Juanma Moreno se compromete a no acoger más menores inmigrantes en Andalucía, recortar a ONG y limitar el acceso a ayudas sociales a través de la prioridad nacional

Las 12 medidas firmadas por PP y Vox en Andalucía supone un viraje profundo del discurso de Juanma Moreno en materia de inmigración. El Gobierno autonómico, que se había desmarcado hasta ahora del discurso de la formación de Santiago Abascal vinculando inmigración con inseguridad o rechazando la acogida de personas trasladadas desde otras comunidades como Ceuta o Canarias, ha acabado adquiriendo exactamente las mismas promesas que los ejecutivos de Extremadura, Aragón o Castilla y León. Una docena de medidas, incluidas dentro de un paquete de 150, que en su mayor parte contravienen el marco legal vigente o que dependen de su aplicación de otras administraciones como los ayuntamientos o el Ejecutivo central.

La primera gran medida es la "prioridad nacional", el lema político de la formación de Santiago Abascal que Juanma Moreno ha querido reducir a un concepto de "arraigo" que ya existe en los procedimientos públicos. Este planteamiento ha sido ya cuestionado por el propio Gavira que ha advertido que lo firmado va mucho más allá de eso. Y así es. La prioridad nacional se incorpora dentro del capítulo dedicado a la inmigración y se desarrolla, al igual que en otras comunidades, con cuatro puntos.

El primero es el arraigo (un periodo mínimo de permanencia en un territorio para acceder a prestaciones públicas). Pero también se plantea la vinculación a la "cotización, permanencia y contribución al sistema) y, sobre todo, la "exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital". El compromiso es que este nuevo modelo, que tiene tantas dudas de legalidad que se advierte de que es necesario cambiar la Ley Orgánica de 2000, esté en vigor en 2027.

La medida tendrá especial incidencia desde el primer momento en el ámbito de la vivienda. La Junta de Andalucía exigirá al menos diez años de residencia en la comunidad autónoma para poder comprar una VPO y de 5 años para el alquiler, una medida que obligaría a cambiar la estrategia andaluza y que podría entrar en confrontación con el plan estatal. Pero no sólo será el arraigo: "Se reforzarán los criterios de vinculación económica, social, familiar, laboral y formativa que evidencien la relación afectiva del solicitante con el territorio.

A esto se añade un punto adicional incorporado en el apartado sanitario que pone el foco en la atención sanitaria a los extranjeros: "Se llevará a cabo una auditoría anual, pública y desglosada del coste directo e indirecto que supone para el sistema sanitario andaluz la atención prestada a la población extranjera, diferenciando en la medida en que lo permita la legislación vigente entre residentes legales, desplazados temporales o personas sin residencia legal acreditada (...) A estos efectos se valorará la trayectoria de cotización y actividad laboral, la existencia de familiares de primer grado residiendo en Andalucía así como cualquier otro criterio que acredite vinculación real y duradera de los solicitantes con la región".

Menores inmigrantes

En segundo lugar, la política de acogida de menores inmigrantes no acompañados. "No más Mena", recoge el título del acuerdo. La Junta de Andalucía tiene un convenio vigente con Ceuta por el que es destino prioritario de los traslados de menores desde la ciudad autónoma. Aunque ha sido siempre crítica con el decreto de reparto de menores aprobado por el Gobierno de España ni lo ha recurrido ni se ha negado a aplicarlo. Ha cumplido la ley. Ahora, se compromete a "oponerse por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales tanto mayores como menores".

A esta redacción, que es general para todas las comunidades, se incorpora un apartado específico para Andalucía que no está presente en el resto de acuerdos: "Andalucía no habilitará centros ni creará más plazas en los existentes, así como reducirá el gasto en esta materia al mínimo imprescindible". Sólo se recoge una salvedad ante los problemas legales que pueda acarrear este texto: "La Junta de Andalucía cumplirá el marco legal vigente en lo referido a las llegadas de inmigrantes a las costas andaluzas". Esto implica que no se negará la atención urgente aunque en el acuerdo conste una medida sin base legal como es la "promoción de acuerdos con los países de origen que faciliten y agilicen las repatriaciones y los retornos efectivos de los menores con sus padres".

La red de centros de menores, que depende directamente de la Junta de Andalucía, también se revisará a través de un "endurecimiento del régimen interno". Este concepto que vincula inmigración y seguridad se desarrolla como "el refuerzo de los protocolos de intervención y disciplina".

Prueba de edad

Uno de los puntos que sí comparten PP y Vox en materia migratoria es la crítica a la llegada de menores con apariencia de mayoría de edad a Andalucía. Son inmigrantes que son trasladados como adultos pero que al llegar se constata que pueden tener menos de 18 años. Pero la formación de Santiago Abascal introduce otra duda sobre el sistema: la de que haya adultos que se hagan pasar por menores para obtener acceso a prestaciones.

"Se habilitará la oportuna consignación presupuestaria destinada a la realización de pruebas de determinación de edad y refuerzo de las que actualmente se practiquen", recoge el acuerdo. Manuel Gavira se quedará con las competencias en materia de Justicia.

Recortes de gastos

El tercer eje recogido expresamente en el acuerdo, al igual que en el resto de territorios, es el de una reducción de todos los gastos vinculados con las ONG y asociaciones que trabajan con la inmigración. Hay un primer punto del pacto que señala que se realizará un análisis mensual a través de la Cámara de Cuentas para evitar que se destine dinero público a "organizaciones dedicadas al tráfico de personas en destino"

"Se suprimirán todas las subvenciones, ayudas, convenios y conciertos con ONG que participen directamente en la promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal o que actúen como cooperadores necesarios", recoge el acuerdo que establece una revisión del Foro Andaluz para la Integración de las Personas de Origen Migrante.

Burka y reforma del padrón

El acuerdo recoge dos puntos que ya han sido trasladados por Vox a todos los ayuntamientos en los que tiene representación pero que en estos momentos no tienen base legal para su aplicación. En primer lugar, la prohibición del uso del burka y el niqab en espacios públicos. La medida se ha aprobado en ciudades como Córdoba o Sevilla pero con la advertencia de que no se puede aplicar.

Lo mismo ocurre con la reforma del sistema del padrón para controlar a los inmigrantes irregulares: "Se promoverá que la inscripción de personas que carezcan de título habilitante de ocupación de vivienda sea considerada nula de pleno derecho sin que pueda constituir prueba de residencia ni dar acceso a derechos y prestaciones", recoge el documento.

Sí entra dentro de las competencias autónomas otra medida incorporada en el acuerdo aunque dentro del apartado dedicado a la educación: "La Junta de Andalucía no renovará la adhesión al programa nacional que sirve de maco al programa de lengua árabe y cultura marroquí y velará por la convivencia en los centros educativos para promover en ellos nuestros usos y costumbres".