Operativo
Decomisados en Huelva más de 260 kilos de pescado ilegal: las multas pueden alcanzar los 60.000 euros

Agentes de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía en Huelva. / POLICÍA NACIONAL

La Policía Nacional Adscrita a la Junta de Andalucía y la Inspección Pesquera han intervenido en Huelva 264 kilos de productos pesqueros ilegales, entre ellos 236 kilos de pijotas o merluzas inmaduras, durante un operativo realizado en la madrugada del pasado 4 de agosto.
La actuación, desarrollada en colaboración con la Inspección Pesquera de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa), se centró en combatir la comercialización de pescado que no alcanza la talla mínima permitida. Durante el dispositivo fueron inspeccionados cinco vehículos.
En uno de ellos, los agentes localizaron los 236 kilos de merluza inmadura, lo que llevó a la inmovilización del vehículo utilizado para transportar y distribuir la mercancía y a la correspondiente denuncia contra la persona que la tenía en su poder. Los ejemplares decomisados tenían entre 18 y 26 centímetros de longitud. Según los datos aportados por la Junta de Andalucía, la merluza europea ('Merluccius merluccius') puede alcanzar alrededor de 140 centímetros y 15 kilos de peso.
A esta mercancía se sumaron otros 28 kilos de productos pesqueros entre los que había coquinas, almeja japonesa, longueirón, merluza, cazón, caballa, sardina y calamar. En estos casos, los productos carecían de la documentación necesaria para acreditar su trazabilidad, por lo que se desconocía su procedencia.
El operativo se ha saldado con cinco actas de infracción, todas ellas propuestas para sanción.
Multas de hasta 60.000 euros
La Junta recuerda que la comercialización de pescado que no alcanza la talla mínima exigida incumple la Política Pesquera Común, que busca garantizar la sostenibilidad de los recursos marinos y proteger la actividad del sector pesquero. Además, advierte de que introducir productos pesqueros en el mercado de manera ilícita y sin pasar por las lonjas autorizadas para su primera venta puede suponer un riesgo para la seguridad alimentaria y la salud de los consumidores.
La tenencia, el transporte, el almacenamiento y la venta de productos pesqueros inmaduros están considerados una infracción grave, con sanciones económicas que pueden alcanzar los 60.000 euros.
La Junta de Andalucía ha insistido además en la importancia de no comprar ni consumir pescado inmaduro en pescaderías, mercados, grandes superficies o establecimientos de restauración, y apela a la responsabilidad ciudadana para combatir la pesca furtiva y proteger la biodiversidad marina.
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