La atención psicológica a víctimas de violencia de género se transforma en Andalucía en pleno aumento de casos: los colegios profesionales se oponen al plan de la Junta

La atención psicológica a las víctimas de violencia de género cambiará de forma sustancial en Andalucía. No será una modificación puntual, sino una reordenación completa del modelo que durante años ha funcionado en la comunidad y que tanto la Junta de la Andalucía como los colegios profesionales consideran "pionero y referente" a nivel nacional. Ese es, sin embargo, el único acuerdo entre ambas partes: el nuevo pliego del Instituto Andaluz de la Mujer ha abierto una brecha con los profefionales. Mientras la administración defiende que la reorganización busca "mejorar, y avanzar en la atención individualizada", ambos colegios de psicólogos cuestionan varios aspectos del proyecto, lo que les ha llevado a impugnarlo de forma conjunta. Tras la inadmisión de su recurso, valoran ya acudir a la vía contencioso-administrativa.

El cambio llega, además, en un contexto especialmente sensible: Andalucía concentra 10 de las 36 muertes en lo que va de año y cerca del 27% de las víctimas registradas en el Sistema VioGén del Ministerio del Interior. 27.885 casos activos acumula Andalucía hasta este pasado julio. 27.885 mujeres asediadas por el machismo. Un número que, por desgracia, no para de aumentar. Ante este escenario, el nuevo modelo de atención a las víctimas, publicado el pasado 26 de mayo de 2026 y actualmente en fase de evaluación, modifica de raíz la estructura vigente. Y ahí aparece la principal discrepancia: mientras los colegios reclaman explicaciones que justifiquen un cambio de tal magnitud, la Junta sostiene que responde a un "afán de mejora" para "avanzar en un modelo todavía mejor". "Con este cambio, una de nuestras prioridades es que todas las víctimas reciban atención individualizada, algo que hasta ahora estaba dirigido a menores de edad. Queremos ampliarlo a todas las víctimas", explican fuentes del IAM. Se trata de un modelo que tendrá un presupuesto de más de 4,8 millones de euros, un 12% más que en el último contrato.

Para el vicesecretario del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental, José Antonio García Serrano, la discrepancia no está tanto en el número de sesiones como en el riesgo de perder especialización. El nuevo contrato agrupa bajo los mismos equipos cuatro programas que hasta ahora estaban diferenciados: la atención psicológica grupal a mujeres adultas, la atención a hijos e hijas de mujeres víctimas, la intervención en crisis y situaciones traumáticas y la atención psicológica a adolescentes víctimas directas de violencia de género.

"Es un despropósito, si unifican los casos perdemos a muchas las profesionales especializadas en un ámbito concreto, que es uno de los requisitos que se pide a día de hoy", denuncia. A estas declaraciones se suman las del decano del Colegio de Psicólogos de Andalucía Occidental, José Tenorio: "El servicio ya estaba externalizado, pero cada programa tenía su propia licitación, ahora es una única adjudicación para dos provincias, como si todos los servicios pudieran agruparse y todos los psicólogos supieran hacer de todo. Nos preocupa especialmente la atención a las menores".

El nuevo contrato agrupa bajo los mismos equipos cuatro programas que hasta ahora estaban diferenciados: la atención psicológica grupal a mujeres adultas, la atención a hijos e hijas de mujeres víctimas, la intervención en crisis y situaciones traumáticas y la atención psicológica a adolescentes víctimas directas de violencia de género

La presidenta del Fórum de Política Feminista de Sevilla, Teresa García, comparte esa preocupación y considera un "grave error eliminar la especialización en los programas de atención psicológica en menores". "Tenemos una grave situación y no podemos añadir una desatención a nuestras niñas, niños y jóvenes en general. Exigimos rectificación y que se empleen todos los medios disponibles para erradicar la lacra del machismo que se lleva la vida de las mujeres".

El IAM rechaza, sin embargo, que el nuevo modelo implique una atención menos especializada. A preguntas de este periódico, asegura que se mantendrán y reforzarán programas diferenciados por edades -jóvenes, mediana edad y mayores- y que la reorganización contractual no supone homogeneizar la intervención terapéutica, sino distribuirla de otra forma. "Precisamente, los requisitos de especialización son exigentes, los pacientes estarán atendidos por profesionales cualificados", insisten.

Cambios en la atención terapéutica grupal

Una de las principales novedades está en la organización territorial. Los equipos de psicólogas dejarán de estructurarse por programas separados y pasarán a distribuirse en cuatro grandes lotes: Huelva-Sevilla, Córdoba-Jaén, Cádiz-Málaga y Almería-Granada. Cada adjudicataria deberá prestar en su territorio un servicio integral que incluya prevención, sensibilización, terapia individual y grupal, acompañamiento psicosocial, atención a familiares e intervención en situaciones graves o de crisis. Habrá un total de siete psicólogas por cada dos provincias.

Los colegios de psicólogos ven la "unificación" de los programas en una única licitación como una amenaza que puede diluir perfiles profesionales muy específicos. Para la Junta, ocurre lo contrario: simplificar la contratación permitirá una respuesta más ágil y reducirá tiempos de espera. "Lo hemos unificado en una única licitación para agilizar el proceso y evitar listas de espera", defienden desde el IAM.

Para la Junta, este nuevo modelo ayudará en la gestión de las terapias grupales, mayoritarias en los programas de mujeres adultas. "La diferencia es que pasarán de ser regionales a ser cada dos provincias porque no solo avanzamos en la atención individual, también en la grupal. Hasta ahora, los programas estaban compuestos por un mínimo de 12 mujeres. Hemos detectado que muchas veces es complicado hacer coincidir a 12 mujeres en el mismo lugar y a la misma hora, por eso, queremos rebajar la cifra y que el mínimo esté en tres personas", sostienen desde la administración.

"Hipercualificación" y "sueldos bajos"

Otro de los puntos de fricción está en las condiciones exigidas a las profesionales. García Serrano habla de “hipercualificación” frente a unos salarios que considera insuficientes. "Se les piden tres másteres, entre ellos el máster general sanitario, pero se les paga como si fueran psicólogas rasas con el salario mínimo y básico por convenio, que son 13 euros la hora", denuncia. "Se les va a tratar como si fueran trabajadoras de intervención social", añade Tenorio, del colegio de Andalucía Occidental.

Se les piden tres másteres, entre ellos el máster general sanitario, pero se les paga como si fueran psicólogas rasas con el salario mínimo y básico por convenio, que son 13 euros la hora

José Antonio García Serrano

— Vicesecretario del Colegio de Psicólogos de Andalucía Oriental

El Instituto Andaluz de la Mujer sostiene, por el contrario, que exigir formación terapéutica responde a la necesidad de que las profesionales puedan realizar sesiones individuales conforme a la normativa. "Ese es, precisamente, uno de los puntos que ha abordado el recurso de los Colegios y el tribunal lo ha inadmitido porque nosotros estamos cumpliendo con la ley y con los convenios en vigor", responden desde el IAM.

El debate laboral no es menor. Las condiciones del contrato pueden influir en la capacidad para atraer y mantener profesionales con experiencia en un ámbito especialmente delicado. Como contexto, el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental señala que la comunidad se encuentra por debajo de la media nacional en número de psicólogos clínicos en la sanidad pública: cinco profesionales por cada 100.000 habitantes frente a una media estatal de seis.

La controversia detrás de la atención 'online'

La incorporación de la atención telemática es otra de las novedades del contrato. Por primera vez, el programa contempla que determinadas sesiones puedan realizarse de forma online. La Junta presenta esta posibilidad como una herramienta para facilitar el acceso a la terapia de mujeres que viven en zonas rurales o tienen dificultades para desplazarse hasta los recursos presenciales con la intención de ampliar el servicio a todas las víctimas. Los colegios profesionales, sin embargo, consideran que el pliego "no desarrolla suficientemente las garantías de seguridad, privacidad, confidencialidad y gestión de riesgos exigibles en casos de violencia de género". "Se tira del medio online para que haya más sesiones, pero no se puede usar para todo. Las víctimas están en un entorno y si conectamos desde ahí se pierde privacidad y garantías terapéuticas", alega Tenorio.

El IAM matiza que la atención telemática no será automática ni sustituirá de manera generalizada a las sesiones presenciales. Según explica, “solo se llevará a cabo si el profesional considera que no se dan las circunstancias que requiere una intervención de esa índole”.

El desacuerdo, por tanto, no está en la necesidad de reforzar la atención psicológica a las víctimas, sino en cómo hacerlo. La Junta defiende que el nuevo contrato permitirá ampliar la atención individual, acercar los recursos y agilizar la respuesta. Los colegios profesionales temen que esa reorganización termine debilitando precisamente uno de los elementos que consideran más valiosos del modelo actual: la especialización. El resultado dependerá ahora de cómo se concrete la adjudicación y, sobre todo, de cómo se traslade el nuevo esquema a la atención diaria de mujeres, menores y familias.