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Real Betis

Antiviolencia propone 60.000 euros de multa y tres años sin estadios a un aficionado del Betis

Los hechos ocurrieron el pasado 10 de enero

Los ultras del Betis vuelven a la grada sur después de un año de obras durante partido ante el Celta correspondiente a la segunda jornada de LaLiga Santander.

Los ultras del Betis vuelven a la grada sur después de un año de obras durante partido ante el Celta correspondiente a la segunda jornada de LaLiga Santander. / Jose Manuel Vidal / EFE

El Correo

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La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha propuesto una sanción de 60.000 euros y la prohibición de acceso a recintos deportivos durante tres años a un aficionado del Real Betis Balompié, vinculado al grupo radical United Family, por los incidentes ocurridos en el estadio del Real Oviedo.

Según el expediente remitido por la Policía Nacional, el hincha abrió una puerta de emergencia en el acceso 24 del estadio Carlos Tartiere, lo que permitió la entrada sin control de unos 80 aficionados. Esta acción provocó una avalancha en el acceso al recinto, generó una situación de sobreaforo en la zona destinada a la afición visitante y causó lesiones leves a una trabajadora del club asturiano.

La Comisión ha señalado que el implicado ya había sido propuesto para sanción en 11 ocasiones anteriores, circunstancia que ha pesado en la gravedad de la medida planteada. La propuesta deberá seguir ahora el procedimiento administrativo correspondiente hasta su resolución definitiva.

El Betis-Sevilla, declarado de alto riesgo

En la misma reunión, Antiviolencia ha declarado de alto riesgo varios encuentros europeos y nacionales, entre ellos el Real Betis – Sevilla FC, correspondiente a la Primera División y que se disputará el 1 de marzo en el estadio de la Cartuja.

La declaración de alto riesgo implica la adopción de medidas adicionales de seguridad, un mayor control de la afición visitante y posibles limitaciones en la venta de entradas el día del partido. La Comisión, órgano adscrito al Ministerio del Interior y al Consejo Superior de Deportes, se reúne de forma quincenal para coordinar políticas activas contra la violencia en el deporte.

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