Andalucía lidera la lista de espera en España para una plaza en un centro de día: más de 2.500 dependientes no tienen la prestación

En Andalucía hay 17.245 personas dependientes con el derecho reconocido por la Junta para acceder a una plaza en un centro de día o de noche. Es una de las comunidades con mayor volumen de resoluciones, junto con Madrid y Cataluña. Sin embargo, de ese total, 2.602 personas continúan esperando a que ese derecho se traduzca en una plaza efectiva. La resolución existe. El recurso, todavía no.

Según los últimos datos del Imserso, Andalucía es, con diferencia, la comunidad con mayor lista de espera para acceder a este servicio sociosanitario. Los centros de día permiten que las personas dependientes reciban durante varias horas atención profesional, rehabilitación, alimentación y actividades de estimulación sin abandonar su domicilio.

Por las características de esta prestación, el grupo más numeroso corresponde a personas con Grado II de dependencia, es decir, con dependencia severa. Son usuarios que necesitan ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, aunque no requieren el apoyo permanente de un cuidador durante toda la jornada. En esta categoría, 9.082 personas tienen reconocida la prestación para acudir a un centro de día o de noche, pero una de cada siete aún no dispone de plaza.

La otra gran parte de los beneficiarios corresponde al Grado III, el nivel más elevado de dependencia. De las 6.809 personas con derecho reconocido a una plaza, 841 siguen esperando a poder incorporarse al servicio. El grupo minoritario es el de las personas con Grado I, entre las que 505 permanecen pendientes de acceso.

La demora es especialmente significativa porque sitúa a Andalucía como la comunidad con más personas esperando a que esta prestación se haga efectiva. Madrid supera a Andalucía en número de resoluciones, pero, según los datos del Imserso, todas las personas beneficiarias tienen una plaza asignada. Lo mismo ocurre en Cataluña, donde hay más de 14.600 personas con el recurso reconocido y ninguna figura en lista de espera para entrar en un centro de día. Tampoco registran lista de espera Navarra, País Vasco, La Rioja o Ceuta. En otras comunidades, el número de personas pendientes es residual: cuatro en Castilla y León, tres en la Comunidad Valenciana, una en Extremadura, cuatro en Murcia y cinco en Melilla.

La comparación debe hacerse, no obstante, con cautela. Andalucía es la comunidad con mayor población y una de las que concentra una proporción más elevada de personas mayores. Eso implica también un mayor volumen de solicitudes y una presión superior sobre el sistema de dependencia a la hora de distribuir prestaciones y servicios.

El presidente de la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM), Martín Durán, considera que las cifras del Imserso reflejan "un problema estructural", aunque reclama más detalle para interpretar correctamente la bolsa de espera. Las estadísticas no explican por qué una persona con la prestación reconocida todavía no ocupa una plaza. "Tenemos que saber cuántas personas no tienen plaza, por qué faltan vacantes y cuántas personas han decidido no entrar en el Centro de Día por voluntad propia", advierte Durán.

Más de 5.000 personas esperan una plaza residencial

La atención residencial presenta un atasco similar. De las 32.377 personas que tienen reconocido el derecho a una plaza en una residencia en Andalucía, 26.690 reciben ya la prestación, mientras que 5.687 siguen esperando a que la resolución se convierta en una ayuda efectiva.

Según el presidente de FOAM, no se trata de una subida puntual. "La cifra subió de forma sostenida desde diciembre de 2025 hasta un máximo de 6.930 en mayo", explica. Aunque junio deja una mejora, Andalucía cerró el primer semestre con 1.454 personas más en esta situación que en diciembre del año pasado.

El escenario podría variar durante los próximos meses. La Consejería dirigida por Loles López, que continuará al frente del área durante los próximos cuatro años, prevé incorporar 2.000 nuevas plazas concertadas en residencias para mayores dependientes hasta 2028. Para ello, ha licitado un concierto social de 776 millones de euros, cuya ejecución comenzará a partir de octubre.

La Consejería de Loles López prevé incorporar 2.000 nuevas plazas concertadas en residencias para mayores dependientes hasta 2028. Para ello, ha licitado un concierto social de 776 millones de euros, cuya ejecución comenzará a partir de octubre

La ampliación de plazas podría aliviar una lista de espera que ha comenzado a reducirse, pero que continúa siendo la más alta de España. De nuevo, los datos del Imserso muestran que ni Madrid ni Cataluña tienen personas esperando una plaza residencial una vez reconocido el derecho.

Una de cada 28 personas sigue sin teleasistencia

La teleasistencia también acumula miles de prestaciones pendientes. De las 196.721 personas con el derecho reconocido a este servicio en Andalucía, 7.071 aún no lo reciben. En términos proporcionales, una de cada 28 personas dependientes con acceso reconocido a la teleasistencia sigue sin disponer de ella.

La mayoría de quienes solicitan esta prestación pertenece a los grados I y II, aunque también hay 37.020 personas con Grado III que tienen reconocido el servicio. De ellas, 1.622 todavía no reciben la atención telefónica.

El derecho reconocido que tarda en hacerse realidad

La Consejería de Inclusión Social -que pasará a denominarse Consejería de Servicios Sociales- ha reducido progresivamente el tiempo de espera desde que se solicita el grado hasta que se recibe la ayuda es de 457 días. Aun así, Andalucía continúa registrando la segunda demora más elevada de España, solo por detrás de Murcia.

El descenso de los plazos administrativos no resuelve por sí solo el problema. Los datos del Imserso muestran que el cuello de botella no termina cuando llega la resolución: miles de personas siguen esperando después de que la Administración haya reconocido formalmente su derecho.

Esa es la brecha que todavía condiciona el sistema andaluz de dependencia. No basta con reconocer una prestación si la plaza, la residencia o la teleasistencia no llegan cuando la persona las necesita. La distancia entre el derecho concedido y el servicio recibido sigue dejando a miles de dependientes y a sus familias en una espera que ya no es administrativa, sino asistencial.