El Ministerio de Igualdad pide una reunión urgente a Juanma Moreno y exige que retire a Vox la competencias en violencia de género

La polémica generada por la decisión de Juanma Moreno de ceder a Vox todas las competencias del área de Justicia, entre ellas las vinculadas con la violencia de género como las unidades de valoración integral, ha subido un nuevo nivel este jueves. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha remitido una carta al presidente andaluz para solicitarle una reunión urgente y pedirle una rectificación inmediata. De momento, el Gobierno autonómico sigue sin pronunciarse públicamente sobre la cesión de estas responsabilidades a una formación que cuestiona la violencia de género, así como todos los dispositivos y recursos públicos.

En su escrito la ministra advierte de que esta decisión tiene "una enorme trascendencia institucional" y subraya que puede afectar al desarrollo del pacto de Estado contra la violencia de género suscrito por el propio PP: " Pone en cuestión el compromiso que Andalucía ha mantenido durante años y el consenso democrático para combatir una de las mayores vulneraciones de los derechos humanos que sufren las mujeres", advierte el escrito del Ministerio. Concretamente, Redondo apunta a la posibilidad de que esta cesión de competencias derive en problemas de gestión de los fondos transferidos para la prevención, la atención integral y la protección efectiva de las mujeres.

"Las mujeres andaluzas no pueden convertirse en víctimas de segunda ni ver debilitadas las políticas públicas destinadas a garantizar su seguridad, libertad y derecho a vivir sin violencia de género, más aún cuando las cifras de incidencia de la violencia de género en su comunidad son tan preocupantes", recoge el escrito firmado por la ministra.

La carta en la que solicita una reunión al presidente andaluz se ha dirigido también a la consejera de Servicios Sociales, Familia e Igualdad, Loles López, y a la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Rosalía de los Ángeles Espinosa.

Silencio del Gobierno autonómico

La carta remitida por parte del Ministerio se produce después de que durante los últimos días el Gobierno de Juanma Moreno haya eludido pronunciarse en torno al reparto de competencias aprobado por el Consejo de Gobierno. Ni desde Presidencia ni desde la Consejería de Igualdad se han realizado valoraciones o se ha respondido a las críticas sobre las consecuencias de la gestión por parte de Vox de las unidades de valoración integral de la violencia de género.

Sí hubo respuesta por parte de la Consejería para la segunda de las polémicas abiertas durante esta semana, el nombramiento de un hombre, Emmanuel Toro, como coordinador del Instituto Andaluz de la Mujer en la provincia de Sevilla. Fue la propia Redondo quien calificó esta decisión como un "insulto a las mujeres" mientras que el Gobierno andaluz a través de Loles López tachó de "hipócritas" las críticas del Ejecutivo socialista.

La única respuesta ha llegado a través del vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, quien desde Málaga ha calificado como "paradójico" que el Gobierno de España hable de "irresponsabilidad". Al margen de esta apreciación recordó que no formaba parte del Gobierno andaluz y que, por tanto, no le correspondía contestar.

Las competencias de Vox en Justicia

El Gobierno de Juanma Moreno se ha limitado a traspasar todas las competencias que tenía Justicia en manos de José Antonio Nieto a su nuevo responsable, Manuel Gavira. Esta modificación automática ha dejado en manos de Vox todas las competencias "relativas a violencia de género que guarden relación con la administración de la Justicia". Sobre este concepto, recogido en el propio decreto entran cuestiones como la organización de las unidades de valoración integral de la violencia de género o la elaboración de protocolos de actuación en materia de violencia de género.

Del mismo modo, queda en manos de la secretaría general de Justicia "el diseño, coordinación y ejecución de los planes de formación, en especial los relativos a la formación específica sobre violencia de género, de jueces y magistrados, fiscales y letrados de la Administración de Justicia, en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Justicia, así como la coordinación de los planes de formación en materia de víctimas y formación específica sobre violencia de género de las personas profesionales que intervengan por decisión de la autoridad judicial o como consecuencia del proceso judicial".