El plan contra las construcciones y parcelas ilegales avanza en Andalucía: la Junta suma 185 precintos y completa dos nuevas macro operaciones

La lucha contra las construcciones y parcelas ilegales en Andalucía avanza especialmente en la costa. Los servicios de inspección de la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio han ejecutado durante este año 2026 un total de 185 precintos, han abierto 165 expedientes sancionadores y han impuesto 113 multas coercitivas, una vía que obliga a los infractores a restablecer la legalidad para evitar que las cuantías se incrementen de forma progresiva. Como ha ocurrido durante los últimos años, las intervenciones se han centrado en la costa, y específicamente en la provincia de Cádiz, donde se han desplegado dos macro operaciones con la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Las actuaciones contra las urbanizaciones y promociones ilegales se han multiplicado en Andalucía desde que en 2021 se aprobó la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), que introduce el concepto de disciplina territorial y atribuye a la comunidad autónoma competencia directa para actuar en aquellos supuestos de mayor trascendencia. Desde entonces cada año se multiplican los expedientes de distinto tipo sobre parcelas y construcciones ilegales que pueden incluir un expediente sancionador, el precinto o incluso los derribos cuando las infracciones se detectan en un estado más avanzado.

Sólo este año se han realizado intervenciones de distinto tipo sobre 210 construcciones y parcelas ilegales en un total de 18 grandes expedientes de actuación. Sobre estas se han llegado a ejecutar más de 1.000 actuaciones de distinto tipo. En 56 casos se ha llegado a los tribunales o a la Fiscalía y en otros se han formalizado multas coercitivas (113), precintos (185) o expedientes sancionadores (165). Dentro de esta labor de control, durante los últimos años se han multiplicado las colaboraciones con los agentes implicados en la protección de la legalidad territorial y urbanística, como el Ministerio Fiscal, la jurisdicción penal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los organismos sectoriales y otros agentes con competencias concurrentes, como destacan desde la Consejería.

Los datos siguen la línea de años anteriores. El último ejercicio, 2025, se cerró con 484 intervenciones sobre parcelas o edificaciones ilegales detectadas sobre las que se realizaron 155 expedientes sancionadores, 178 multas coercitivas, 351 precintos y 160 informes informes a juzgados o a la Fiscalía. En 2024 se alcanzó el récord con 546 expedientes de protección de la legalidad de las que derivaron 497 precintos, 188 expedientes sancionadores y 144 derivaciones a los juzgados y a Fiscalía.

Dos grandes operaciones en 2026

La mayor operación desplegada durante este año 2026 ha tenido como escenario el término municipal de Chiclana de la Frontera, uno de los más extensos de la provincia de Cádiz. Allí, el pasado mes de febrero la Inspección autonómica en coordinación con la unidad adscrita de la Policía Nacional precintó 66 parcelas ilegales que habían resultado de una división ilegal de tres fincas rústicas en 75 lotes. La actuación se desplegó antes de que pudieran empezar a ejecutar sus planes de construcción de nuevos proyectos de edificación.

De esta intervención, además de los precintos, han derivado los correspondientes expedientes que obligan al restablecimiento de la legalidad y las sanciones que afectan, de acuerdo con la Lista, al propietario inicial de la parcela que realizó la división ilegal para conseguir un lucro económico, a los adquirientes que han comprado alguno de los suelos y a todos los profesionales que han participado de una forma u otra en la operación.

La segunda gran operación desplegada por los servicios de inspección autonómica se ha desarrollado este mes de julio. En este caso, en el término municipal de San Roque, concretamente en la zona conocida como la Bringa, donde se han precintado 45 parcelas segregadas de forma ilegal en unos suelos rústicos.

Esta intervención se ha ejecutado justo cuando se estaban iniciando las obras de urbanización sobre unos terrenos de carácter forestal. Se habían llegado a instalar cuando intervino la unidad adscrita de la Policía Nacional en Andalucía dos contenedores de transporte marítimo y otros dos depósitos de agua de grandes dimensiones con sus correspondientes tuberías bajo el terreno. Para frenar el avance de este proyecto urbanístico ilegal se han delimitado las parcelas con vallado y cancelas de acceso con candado de forma que los infractores no puedan acceder a ellos ni continuar con las actuaciones de urbanización.

Refuerzo de la inspección y prevención

Ante estas cifras, la consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio de la Junta, Rocío Díaz, ha destacado el trabajo que se coordina desde su departamento apoyado en la normativa en vigor desde 2021: "Se demuestra que la LISTA funciona y ha establecido un marco que ayuda a los inspectores a adelantarse y velar por el buen uso del territorio. Hemos reforzado la inspección y hemos apostado no sólo por prevenir antes de que se construya, sino mantenernos vigilantes y comprobar que cumplen con nuestro precintos", ha indicado, recordando que todas las operaciones se están desarrollando sobre suelo rústico y, por tanto, no urbanizable. "La nula actividad preventiva de los anteriores gobiernos socialistas, con cero precintos en 2018, lanzaba un mensaje erróneo a la ciudadanía de que todo valía, algo que hemos conseguido revertir con esta ley", recordó.

La Junta de Andalucía ha diseñado un nuevo plan de actuación y de ordenación de los recursos a través de un decreto redactado en la pasada legislatura y que en la práctica supone que haya más personal destinado al control, con más medios, con más medidas de seguridad ante los "riesgos" que afrontan los funcionarios y con mayor capacidad de actuación cuando se detecte cualquier tipo de infracción en una parcela. A partir de 2026 serán agentes de la autoridad.

El nuevo decreto permitirá a la Junta de Andalucía crear un nuevo cuerpo de inspectores especializado que garantice una mayor presencia en el territorio y que permita intervenir rápido con medidas preventivas (como los precintos) ante cualquier construcción de carácter ilegal. De momento, esta unidad estará conformada por diez plazas que se corresponden con las habilitadas en la oferta de empleo público de la Junta de Andalucía de diciembre de 2023.