María Jesús Montero exige a Juanma Moreno que cumpla la ley y acoja menores inmigrantes de Ceuta pese a su pacto con Vox

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha reclamado al Gobierno de Juanma Moreno que "esté a la altura" ante la crisis migratoria registrada en Ceuta y que cumpla con las obligaciones legales relacionadas con la acogida de menores migrantes no acompañados.

La dirigente socialista ha pedido a la Junta de Andalucía que garantice la atención de los menores que se encuentran desprotegidos y que coopere con la ciudad autónoma para facilitar su traslado cuando sea necesario.

"Tiene que cumplir la ley, garantizando la atención a los menores desprotegidos que lo necesiten y cooperando con la ciudad autónoma", ha señalado Montero en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X.

Las declaraciones se producen después de que Vox haya mostrado su rechazo a los posibles traslados de menores desde Ceuta hasta Andalucía, mientras el PP andaluz y el Gobierno autonómico han evitado hasta ahora concretar públicamente cuál será su posición y cuántas plazas estarían dispuestos a habilitar. "Me gustaría un pronunciamiento claro por parte del Gobierno de Andalucía y, particularmente la parte del Partido Popular", ha exigido Montero.

Asimismo, la socialista ha asegurado sentirse "orgullosa" por el comportamiento del Gobierno de España ha tenido ante una crisis migratoria de esta magnitud. "Ha afrontado una situación crítica con inteligencia y sensibilidad. Poniendo por delante siempre lo más importante: la vida y la dignidad de las personas", ha recalcado.

Vox rechaza el reparto de menores

La intervención de Montero llega después de que el vicepresidente de la Junta y dirigente de Vox, Manuel Gavira, expresara públicamente el rechazo de su partido a cualquier distribución de menores planteada por el Gobierno central. "Andalucía, como el resto de gobiernos donde esté Vox, se va a oponer a todo reparto de 'menas' que plantee el Gobierno de Sánchez", afirmó Gavira en las redes sociales.

El dirigente de Vox calificó de "invasión" lo ocurrido en Ceuta y defendió que las personas que hubieran cruzado la frontera de forma irregular fueran devueltas a sus países de origen. En el caso de los menores, sostuvo que debían regresar "con sus padres".

La dirección andaluza del partido reforzó posteriormente esta posición con el mensaje "los invasores, a su país", dentro de una campaña impulsada por Vox a nivel nacional contra los traslados.

La negativa se produce después de que el Gobierno central haya advertido de que las comunidades autónomas están obligadas a cumplir la legislación vigente y de que el rechazo a la acogida podría dar lugar a actuaciones judiciales a través de la Fiscalía.

Una ley obliga a las comunidades a colaborar

La reforma de la Ley de Extranjería, en vigor desde 2025, establece que las comunidades autónomas deben acoger a menores migrantes no acompañados procedentes de otros territorios cuando sus sistemas de protección se encuentren saturados.

Esta situación se da actualmente en Ceuta, cuyos centros están soportando una elevada presión asistencial como consecuencia de la llegada de personas migrantes a la ciudad autónoma.

En el caso de Andalucía, existe además un convenio de colaboración renovado en 2024 que permite agilizar los traslados de menores desde Ceuta. Este mecanismo, considerado una vía rápida de coordinación entre ambas administraciones, ha permitido durante los últimos años el traslado de más de una treintena de niños y adolescentes anualmente.

El PP andaluz evita fijar una posición

Hasta ahora, ni el Gobierno de Juanma Moreno ni el PP andaluz han concretado públicamente su postura sobre los posibles traslados. Tampoco la Consejería de Inclusión Social, dirigida por Loles López, ha detallado cuántos menores podrían llegar a Andalucía ni las condiciones en las que se produciría su acogida. De ahí a que Montero haya exigido al PP andaluz "un pronunciamiento claro" sobre cómo va a actuar ante este tema.

El Ejecutivo autonómico permanece a la espera de conocer el número definitivo de traslados y los criterios que aplicará el Gobierno central. El pronunciamiento de Gavira supone, por tanto, la primera posición expresada por un miembro del Gobierno andaluz ante esta nueva crisis.