Ecologistas en Acción lleva a la Fiscalía al Ayuntamiento de Sevilla por posibles delitos contra el patrimonio público en el proyecto del nuevo Benito Villamarín

Ecologistas en Acción vuelve a la carga y redobla sus actuaciones contra el proyecto de ampliación del Benito Villamarín impulsado por el Real Betis. La organización ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Sevilla por los posibles indicios de delito detectados durante la tramitación urbanística del estadio y del edificio comercial previsto junto al recinto deportivo. Considera que las decisiones adoptadas por los órganos responsables de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla podrían haber supuesto un trato de favor al Real Betis Balompié en detrimento del patrimonio público municipal y del interés general.

La organizaciónya presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el Estudio de Ordenación del estadio Benito Villamarín al considerar que vulneran "la normativa urbanística y favorece intereses privados en detrimento del interés general". Su demanda ya incorporaba "buena parte de las denuncias formuladas por las asociaciones vecinales afectadas". Además, también pidió a Urbanismo la paralización de las obras porque "al Betis le han caducado las licencias".

En este caso, Ecologistas en Acción informa en un comunicado que la denuncia ha sido elaborada tras más de dos años de seguimiento del expediente, con el apoyo de distintas entidades vecinales y de personal técnico especializado en urbanismo del entorno del estadio. "Durante este tiempo se ha analizado toda la documentación administrativa, desde la presentación del avance del Estudio de Ordenación en febrero de 2024 hasta la concesión de la licencia de obras en marzo de 2026", valoran. Y concluyen que "se desprenden indicios de que determinadas actuaciones administrativas podrían ser constitutivas de diversos ilícitos penales, entre ellos presuntos delitos de prevaricación y contra el patrimonio público, sin perjuicio de la calificación jurídica definitiva que pudiera realizar la Fiscalía".

Las "irregularidades" que denuncia Ecologistas en Acción sobre la obra del Betis

La denuncia se fundamenta se basa principalmente en dos "irregularidades". Por un lado, hace referencia a la utilización de terrenos pertenecientes al patrimonio municipal del suelo para posibilitar una operación privada mediante una permuta cuya legalidad resulta, a juicio de Ecologistas en Acción, "altamente cuestionable".

La organización explica que "parte de los terrenos municipales afectados fueron cedidos en su día exclusivamente para uso deportivo y el documento de cesión incorpora una cláusula resolutoria por la cual dichos terrenos deberían revertir al Ayuntamiento si dejaran de destinarse a ese uso. Sin embargo, la operación actualmente aprobada permitiría desarrollar sobre ellos usos terciarios y comerciales sin que previamente se haya seguido el procedimiento legal de desafectación ni se haya justificado la desaparición de dicha limitación".

Además, "la permuta aprobada contempla que el Ayuntamiento entregue parcelas municipales perfectamente identificadas a cambio de una futura superficie edificable integrada en un edificio comercial que todavía no existe y cuyo diseño definitivo ni siquiera figura completamente definido en el proyecto de licencia". Según Ecologistas en Acción, "ello impide conocer con precisión el verdadero valor económico de los bienes que recibiría la ciudad".

El segundo bloque de "irregularidades denunciadas" se refiere a la valoración económica de la operación. "La permuta infravalora de forma muy significativa los terrenos municipales y evita calcular correctamente el incremento de aprovechamiento urbanístico derivado del cambio de uso desde equipamiento deportivo hacia usos terciarios y gran superficie comercial. Ello habría impedido que el Ayuntamiento percibiera el diez por ciento del aprovechamiento urbanístico que corresponde legalmente a la administración en este tipo de actuaciones", desarrolla Ecologistas En Acción.

Asimismo, Ecologistas en Acción considera "especialmente grave que la valoración de los terrenos municipales se haya realizado utilizando referencias catastrales extraordinariamente desfasadas, basadas en una ponencia de valores del año 2001, en lugar de aplicar criterios ajustados al valor real de mercado exigidos por la legislación vigente sobre suelo". La organización añade que "tampoco se ha tramitado el preceptivo Proyecto de Reparcelación, instrumento imprescindible para determinar la edificabilidad definitiva y el reparto de beneficios y cargas entre las distintas propiedades afectadas, circunstancia que impide conocer el verdadero alcance económico de la operación".

La Fiscalía debe decidir si el Ayuntamiento de Sevilla ha cometido delitos

Tras la presentación de numerosas alegaciones, sugerencias y recursos administrativos que fueron rechazados por el Ayuntamiento de Sevilla, Ecologistas en Acción ha decidido acudir a la vía penal para que sea la Fiscalía quien investigue si los hechos pudieran ser constitutivos de distintos delitos, entre ellos presuntos delitos de prevaricación, fraude de ley, administración desleal del patrimonio público, falsedad documental, estafa u otros que pudieran apreciarse durante la investigación.

La organización ecologista subraya que corresponde ahora al Ministerio Fiscal analizar la documentación aportada y determinar si existen responsabilidades penales derivadas de la actuación de quienes participaron en la tramitación del expediente.

Además, la denuncia recuerda que igualmente el propio Secretario General del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla expresó reparos jurídicos durante la tramitación del Estudio de Ordenación. Entre otras cuestiones, su informe advertía de las dudas existentes sobre la valoración económica de los terrenos y señalaba expresamente que la legislación prohíbe la enajenación de bienes inmuebles municipales a cambio de la ejecución de obras. Pese a estas advertencias, Ecologistas en Acción denuncia que la Gerencia de Urbanismo continuó impulsando la operación sin corregir las deficiencias señaladas ni incorporar las garantías jurídicas exigibles para proteger el patrimonio público.

Ecologistas en Acción manifiesta su confianza en que la investigación de la Fiscalía permita esclarecer los hechos, depurar las posibles responsabilidades y reforzar la protección del patrimonio público frente a operaciones urbanísticas que puedan resultar lesivas para el interés general.