El Gobierno mantiene la reforma del Reglamento de Costas y afirma que dará "seguridad jurídica" a los chiringuitos andaluces: "No va a haber cierres"

La modificación del reglamento de Costas que ha enfrentado al Gobierno de España con la Junta de Andalucía y con los representantes del sector de los chiringuitos seguirá adelante. El Ministerio ha explicado este martes a Andalucía y al resto de comunidades autónomas los efectos de este cambio normativo que se adopta a raíz de un expediente abierto por la Unión Europea y ha descartado paralizar el proyecto como pedían todas las administraciones del PP. La normativa ha generado preocupación entre los negocios que realizan actividades económicas en el litoral dado que fija nuevos criterios en las dimensiones máximas, en las posibles prórrogas y, sobre todo, en los procedimientos para las adjudicaciones que deben ahora basarse en la libre concurrencia . El Ministerio se ha enfrentado a estas críticas y ha subrayado tras la reunión que la norma ni genera "inseguridad jurídica" ni supondrá el cierre de establecimientos.

"La reforma persigue reforzar la seguridad jurídica garantizando que el otorgamiento de concesiones para actividades económicas se lleve a cabo mediante procedimientos transparentes, imparciales y sujetos a concurrencia competitiva. La modificación del Reglamento de Costas no impide el otorgamiento de concesiones ni supone el cierre de chiringuitos o de otros establecimientos existentes", subrayan desde el Ministerio en respuesta a las críticas expresadas por el Gobierno andaluz durante la reunión y tras su finalización. El Ministerio incide en que la normativa "no produce una afección automática sobre los establecimientos actualmente instalados ni altera de forma inmediata las condiciones en las que se desarrollan su actividad. Una vez que entre en vigor las concesiones podrán seguir otorgándose pero deberán tramitarse conforme al nuevo marco jurídico".

Críticas de la Junta de Andalucía

Desde la Junta de Andalucía, sin embargo, mantienen su posición crítica en un frente común conformado con el resto de comunidades autónomas de costa gobernadas por el PP y Vox. “Son las comunidades autónomas las que gestionan actualmente los títulos afectados y no se nos ha consultado ni se han tenido en cuenta nuestras alegaciones. Avanzar en una modificación reglamentaria sin atender estas cuestiones generará inseguridad jurídica, un marco normativo provisional y una mayor conflictividad competencial, afectando tanto a la protección del litoral como al desarrollo de actividades económicas vinculadas a la costa y al mar”, explica la consejera de Sostenibilidad, Catalina García.

El Gobierno andaluz sostiene que sí hay una incidencia directa en los establecimientos que están desarrollando su actividad en la costa. Concretamente, la Consejería alerta de negocios que han iniciado sus expedientes bajo la anterior normativa pero que no se ha culminado. "Han realizado inversiones, han esperado su resolución durante un periodo prolongado y ahora deben adaptarse a una nueva regulación lo que puede implicar la necesidad de competir en condiciones diferentes a las inicialmente previstas".

Cuáles son los cambios del Reglamento de Costas

La modificación del Reglamento General de Costas tiene como base acatar las exigencias de la Unión Europa en la concesión de actividades económicas en el dominio público marítimo terrestre (como los chiringuitos) tras varios apercibimientos que han derivado ya en un expediente al Gobierno de España. De esta forma, la normativa exige que todas las concesiones de establecimientos de hostelería se realicen mediante procedimientos "transparentes, imparciales y sometidos a concurrencia competitiva". Será necesario un procedimiento al que se "puedan presentar todos los interesados y que se seleccionen en función de criterios objetivos". Asimismo, reduce el periodo máximo de estas concesiones que estaba fijado con carácter general en 75 años en el actual marco legislativo.

La Comisión Europea ha exigido que la normativa española incorpore un régimen transitorio para adaptar aquellas situaciones que puedan verse afectadas por las exigencias de la normativa comunitaria. Esto no significa que se vayan a anular concesiones ni autorizaciones ya existentes. Cualquier eventual adaptación deberá realizarse con pleno respeto a las garantías previstas en el ordenamiento jurídico y, en su caso, a los mecanismos de indemnización que correspondan", subraya el Ministerio que apunta de esta forma a posibles medidas compensatorias por inversiones ejecutadas por los negocios que se vean afectados por el cambio del Reglamento de Costas.

De esta forma, sí están incluidas las prórrogas extraordinarias reguladas en el artículo 2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, de concesiones otorgadas para actividades económicas como recoge el propio prólogo de la modificación del reglamento.

Superficies mínimas

a modificación del reglamento establece nuevos requisitos en las instalaciones que todos deben cumplir y que hasta ahora no estaban incluidos en la normativa. Así, el nuevo artículo 68 establece que en los tramos naturales de playas "a ocupación de los establecimientos expendedores de comidas y bebidas no excederá de 70 metros cuadrados en una sola planta y sin sótano". Plantea además que deben ser "instalaciones serán de temporada y desmontables en todos sus elementos" y tendrán que mantener una distancia de 300 metros.

La normativa es más flexible en los tramos urbanos de playas. En estos casos la ocupación se plantea de 200 metros cuadrados en una sola planta con otros 70 adicionales en el exterior. La distancia con la siguiente instalación en la playa se fija en 150 metros.