La Junta de Andalucía exige la paralización "inmediata" del cambio en la ley de Costas que amenaza a los chiringuitos

Andalucía es una de las comunidades más afectadas por el nuevo reglamento de la ley de Costas que impulsa el Gobierno central para cumplir con la Unión Europea. De hecho, desde el pasado lunes chiringuitos de Puerto Sherry como el Playa Canalla permanecen con el cierre puesto, mientras que otros ubicados en localidades gaditanas como Rota y Tarifa siguen en lucha con el objetivo de mantener sus estructuras a partir de septiembre tras la sentencia del TSJA que les obliga a desmontar tras el verano. Entre estos dos conflictos están afectados una treintena de establecimientos de hostelería del litoral andaluz.

Ante esta circunstancia, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, ha alzado la voz. Según ha informado en una nota de prensa, la administración autonómica tiene previsto solicitar en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente que se celebra este miércoles 8 de julio, la "paralización inmediata" de la tramitación del Proyecto de Real Decreto que modifica el Reglamento General de Costas, al entender que una reforma de esta trascendencia "exige un amplio consenso institucional y un escenario previo de cooperación efectiva y seguridad jurídica que proyecte ante la Comisión Europea una posición territorial cohesionada y no un escenario de confrontación entre comunidades autónomas y Estado". Esta exigencia está en línea con lo solicitado por el sector en las últimas semanas ante el nuevo escenario que se le presenta, que le cambia las reglas de juego.

Una obligación que procede de Europa

La modificación del Reglamento General de Costas tiene como base acatar las exigencias de la Unión Europa en la concesión de actividades económicas en el dominio público marítimo terrestre (como los chiringuitos) tras varios apercibimientos que han derivado ya en un expediente al Gobierno de España. De esta forma, la normativa exige que todas las concesiones de establecimientos de hostelería se realicen mediante procedimientos "transparentes, imparciales y sometidos a concurrencia competitiva".

Será necesario un procedimiento al que se "puedan presentar todos los interesados y que se seleccionen en función de criterios objetivos". Asimismo, reduce el periodo máximo de estas concesiones que estaba fijado con carácter general en 75 años en el actual marco legislativo.

"Andalucía considera incomprensible abordar una modificación del reglamento sin haber realizado previamente una revisión integral de la Ley de Costas, y recuerda que cualquier actualización normativa debe ser consensuada con todas las comunidades autónomas con litoral, dado que estas reformas inciden directamente en sus competencias, en actividades económicas estratégicas, en sus modelos de gestión y en realidades territoriales muy diversas", ha subrayado en la nota emitida.

Exige un proceso de diálogo previo

El Gobierno andaluz ha defendido que transformaciones de este alcance "deben abordarse mediante un proceso previo de diálogo, cooperación y concertación entre administraciones". La Junta ha subrayado que la necesidad de revisar aspectos del actual modelo de gestión litoral, avanzar en la simplificación administrativa -especialmente en las autorizaciones temporales vinculadas a actividades y servicios de temporada-, reforzar los mecanismos de cooperación interadministrativa y abrir un debate sobre la financiación asociada a la gestión del dominio público marítimo-terrestre y los recursos necesarios para garantizar su adecuada conservación y protección.

"La gran mayoría de comunidades autónomas coincidimos en que cualquier reforma de la normativa estatal de costas debe sustentarse en los principios de lealtad institucional, cogobernanza, participación efectiva de los territorios afectados y respeto a las competencias autonómicas, garantizando en todo momento la protección ambiental, la seguridad jurídica y el desarrollo sostenible de las actividades económicas vinculadas a la costa y al mar. Ninguna de estas premisas se ha cumplido en la redacción y tramitación del Proyecto de Real Decreto impulsado por el Gobierno de España", ha añadido.

Además, ha hecho referencia a la "inseguridad jurídica" que puede traer consigo de esta medida. "No puede avanzarse en una modificación reglamentaria parcial mientras permanezcan inalteradas las disposiciones legales señaladas por la Comisión, pues ello generaría inseguridad jurídica y un marco normativo provisional. La Junta estima, por tanto, que cualquier revisión del Reglamento General de Costas debe ir precedida de una reforma integral de la Ley de Costas que garantice coherencia normativa, respeto competencial y estabilidad en la gestión del litoral", ha enfatizado.

De quién es la competencia

La modificación del reglamento mantiene el mismo reparto de competencias actual. El Estado, como titular del dominio público marítimo-terrestre, debe establecer el régimen jurídico de este dominio público básico, que debe ser común para todo el territorio nacional.

Pero a partir de ahí son el resto de administraciones, como la Junta de Andalucía, las autoridades portuarias y los ayuntamientos quienes deben adecuar sus procedimientos y las concesiones a este marco estatal básico en caso de que finalmente llegue a aplicarse.