió que esperara a después de las elecciones para tomar su decisión. No fue hasta el pasado 17 de junio cuando su cese fue aceptado por el Consejo de Gobierno.
Funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Generales de la Junta de Andalucía, es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada y cuenta con una amplia experiencia en el ámbito de la gestión administrativa y financiera. Ha sido interventor delegado de la Consejería de Educación (2005-2009); interventor delegado de la Consejería de Hacienda y Administración (2009-2013); interventor de Control Financiero (2013-2017), y director de la División de Control de Gasto Público Sanitario de la Intervención General de la Junta de Andalucía e interventor central del SAS, entre 2017 y 2018.
Imputado un catedrático de la Universidad de Sevilla
Entre los imputados también está el catedrático de derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla imputado, Juan Antonio Carillo Donaire. El auto lo relaciona con Enusa. El catedráitco presuntamente firmó un informe que respalda la adquisión de participaciones de Enusa por parte de Acciona y su intervención en la gestión de la incineradora de Melilla mediante la adquisición del usufructo de las participaciones de Enusa en Emgrisa.
Estos hechos habrían tenido lugar, tal como apunta el auto, en el marco de un concierto previo con directivos de Enusa y Acciona. El texto, al que ha tenido acceso este periódico, recoge una planificación de lo ocurrido en la que participó Rosario Arévalo y Vicente Fernández junto al catedrático.
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