Vox exige bloquear la acogida de menores de Ceuta en Andalucía y cortar ayudas a ONG y la izquierda amaga con los tribunales

El Gobierno de España no ha concretado de momento si va a activar el mecanismo que establece la ley para trasladar menores inmigrantes llegados a Ceuta a la península ni cuántos niños y niñas deberían ser reubicados. Pero la realidad es que los centros están saturados tras la mayor crisis migratoria que ha sufrido la ciudad autónoma y se cumplen por tanto los requisitos establecidos en la norma aprobada por el Congreso de los Diputados en 2025.

Andalucía, con un convenio en vigor firmado con Ceuta desde 2024 precisamente para la acogida de menores es una región preferente para estos traslados de acuerdo también con el cálculo de plazas por comunidades elaborado en 2025 por el Ministerio. Sin embargo, el acuerdo suscrito entre Vox y el PP en julio rechaza esta posibilidad y advierte que se activarán todos los mecanismos legales, administrativos o jurídicos para frenar cualquier traslado de menores. Al mismo tiempo, este pacto plantea la reducción de subvenciones a ONG y asociaciones que "favorezcan la inmigración ilegal".

"Las ONG que están colaborando en Ceuta con la inmigración ilegal deben recibir cero financiación (...) Andalucía debe poner encima de la mesa todos los artilugios para que ni un solo menor inmigrante llegue (...) Pedro Sánchez cambió la ley para que las comunidades autónomas no puedan hablar pero hay mecanismos legales y administrativos para que se retrasen o impidan las acogidas y vamos a poner toda la carne en el asador para que esos invasores no lleguen", detalló el portavoz de Vox en el Parlamento Andaluz, Javier Cortés.

No obstante, de momento, la comisión de coordinación sigue sin fecha y PP y Vox descartan que la grieta abierta por la crisis de Ceuta pueda condicionar la "estabilidad" del Gobierno autonómico. Hay contactos y conversaciones permanentes. La clave, como subraya el portavoz del PP, Toni Martín, es que aún no se ha activado el mecanismo de traslados y que incluso en el Gobierno de Pedro Sánchez se han sucedido distintos planteamientos sobre este mismo asunto: "Aún estamos en una pantalla anterior. De momento quien ha dicho que todas esas personas el Gobierno ha dicho que todas esas personas tienen que ser devueltas. La exigencia es que el Gobierno cumpla su palabra", advierte el portavoz en la misma línea de las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, Carolina España.

Presiones desde la izquierda

En paralelo, la oposición redobla la presión en torno a la acogida de menores. El PSOE, a través de la portavoz adjunta, María Márquez, ha anunciado ya la presentación de una batería de iniciativas en las que se reclamará la activación del convenio firmado entre la Junta de Andalucía y Ceuta en 2024 para agilizar y facilitar la acogida de menores. "El PSOE va a traer al Parlamento el cumplimiento y la ampliación de este convenio, que se cumpla la ley. Y si entendía que en 2024 había una crisis migratoria, ahora también la ley. Pedimos que se cumpla el convenio", advirtió Márquez, quien requirió además al Gobierno andaluz que aclare cuántas plazas tiene disponibles.

En esta misma línea, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, advierte que la Ley de Extranjería recoge claramente que la acogida de menores sería obligatoria si el Ministerio de Infancia activa los mecanismos previstos: "Las leyes están para cumplirlas. Moreno se hace una foto con la bandera de Ceuta pero no ofrece sus plazas para acoger a los menores". Desde la formación apuntan que acudirán a los tribunales si se produce un bloqueo al traslado de niños, niñas y adolescentes.

Por Andalucía también explora ya la vía judicial si fuera necesaria. La formación que tiene a Antonio Maíllo como portavoz ha sido formalmente la primera en presentar un texto para su debate en el Parlamento andaluz en el que se apunta al compromiso de acoger menores procedentes de Ceuta y poner a disposición de la ciudad autónoma las plazas disponibles.