La Junta de Andalucía pagará 13 millones de euros al año a clínicas privadas para derivar casi 20.000 abortos
El SAS ha incrementado el presupuesto asignado para concertas las interrupciones voluntarias del embarazo aunque el nuevo contrato se encuentra de momento paralizado por los recursos planteados por distintas empresas

Una clínica donde se practican abortos / CORDIGITAL

El informe difundido en el año 2025 por el Ministerio de Sanidad sobre la evolución de las interrupciones voluntarias del embarazo en España situó a Andalucía a la cola del país en cuanto a los abortos practicados dentro del sistema público. El 99% se realizaban en centros privados frente a la realidad de otros territorios como Valencia, Cataluña o el País Vasco con un mayor peso de hospitales públicos. La respuesta entonces del Gobierno andaluz fue que no iba a desviarse de su modelo pese a las críticas del Ejecutivo central. Y este año 2026 ha reforzado esta decisión: el Servicio Andaluz de Salud ha aprobado su nuevo contrato marco para las interrupciones de menos de 14 semanas y ha incrementado su presupuesto hasta los 53,4 millones de euros para los próximos cuatro años. Una partida que se suma a los 5,3 millones de euros que se asignan a los centros que realizan abortos a partir de los tres meses y medio de gestación. Entre ambos, la estimación es un gasto de 13 millones de euros al año para un volumen de intervenciones que se sitúa en torno a las 20.000, según los cálculos del SAS.
El Servicio Andaluz de Salud mantiene desde hace años este modelo de concertación de las interrupciones voluntarias del embarazo con las clínicas privadas. Este año tocaba renovar el contrato marco para los abortos que no superen las 14 semanas de gestación y que no impliquen riesgo para la embarazada. Y tras un análisis de la situación los informes del SAS han determinado consolidar este modelo y aumentar sensiblemente el presupuesto en respuesta a dos factores: el mayor número de intervenciones que se realizan cada año y el aumento de los costes estimados con el objetivo de acercarlos a los importes establecidos en otros territorios.
"Se considera que, centros especializados y experimentados cuya actividad fundamental es este tipo de intervenciones, debidamente acreditados, garantizan en estos momentos, con mayor eficiencia, agilidad y calidad ,el cumplimiento de estos requisitos en relación a la atención que puede prestarse en los centros sanitarios públicos, donde deben atenderse múltiples situaciones y patologías obstétrico-ginecológicas, de diversa complejidad", recoge la memoria del expediente que justifica la apuesta por las clínicas privadas en los retrasos que se pueden producir en centros públicos y en las mayores dificultades que supondría para muchas mujeres.
Con esta base, se apuesta porque todos los abortos de menos de 14 semanas se deriven a las clínicas privadas. Y esto requiere de un aumento de presupuesto respecto a las partidas que hasta ahora se reservaban a las interrupciones voluntarias del embarazo. En el año 2022, cuando se inició el expediente el número se situó en torno a las 15.000 mujeres. En 2024 la cifra se elevó hasta los 17.000. Y el año 2025 se cerró con 17.851 intervenciones. Esto implica la necesidad de reservar más dinero en este modelo de conciertos (posteriormente en función de las necesidades el dinero se ejecuta o no). "Si se mantiene la casuística de los últimos años, se prevén más de 50.000 intervenciones en los 3 años del acuerdo marco", resume el expediente.
Pero hay otro factor clave. La Junta de Andalucía entiende que el precio que abonaba hasta ahora por cada interrupción voluntaria del embarazo es demasiado bajo. Hasta ahora por cada intervención las clínicas privadas recibían 468 euros un importe que ahora se va a elevar con el nuevo contrato hasta los 537 euros, es decir, un 14% más. Según los cálculos que constan en el informe las clínicas privadas en Andalucía aplican importes de entre 600 y 700 euros para las mujeres que acuden directamente a ellas (no a través del SAS).
Con estos cálculos, el contrato licitado por la Junta de Andalucía este verano estima un gasto total durante los tres años prorrogables otro más de 53,4 millones de euros incluyendo ahí el importe estimado anual (11,6 millones) y una cuantía adicional para servicios extraordinarios o adicionales no previstos en la licitación.
No obstante, todo este proceso se encuentra en estos momentos paralizado. Los recursos presentados por distintas empresas han obligado en el mes de agosto al Tribunal de Recursos Contractuales a decretar la suspensión del procedimiento y de los plazos de presentación de ofertas. Según han explicado a este periódico desde el SAS, los técnicos están ya revisando el proceso para que se pueda reanudar lo antes posible sin que tenga incidencia sobre este servicio.
Abortos de más de 14 semanas
Andalucía cuenta además con otro contrato marco con clínicas privadas para las interrupciones voluntarias del embarazo. En este caso está reservado para las mujeres que acuden con más de 14 semanas de gestación dentro de los supuestos previstos en la normativa sanitaria. Este concierto se aprobó en el año 2024 por un importe de 5,3 millones de euros para un periodo de tres años prorrogable otro más. Es decir, 1,1 millones al año y una reserva para gastos extraordinarios.
Según los datos del expediente, en este caso la estimación de personas es muy inferior. Los cálculos, basados en la tendencia de los últimos años, estiman unos 1.100 abortos al año, de los cuales 500 son entre 15 y 17 semanas; otros 500 entre 18 y 22 semanas y finalmente un centenar de casos son gestaciones de quince semanas.
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