Vox tensa el gobierno de Juanma Moreno y ratifica su rechazo en Andalucía a acoger menores inmigrantes de Ceuta: "Los invasores a su país"

La reforma de la Ley de Extranjería que entró en vigor en 2025 obliga a las comunidades autónomas a acoger menores inmigrantes no acompañados de otro territorio cuando sus centros estén saturados como ocurre en estos momentos en Ceuta tras la mayor crisis migratoria sufrida por España. En el caso de Andalucía, además, un convenio renovado en 2024 establece un mecanismo de colaboración con la ciudad autónoma para agilizar y facilitar los traslados, una vía exprés que se ha usado durante los últimos años y que prácticamente ha supuesto la entrada de más de una treintena de niños, niñas y adolescentes al año.

Pese a esta normativa y a los instrumentos de colaboración existentes, Vox ha roto el silencio que se había impuesto en la Junta de Andalucía durante los últimos días para lanzar una advertencia a través de las redes sociales de su vicepresidente, Manuel Gavira: "Andalucía, como el resto de gobiernos donde esté Vox se va a oponer a todo reparto de 'menas' que plantee el Gobierno de Sánchez". El duro mensaje en redes sociales califica como "invasión" lo ocurrida en Ceuta y subraya que todos los que han "cruzado la frontera de forma ilegal" deben estar de vuelta y en el caso de los menores "con sus padres".

El mensaje fue reforzado instantes después por la dirección regional de su partido con unas palabras aún más contundentes: "Los invasores, a su país". Este mensaje se enmarca dentro de una campaña en redes sociales lanzada a nivel nacional por el partido de Santiago Abascal en respuesta a los primeros movimientos desde el Gobierno de Pedro Sánchez para activar los traslados y a las advertencias de que no aceptarlos sería incumplir la ley y derivaría en acciones judiciales a través de la Fiscalía.

Durante los primeros días tras la crisis tanto la dirección nacional del PP como la de Vox incidieron en su rechazo a acoger algunos de los menores que se han llegado a la ciudad autónoma en la mayor crisis migratoria. Sin embargo, en las últimas horas los dos partidos habían flexibilizado sus posiciones asumiendo la existencia de una ley que obliga a las comunidades y admitiendo que en estos momentos las circunstancias eran muy distintas a las de 2024 cuando este mismo debate derivó en la ruptura de gobiernos regionales de coalición. Pero este aparente giro queda de momento en un espejismo.

Silencio en el PP de Juanma Moreno

El vicepresidente del Gobierno andaluz y consejero de Turismo, Desregulación y Justicia, Manuel Gavira, se ha convertido en la primera voz del Ejecutivo de Juanma Moreno en marcar una posición oficial en relación con la posible acogida de algunos de los menores que saturan los centros de Ceuta. Hasta el momento ni la Consejería de Inclusión Social, que dirige Loles López, ni el PP Andaluz ni San Telmo han mantenido silencio y han evitado cualquier posicionamiento oficial a la espera de que se aclarase cuántos traslados se iban a aprobar y en qué condiciones. Una prudencia que ha roto por completo la dirección regional de Vox.

Durante las últimas crisis migratorias, que afectaron a Ceuta o a Canarias, el Gobierno andaluz mantuvo siempre una posición crítica con la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez, pero al mismo tiempo defendió su compromiso con la ciudad autónoma y con la atención a los menores inmigrantes. De hecho, la Junta no recurrió los traslados obligatorios y cumplió estrictamente los acuerdos promovidos desde el Ministerio de Infancia dando siempre prioridad a los traslados desde Ceuta. No obstante, en ningún momento asumió la obligación de incrementar sus plazas disponibles de acuerdo con el planteamiento realizado por el Ejecutivo central y renovó los contratos con el mismo número existente hasta ahora de 645.

En los últimos ejercicios la Junta de Andalucía ha planteado que estos centros se encontraban saturados y casi al 100% por las llegadas a las costas andaluzas (que se han reducido sensiblemente) y sobre todo por la necesidad de acoger menores llegados en apariencia de mayoría de edad pero que tras los análisis del Instituto de Medicina Legal se detectó que no alcanzaban los 18 años. En estos momentos, tras la crisis de Ceuta, desde la Consejería de Inclusión Social no se ofrecen datos oficiales sobre la situación de estas plazas y cuántas se encuentran ocupadas. Estos datos, de acuerdo con la normativa, deberán ser facilitados al Ministerio cuando lo requiera una vez que se active el protocolo previsto en la ley para los traslados de los menores.

La posición del PP andaluz de Juanma Moreno, no obstante, experimentó un giro el pasado mes de julio cuando se formalizó el pacto de gobierno con Vox. El documento recogió exactamente los mismos compromisos en materia de inmigración que se habían incluido en Aragón, Extremadura o Castilla y León. Es decir, el rechazo a la acogida de más menores inmigrantes, el cuestionamiento de las subvenciones a ONG que trabajen con la inmigración y el establecimiento de la "prioridad nacional" en ayudas y prestaciones públicas.