La Junta de Andalucía exigirá 10 años de residencia en España para comprar una VPO y se valorarán los vínculos familiares y sociales con Andalucía

El concepto de prioridad nacional se desarrolla específicamente en el acuerdo firmado entre PP y Vox en el ámbito de la vivienda. La Junta de Andalucía, que viene de aprobar hace poco más de un año su nueva ley, tendrá que revisar su marco legislativo para introducir una nueva exigencia: para poder comprar una VPO en la comunidad autónoma deberá haber residido en la comunidad autónoma o en el resto España al menos diez años mientras que para el alquiler se planteará un mínimo de cinco años. El objetivo es que la nueva medida entre en vigor en 2027.

Hasta ahora únicamente en algunos reglamentos municipales se contemplaba el tiempo de antigüedad como un elemento de valoración pero no como un requisito imprescindible. Así ocurre, por ejemplo, en la empresa municipal de vivienda de Sevilla donde el empadronamiento en los dos últimos años inmediatos pueda valorarse como un criterio de selección. Ahora, el acuerdo firmado por el presidente andaluz, Juanma Moreno, plantea convertirlo en obligatorio y no vincularlo al padrón de un municipio sino a la residencia en el país.

Además de este requisito de empadronamiento histórico en el municipio en el que el ciudadano quiere acceder a una vivienda, el pacto firmado entre PP y Vox establece que se valorarán además la "vinculación económica, social, familiar, laboral y formativa" para evidenciar la relación "afectiva" con el territorio. Así, se tendrá en cuenta en las convocatorias para una vivienda "la trayectoria de cotización y actividad laboral, la existencia de familiares de primer grado residiendo en Andalucía así como cualquier otro criterio que acredite la vinculación real y duradera de los solicitantes con la región".

Esto se completa con una referencia adicional recogida en el propio acuerdo: "Se eliminarán los criterios que favorezcan el desarraigo social o distorsionen la asignación de recursos públicos". En estos momentos, la normativa fija como colectivos prioritarios personas sin hogar o en situación de emergencia habitacional, familias con ingresos por debajo del umbral de la pobreza o jóvenes extutelados por la Junta de Andalucía que carezcan de vivienda y de recursos suficientes para tenerla".

En cualquier caso, se valorará específicamente una respuesta para los perfiles más expuestos a la crisis de la vivienda como los jóvenes menores de 36 años, familias numerosas, nuevos núcleos familiares o unidades de convivencia en situación de hacinamiento.

Qué es la prioridad nacional

Estos criterios son similares a los establecidos en los acuerdos firmados entre PP y Vox en otras comunidades autónomas como Aragón o Extremadura. Del mismo modo, en Andalucía se establece una definición similar del concepto de "prioridad nacional" que va más allá del arraigo al territorio.

 La prioridad nacional se incorpora dentro del capítulo dedicado a la inmigración y se desarrolla, al igual que en otras comunidades, con cuatro puntos. El primero es el arraigo (un periodo mínimo de permanencia en un territorio para acceder a prestaciones públicas). Pero también se plantea la vinculación a la "cotización, permanencia y contribución al sistema) y, sobre todo, la "exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital". El compromiso es que este nuevo modelo, que tiene tantas dudas de legalidad que se advierte de que es necesario cambiar la Ley Orgánica de 2000, esté en vigor en 2027.

Otros compromisos en materia de vivienda: lucha contra la ocupación ilegal

En el ámbito de vivienda, el pacto entre PP y Vox recoge los objetivos de nuevas promociones de VPO ya planteados por el presidente andaluz como el reto de llegar a los 20.000 nuevos pisos. Junto a esto se plantea el rechazo a la ley de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez y, por tanto, a cualquier opción de declarar zonas tensionadas en las que se pueda limitar el alquiler.

Pero sobre todo el acuerdo pone el foco en la ocupación ilegal. Así Juanma Moreno se compromete a firmar acuerdos este año con los colegios de abogados para el asesoramiento jurídico inmediato de víctimas de ocupación ilegal y, sobre todo, a la "aplicación firme del desahucio exprés" en la comunidad autónoma.

Las personas que hayan participación en una ocupación ilegal y hayan sido condenados por ello quedarán excluidas del acceso a una vivienda pública o de alquiler social, un planteamiento que viene a complementar el actual marco legislativo.