Vox ejerce las competencias cedidas por Juanma Moreno y pide datos para “dimensionar las unidades de violencia de género” en Andalucía

Vox ha hecho el primer movimiento en Andalucía aprovechando las competencias cedidas por Juanma Moreno en el pacto de gobierno en el ámbito de la violencia de género vinculadas a la Consejería de Justicia. El vicepresidente andaluz, Manuel Gavira, ha remitido un escrito al Ministerio de Justicia para solicitar información sobre agresores sexuales y delitos cometidos en la comunidad autónoma. El objetivo, según la información difundida por este departamento, es "dimensionar adecuadamente las necesidades actuales y futuras de las unidades de valoración integral de violencia de género".

Con esta carta, difundida por la Consejería de Justicia, Desregulación y Administración Local, el Gobierno andaluz rompe su silencio en torno al polémico decreto de estructura que mantiene en el ámbito de la Justicia, cedida ahora a Vox, las competencias en materia de violencia de género que ya tenía como las unidades de valoración. Estas responsabilidades han llegado incluso a la mesa del Gobierno central que a través de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido la retirada de las competencias y una reunión urgente al considerar que pone en riesgo el pacto de estado al no reconocer Vox la violencia de género.

"Resulta necesario conocer la incidencia y evolución de los delitos contra la libertad sexual en el territorio de la Comunidad Autónoma, así como sus características territoriales y socio demográficas", apunta Manuel Gavira en su escrito al titular de Justicia, Félix Bolaños, según la información difundida por la Consejería.

"Se trata de una solicitud cuya finalidad es exclusivamente estadística, de planificación y dimensionamiento de recursos públicos, y pretende proporcionar una base objetiva para evaluar las necesidades de medios personales y materiales de las unidades de valoración integral de la violencia de género de Andalucía, atendiendo a la evolución de la criminalidad sexual y a la ampliación del ámbito de la respuesta judicial especializada en materia de violencia sexual contra las mujeres", advierte el consejero.

De forma específica, el consejero pide que se entreguen a la Junta de Andalucía los datos desglosados de agresores sexuales que "se hayan visto beneficiados en Andalucía por la Ley Orgánica 10/22 de 6 de septiembre, conocida como la ley del 'sí es sí'. "¿Cuántos internos condenados por delitos contra la libertad sexual, en el ámbito de la violencia contra la mujer, que se encuentran cumpliendo condena en centros penitenciarios ubicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, han visto revisada y reducida su condena como consecuencia de la aplicación de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, desde su entrada en vigor hasta la fecha actual?", recoge la nota difundida por la Consejería. .

También solicita que se "especifique el número de personas condenadas en Andalucía por delitos contra la libertad sexual; y el número de delitos contra la libertad sexual registrados, conocidos, enjuiciados y/o por los que se haya producido condena en Andalucía". En este sentido, el consejero pide que "se diferencie claramente entre número de personas condenadas y número de delitos, al tratarse de magnitudes diferentes y resultar ambas relevantes para la adecuada planificación y dimensionamiento de los recursos judiciales y de valoración especializada".

Competencias vinculadas a la Consejería de Justicia

El Gobierno de Juanma Moreno se ha limitado a traspasar todas las competencias que tenía Justicia en manos de José Antonio Nieto a su nuevo responsable, Manuel Gavira. Esta modificación automática ha dejado en manos de Vox todas las competencias "relativas a violencia de género que guarden relación con la administración de la Justicia". Sobre este concepto, recogido en el propio decreto entran cuestiones como la organización de las unidades de valoración integral de la violencia de género o la elaboración de protocolos de actuación en materia de violencia de género.

Ante la polémica generada por esta cesión, el Gobierno andaluz se ha limitado a defender su compromiso contra la violencia de género pero ha eludido cualquier valoración sobre el papel de Vox en la gestión de estas competencias en materia de Justicia. El Ministerio de Igualdad ha pedido una rectificación y la oposición ha pedido la comparecencia del consejero en el Parlamento.

Esta cesión se produce, además, cuando los datos de asesinatos de violencia de género y los casos activos detectados en el sistema VioGén siguen al alza en la comunidad autónoma, que lidera las estadísticas a nivel nacional.