Vox asume competencias clave en violencia de género y menores inmigrantes en Andalucía a través de Justicia tras su pacto con Juanma Moreno

El decreto de competencias aprobado por el Consejo de Gobierno tras el pacto suscrito entre Juanma Moreno y Vox permite a la formación de Manuel Gavira adentrarse por primera vez en Andalucía en dos ámbitos que han marcado su discurso político durante los últimos años: la lucha contra la violencia de género, un concepto cuestionado por la formación desde sus orígenes, y la atención de los menores inmigrantes, un punto clave de su último programa electoral y de todos los pactos firmados en distintas comunidades autónomas. Ambos temas han marcado además los intentos del PP andaluz por distanciarse del discurso de Santiago Abascal que han quedado finalmente aparcados para poder cerrar un acuerdo y un gobierno de coalición.

El Gobierno de Juanma Moreno se ha limitado a traspasar todas las competencias que tenía Justicia en manos de José Antonio Nieto a su nuevo responsable, Manuel Gavira. Esta modificación automática, tal y como ha adelantado eldiario.es ha dejado en manos de Vox todas las competencias "relativas a violencia de género que guarden relación con la administración de la Justicia". Sobre este concepto, recogido en el propio decreto entran cuestiones como la organización de las unidades de valoración integral de la violencia de género o la elaboración de protocolos de actuación en materia de violencia de género.

Del mismo modo, queda en manos de la secretaría general de Justicia "el diseño, coordinación y ejecución de los planes de formación, en especial los relativos a la formación específica sobre violencia de género, de jueces y magistrados, fiscales y letrados de la Administración de Justicia, en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Justicia, así como la coordinación de los planes de formación en materia de víctimas y formación específica sobre violencia de género de las personas profesionales que intervengan por decisión de la autoridad judicial o como consecuencia del proceso judicial".

Rechazo de la oposición

Esta concesión a un partido como Vox, que ha cuestionado la violencia de género desde hace años (aunque haya diluido en los últimos meses esta reivindicación) ha sido denunciada por todos los partidos de la oposición que han reclamado una revisión del decreto de competencias para retirar a la formación de Manuel Gavira cualquier posibilidad de condicionar la respuesta a las víctimas o los mecanismos judiciales para luchar contra la violencia de género.

"Es intolerable e indecente que la protección y la atención a las víctimas de violencia machista el señor Moreno Bonilla las haya dejado en manos de Vox. Un partido que niega la violencia de género, que la frivoliza, que la blanquea", ha expresado la portavoz adjunta del PSOE-A, Ángeles Férriz. "Peligran los derechos de las mujeres. Que quien niega la violencia machista controle las medidas y a los profesionales que nos protegen es tremendo. Lo permite Moreno Bonilla aferrado a su sillón", ha publicado también la parlamentaria socialista y secretaria de igualdad del PSOE-A, Olga Manzano en redes sociales.

Desde Ferraz, la dirección estatal exigió al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que impida que Vox gestione en Andalucía las competencias relativas a violencia de género relacionadas con la Justicia; remarcando que se trata de una cesión "imperdonable" por parte de los 'populares'. "Hay un sonido que una mujer maltratada no olvida jamás: el de las llaves de su maltratador entrando por la puerta. Que Moreno Bonilla entregue las llaves de una parte de su protección a quienes niegan la violencia machista es sencillamente imperdonable", ha lamentado este martes la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, a través de un mensaje en la red social 'X'.

Por su parte, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha señalado el "peligro e irresponsabilidad" de la decisión y ha asegurado que "van a estar muy vigilantes". "No vamos a permitir ni un solo ataque a la lucha contra la violencia de género y a las mujeres andaluzas y a los derechos de las mujeres andaluzas", ha señalado García en un audio remitido a los medios.

A estas críticas, también se ha unido el portavoz de Por Andalucía y coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, quien ha asegurado que el PP "no solo no pone límites a la extrema derecha sino que hace su propia agenda". "Moreno Bonilla vuelve a pagar el apoyo de Vox con los derechos de las mujeres. Ahora les entrega el servicio que valora a las víctimas de violencia machista", ha señalado en una publicación en su cuenta oficial en la red social 'X'.

Pruebas de edad a menores inmigrantes

La gestión del Instituto de Medicina Legal de Andalucía implica deja también margen a Vox en el ámbito de la inmigración, tema que ha centrado buena parte de su pacto con Juanma Moreno (que incluye entre otras cuestiones la prioridad nacional o el rechazo a la acogida de más menores inmigrantes). Este organismo, dependiente de la Consejería de Justicia es el responsable de la elaboración de los informes que determinan la edad de los inmigrantes cuando existen dudas sobre si son o no menores de 18 años. En caso de que lo sean pasan a formar parte de la red de atención de responsabilidad autonómica y quedan bajo su tutela.

El margen de actuación de Vox en este ámbito en cualquier caso es limitado. Los informes sobre la edad de los menores se realizan a instancias de la Fiscalía cuando se abre un procedimiento y nunca de oficio por parte de la Administración. Son procesos, además, reglados que incluyen una serie de pruebas que están validadas y reconocidas en todo el territorio español. No obstante tanto en Aragón como en Castilla y León uno de los ejes del discurso de la formación ha sido incrementar el número de pruebas reivindicando incluso que se realicen de oficio bajo el argumento de la existencia de mayores de 18 años que consiguen acogerse a las prestaciones reservadas para los menores inmigrantes.