Consumo abre una investigación a las plataformas de alquiler turístico por anunciar pisos sin licencia

Nueva ofensiva del Ministerio de Consumo. Esta vez contra las plataformas de alquiler turístico. El departamento que dirige Pablo Bustinduy ha abierto una investigación contra las plataformas de alquiler turístico por anunciar pisos sin licencia tras constatar que un número importante de estas viviendas operan de forma ilegal según la información oficial ofrecida por autoridades autonómicas y municipales con competencia este ámbito, según ha anunciado este miércoles en un comunicado.

La Dirección General de Consumo ha enviado requerimientos a las principales plataformas de alquiler turístico para obtener información sobre las viviendas que anuncian. Si bien el ministerio no informa de a qué empresas se ha dirigido, las principales plataformas de alquiler turístico en España son Airbnb y Booking.com. Lo que sí aclara el comunicado es que el foco de la investigación no se dirige a los particulares que alquilen su vivienda, sino que se centra en la "actividad y responsabilidad" de los grandes arrendadores o empresas dedicadas a la gestión de grandes cantidades de pisos turísticos.

Después del parón de la pandemia, el alquiler turístico ha vuelto a crecer en España. En el primer trimestre de 2024, las viviendas turísticas alcanzaron las 287.000 plazas en las 25 principales ciudades de España, un 11% más que antes de la crisis del coronavirus, según los datos de Airdna, recogidos por el lobi Exceltur. El problema es que hay una parte importante de las ofertas que carecen de las autorizaciones administrativas exigidas, ni están inscritos en el registro de la comunidad autónoma pertinente.

Según Consumo, las plataformas que incluyen en su oferta pisos turísticos ilegales podrían estar incurriendo en prácticas comerciales desleales con base en la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios que, por tanto, supondrían una infracción que puede “generar lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada”, según exponen desde la Dirección General de Consumo.

La apertura de esta investigación no prejuzga el resultado final de la misma, pero la Dirección General de Consumo advierte que con la información que se recabe de la consulta estudiará la posibilidad de abrir expedientes sancionadores que "pueden llegar a calificarse como infracciones graves con multas de hasta 100.000 euros, cantidad que se puede sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido".

Esta investigación se conoce pocos días después de la multa de 150 millones de euros a cuatro aerolíneas -Vueling, Volotea, Ryanair e EasyJet- por cobrar por el equipaje de mano, tras una investigación abierta un año antes. Unos días antes, a principios del mes de mayo, este departamento también había abierto expedientes sancionadores a grandes operadores de comercio electrónico por posibles rebajas engañosas durante el 'Black Friday'.