El Gobierno aprueba una inversión de 8 millones de euros para poner barreras flotantes en el Guadalquivir que impidan el acceso a las narcolanchas

El Consejo de Ministros ha aprobado de la inversión de 8 millones de euros para la instalación de tres barreras flotantes en el río Guadalquivir para controlar y evitar la entrada de narcolanchas. Así lo ha detallado el Delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, que ha explicado esta es "una más de las muchas medidas adoptadas en el seno del Plan Especial de Lucha contra el Narcotráfico" que entró en vigor en 2018.

Tal y como ya informó El Correo de Andalucía, se lleva trabajando desde hace varios años en este proyecto para el que el Ministerio del Interior y el Puerto de Sevilla firmaron el pasado 19 de mayo un convenio para la instalación de estas barreras defensivas. El proyecto es complejo. El uso del Guadalquivir implica grandes dificultades y, entre otras, hay que respetar los valores medioambientales del cauce y su entorno inmediato. Por eso, se ha trabajado con criterios técnicos en un sistema que quiere reducir el margen de actuación de las narcolanchas en el Guadalquivir y facilitar el control de los cuerpos y fuerzas de seguridad.

Por el momento, se conocen pocos detalles al respecto de esta instalación, que próximamente saldrá a licitación. Fuentes de Interior aseguraron el pasado mes de junio a este periódico que dar demasiados detalles de estas intenciones podría facilitar el trabajo a los narcotraficantes, que siempre intentan salvar estos nuevos elementos de protección. Grande-Marlaska ya explicó en una interpelación en el Senado que se llevaba trabajando un año en este proyecto. "Han sido necesarios muchos informes de la Guardia Civil para poner barreras móviles en todo el Guadalquivir". En aquella comparecencia aseveró que la inversión sería de "12 millones de euros".

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Sevilla aprobó este convenio para la instalación de un sistema de control en la ría del Guadalquivir recientemente. Esto era necesario, ya que este organismo, dependiente del Ministerio de Transportes, es el encargado de la gestión de la Eurovía Guadalquivir E-60.02 y era un paso previo a la firma. "Hay que seguir aplicando el principio de legalidad, estamos en un Estado de derecho", respondió Marlaska cuando el PP le solicitó ser más contundente en el mar contra los narcotraficantes.

Esta medida ha sido anunciada escasas fechas después de que dos guardias civiles perdieran la vida persiguiendo a una narcolancha en el Atlántico, a la altura de Huelva. "Es una más de las muchas medidas adoptadas en el seno del Plan Especial de Lucha contra el Narcotráfico que desde su entrada en vigor en junio del 2018 ha propiciado más de 48.000 operaciones, más de 32.400 personas detenidas o investigadas o la incautación de más de 2.200 toneladas de droga".