Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales: "En Andalucía hay un problema estructural en la dependencia más allá de la financiación"

El Congreso aprobó el pasado 14 de julio la nueva ley de dependencia y la ley de discapacidad. Dos normas, que obtuvieron el voto negativo de Vox, con las que el Gobierno de coalición busca "refundar el sistema de cuidados". Una de las personas que más ha trabajado porque estas leyes salgan adelante ha sido Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales, que ahora pone la pelota en el tejado de las comunidades y lamenta que en Andalucía "hay un problema estructural más allá de la financiación".

PREGUNTA. ¿Qué impacto puede tener estas nuevas medidas en la gestión de la dependencia en Andalucía?

RESPUESTA. Aprobamos las reformas de las leyes de discapacidad y dependencia, que va a suponer una mejora de los derechos y de la autonomía, y en segundo lugar va a dar la vuelta completamente al sistema de la dependencia. Va a simplificar los trámites administrativos, va a dar a las personas en situación de dependencia más capacidad de decidir qué tipo de servicios quieren tener y sobre todo amplía lo que llamamos la cartera de servicios. Será un sistema mucho más flexible, adaptado a las necesidades de las personas para facilitar que puedan permanecer más tiempo en su casa.

P. ¿Cómo se logra?

R. La ley viene acompañada con un incremento de financiación histórico y extraordinario, que entre 2026 y 2027 de 6.200 millones de euros, la mayor inversión en protección social en las últimas décadas. En Andalucía esperamos que la lista de espera, de aquí a finales de 2027, se reduzca en unas 15.000 personas. Ahora estamos como en 50.000 personas. Esto supondría que a finales de 2027 Andalucía tendría 437.000 personas beneficiarias más, 100.000 más de las que a día de hoy son atendidas.

P. Andalucía tiene un tiempo de espera de 435 días, ¿cuánto podría reducirse?

R. Andalucía es la segunda comunidad con más tiempo de espera en la tramitación de expedientes de todo el Estado. Casi cuadriplica a la comunidad autónoma que menos días de tramitación tiene. Es cuestión de cómo se organiza la gestión. La Junta de Andalucía, con la competencia exclusiva de la gestión de los expedientes, tiene un trabajo importante que hacer en reordenar el sistema, en poner más recursos y más personas que tramiten los expedientes. Más allá del dinero, depende también de cómo se organizan todos los procesos administrativos, que es responsabilidad de la Junta.

P. ¿Podría suponer nuevas contrataciones?

R. Cada mes se bate récord de personas atendidas por el sistema de la dependencia, esto hace que el sistema de dependencia sea un fundamental para las familias y, evidentemente, supone una creación de empleo. Estimamos que en Andalucía se podrían crear hasta 23.000 nuevos empleos. El incremento de financiación, creemos que puede ayudar a reducir las listas de espera, debe ayudar a dar más servicios, más horas de ayuda a domicilio, de mejor calidad, pero tiene que servir también para mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajan en el sistema de la dependencia.

En España tenemos un problema para encontrar personas para cubrir las necesidades que tiene el sector, especialmente en zonas rurales o con mucha distorsión de población. Es fundamental que sea un sector atractivo salarialmente, con buenas condiciones, que reduzca la precariedad, con un menor... Las condiciones de trabajo, en términos de riesgos laborales, tienen que mejorar. Estamos trabajando en la revisión de los certificados profesionales, para formar a las personas que deseen trabajar en el sistema de una manera más rápida y más flexible.

P. Las nuevas normas llega a Andalucía tras el cambio de Gobierno, ¿teme el Gobierno que Vox ralentice su aplicación la comunidad?

R. Es una ley de bases y depende de las comunidades autónomas su despliegue, su implementación y conseguir una reducción de los tiempos de espera, una mejora de los servicios... Aquí habrá que ver cómo de prioritario es el sistema de atención a la dependencia para cada uno de los gobiernos.

P. Vox votó en contra

R. Desde luego, Vox votó en contra y el Partido Popular ha puesto barreras en toda la tramitación, incluso votando en contra de propuestas que ellos mismos llevan defendiendo y que estaban en sus enmiendas. Espero que este sea un tema que sea prioritario para todos, porque las necesidades de las familias son crecientes, se viven situaciones muy dramáticas. Es una responsabilidad de país que por fin el sistema de la dependencia se consolide y llegue a cubrir todas las necesidades, porque se ha convertido en un pilar imprescindible de nuestro estado de bienestar.

P. Al frente de la Consejería continuará Loles López, ¿cómo es la relación entre ambas administraciones?

R. La interlocución es fluida. Estamos trabajando en el cierre del plan de recuperación y, a nivel técnico, operativo, la relación es fluida y constante. Hay diferencias, por supuesto, pero una cuestión como el sistema de la dependencia que depende de la colaboración e involucración de todos los niveles administrativos, Gobierno de España, la voluntad de colaborar y de tener diálogo y trabajar debe de estar ahí y debe de ser una prioridad. Dicho esto, ahora los gobiernos autonómicos ya no tienen excusa. El Gobierno ha cumplido su compromiso de contribuir al 50% de la inversión de dependencia, están los recursos, está el andamiaje legislativo para avanzar hacia un sistema más moderno, más flexible y los gobiernos autonómicos tienen que asumir su responsabilidad y ponerse manos a la obra.

P. Uno de los miedos del Gobierno andaluz, es que el plan no se lleve a cabo o que desaparezca tras estos dos años.

R. Es una pregunta que nos hacen recurrentemente, cómo vamos a asegurar que las comunidades hacen su parte, y en realidad en un Estado con la arquitectura competencial que tenemos en nuestro país, nosotros más allá que hacer un seguimiento, compartir los datos como estamos haciendo trimestralmente no tenemos manera, porque los gobiernos autonómicos son competentes exclusivos del desarrollo, la gestión y la implementación del sistema de la dependencia. Hay una importante labor, tanto de los medios de comunicación, como de la ciudadanía, de exigir que la atención política, los recursos y el liderazgo de cada gobierno autonómico en este tema sean al máximo nivel.

P. La Junta reclama que desde 2019 hasta ahora, tiempo en el que el Estado no ha aportado el 50% de la financiación, ha dejado de recibir 6.000 millones.

R. Este relato que se ha mantenido desde la Junta de Andalucía y de otros gobiernos del PP de la deuda histórica es un absoluto bulo y una falacia. La ley no recogía la obligación del Estado de aportar el 50%, eso fue un compromiso político del Gobierno de coalición, que estaba en el acuerdo de gobierno de 2023 y gracias a eso hemos cumplido con ese compromiso. Y no solo en 2027 se hará efectiva esa aportación, sino que además lo hemos blindado en la ley. Es decir, cualquier gobierno que venga detrás tendrá la obligación de mantener esa inversión del 50% siempre y cuando las comunidades autónomas mantengan su nivel de inversión. Por lo tanto, hablar de que se debe tanto dinero no hay por dónde cogerlo ni se sostiene.

P. A la vez que crece la financiación, crecen las personas que necesitan atención

R. La financiación de Andalucía entre 2026 y 2027 será de casi 1.300 millones más de lo que recibe ahora. Esto permitirá la atención de muchísima más gente y la contratación de más profesionales. Además, se pueden mejorar los salarios, y se pueden desplegar nuevos servicios, meter más horas de ayuda a domicilio... Los recursos son muchos, pero la dependencia tiene un problema de gestión grave, por los días de espera. Tienes que tener la capacidad y la estructura para poder valorar rápidamente e incorporarlas. Hay un problema estructural, más allá del dinero, en el margen de sus competencias, necesitan repensar o darle un impulso a cómo se están haciendo ciertas cosas, sin ninguna duda.