Dos dimisiones, una cadena de ceses y un investigado en el caso Leire: la Intervención de la Junta de Andalucía que recibe Sofía Rull

La Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos ha nombrado este miércoles a Sofía Rull Rodríguez como nueva Interventora General. La nueva alto cargo llega a su puesto después de que el cuerpo lleve dos años inmerso en la polémica, desde los contratos de emergencias hasta la imputación de su último responsable pasando por ceses conflictivos.

Hubo un tiempo que en Andalucía la Intervención General de la Junta ocupaba portadas. Con el caso ERE, el máximo responsable de este cuerpo de la administración pública llegó a sentarse en el banquillo como acusado, aunque fue declarado absuelto de todos los cargos y pudo reincorporarse, entre aplausos, a la Intervención. Desde entonces, estos funcionarios habían pasado desapercibidos para la ciudadanía.

La intervención viene de una última etapa compleja. Todo empezó en octubre de 2024 con la denuncia de presuntas irregularidades en los contratos de emergencia y los contratos menores que había realizado la Consejería de Salud y Familia durante la pandemia señaladas por la Intervención. Si bien la causa relativa a estos contratos en Sevilla quedó archivada, siguen su curso judicial la investigación de Cádiz y la de Córdoba.

Tras la crisis de los contratos de emergencia, en enero de 2025, llegó la dimisión de a entonces interventora general, María Antonia González Pavón, que estuvo enmarcada en la polémica. Aunque desde el Gobierno andaluz se señaló que era una decisión personal, fuentes cercanas a la ex alto cargo confesaron que llegaba después de que se hubiese enfrentado a la cúpula de la Consejería por una mejora en el rango y el salario de este cuerpo.

El último interventor general está imputado

Desde la Consejería se seleccionó a Miguel Ángel Figueroa como para sustituir a González Pavón, aunque su llegada trajo una nueva crisis. Su nombramiento supuso una cadena de ceses en el cuerpo, algo que desde la Junta defendían como normal ya que los responsables de la Intervención son de libre designación. El argumento desde el equipo de la consejera de Hacienda es que estos relevos eran los naturales para que el nuevo alto cargo nombrará en su equipo a personas de su confianza.

Los problemas no terminaron ahí. En diciembre del pasado año, Figueroa solicitó su dimisión por su relación con el exdirector de la SEPI, Vicente Fernández, inmerso en el caso de la fontanera del PSOE, Leire Díez. Desde la Junta se insistió en su confianza y se le pidió que esperara a que pasaran las elecciones. Así fue. En junio, el ex alto cargo presentó su renuncia. El pasado 29 de junio fue imputado en el caso Leire como presunto autor de delitos de tráfico de influencias, malversación y prevaricación administrativa.

A la espera de poder formar un nuevo Gobierno, Hacienda había dado una solución de carácter temporal y dio el cargo al jefe con más antigüedad a la espera de un nombramiento definitivo. La designación de Rull ha llegado en el segundo Consejo de Gobierno de la legislatura. Licenciada en Economía por la Universidad de Sevilla y funcionaria de carrera desde 2008, con este nuevo fichaje, la Junta busca quitar el foco de este cuerpo y evitar los titulares.

La elección de Rull

En la intervención general son pocos los que habían oído hablar de ella. Los puestos de intervención son de libre designación y dependen de la viceconsejera de Hacienda, Amelia Martínez, aunque los interventores generales suelen elegir sus equipos. De hecho, la designación de Rull estaría vinculada directamente a la mano derecha de la consejera Carolina España, que, como ella, fue auditora en la Cámara de Cuentas.

Eso sí, para poder formar parte de este cuerpo es necesario pertenecer a la administración como funcionario de carrera, en concreto los cuerpos preferentes son los funcionarios del ámbito financiero. Rull, durante 10 años, formó parte del Consejo Económico y Social de España como asesora especializada tanto en el área de Personal como en Gestión Económica y desde hace ocho años ejercía como auditora en la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Fuentes cercanas a la Intervención explican a El Correo de Andalucía que, "en teoría, es un perfil técnico adecuado". Así, sostienen que, sobre el papel, "interventores y auditores hacen lo mismo", aunque en organismos diferentes. "Los primeros, desde dentro de la administración, aunque con autonomía, y los segundos, desde un órgano externo dependiente del Parlamento", insisten las voces consultadas.