La Junta de Andalucía pierde un pulso judicial por un convenio de 2010 y tendrá que pagar al Ministerio de Ciencia 25 millones en intereses de demora

La Junta de Andalucía tendrá que abonar 25,6 millones de euros en intereses de demora al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que pone fin a un complejo pulso judicial. La cuantía, cuyo pago ya ha sido autorizado por el Consejo de Gobierno andaluz, tiene su origen en un convenio del año 2010 (durante la presidencia de José Antonio Griñán) por el que se acordó la concesión de un crédito de 200 millones de euros para financiar actuaciones de fomento de la innovación. Tras varios años de discrepancias, en 2022, ya con Juanma Moreno como presidente, el Gobierno concluyó en un informe que había defectos en la justificación por un importe de 57,6 millones de euros. Tras varios intentos de negociación, el conflicto acabó en los juzgados que han dado la razón al Ejecutivo central y han condenado a la Administración autonómica a devolver todo el dinero además de los intereses de demora generados durante los últimos quince años por la cuantía no ejecutada de forma adecuada.

El conflicto entre ambas administraciones tiene su origen en septiembre de 2010 cuando se aprobó la concesión del crédito de 200 millones de euros del entonces Ministerio de Ciencia e Innovación a la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. De estos se abonaron inicialmente 110 millones y posteriormente, en 2012, otros 55 millones de euros. Quedaba una tercera entrega de 30 millones a la que finalmente la Junta de Andalucía renunció en 2015. Ese dinero, en torno a 170 millones de euros, debía emplearse para los fines previstos y, posteriormente, devolverse al Ministerio que lo prestaba en condiciones favorables para las arcas autonómicas.

Sin embargo, las discrepancias en torno a los niveles de ejecución de este convenio derivaron en un conflicto que acabó en los tribunales y que se ha resuelto de forma desfavorable para los intereses de la Junta de Andalucía. La clave está en los análisis técnicos realizados por el Ministerio en 2022 que determinaron que los objetivos del acuerdo se habían alcanzado sólo parcialmente y que había defectos de justificación en partidas por un importe de 57,4 millones de euros.

Desde la Junta de Andalucía subrayan que desde entonces se intentó en todo momento llegar a una salida negociada y consensuada en torno a estas cuantías. De hecho, inciden en que hubo varios intentos de convocar la comisión de seguimiento del convenio con el fin de abrir una vía de diálogo y evitar la judicialización. Sin embargo, la falta de entendimiento condujo a una reclamación en el contencioso administrativo que ha resuelto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dándole la razón al Ejecutivo central. Por este motivo, la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación ha procedido al pago de los intereses una vez autorizado por el Consejo de Gobierno.

Por qué se abonan 25,6 millones de euros

La Junta de Andalucía ya ha reintegrado todo el dinero que se le prestó en 2010 para estas líneas de ayudas. Los últimos abonos fueron en 2022 por un total de 9,7 millones de euros y en noviembre de 2024 por un importe de 39,3 millones de euros. De esta forma, el conflicto durante los últimos años ha estado centrado en todo momento en el cálculo de los intereses de demora para la devolución de las cuantías que no estaban debidamente justificadas.

El Ministerio en sus informes calcula los intereses de demora desde el momento de la firma del convenio, en 2010, y se los aplica a los 57,6 millones de euros con defectos de justificación. Este criterio es el que da como resultado una exigencia de 25,6 millones de euros. La Junta de Andalucía discrepaba de este cálculo por lo que acudió a la vía judicial ante la resistencia del Ministerio a cambiar su criterio y reducir el importe que tendría que abonar al Ejecutivo.

La sentencia, sin embargo, tumbó los argumentos de la Junta al entender que hay evidencias de un "incumplimiento parcial en la ejecución y justificación" de las actuaciones que genera los intereses de demora reclamados por el Ministerio. Tras esta decisión, la Junta de Andalucía intentó recurrir al Supremo que finalmente decidió no admitir a trámite su petición.

De esta forma, la resolución judicial, tal y como recoge el expediente, "determina de forma directa e inequívoca la existencia de una obligación de pago a cargo de la Junta de Andalucía, que ha de ser atendida mediante la dotación del crédito presupuestario correspondiente, sin que resulte jurídicamente posible cuestionar nuevamente su procedencia o cuantificación. Así, el dinero ya ha sido consignado para su abono a la Administración central.