Interior retrasa dos meses la aplicación del registro de viajeros tras la presión del sector turístico

Dos meses más tendrán de plazo hoteles, agencias de viajes y empresas de alquiler de vehículos para adaptarse al nuevo registro de viajeros diseñado por el Ministerio del Interior. Después de semanas de presiones, en las que el sector turístico anticipaba el "caos", el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha retrasado del 1 de octubre al 2 de diciembre la obligación de estas empresas a recabar y comunicar una serie de información sobre los viajeros que va más allá de lo que aparece en los documentos oficiales necesarios hasta ahora (DNI y pasaporte), como la forma de pago, el número de la tarjeta de crédito, el teléfono móvil y fijo o el domicilio.

El real decreto 933/2021 afecta a actividades de hospedaje, que van desde los campings o zonas de estacionamiento de autocaravanas hasta hoteles, pero también a las agencias de alquiler de coches y a intermediarios, como las agencias de viajes y a las plataformas digitales. Y con él todos ellos se convierten en una suerte de policía turística encargada de recabar una serie de información de los viajeros que tiene como finalidad última remitir al Ministerio del Interior.

Pero el sector turístico se queja de la enorme cantidad de datos requeridos (suman bastantes más de una docena) y la necesidad de registrarlos y enviarlos de forma manual, al no tratarse de datos oficiales, lo que implica una "carga administrativa desproporcionada" que, incluso, puede conllevar errores. “Nos exigen preguntar cosas tan ridículas como el grado de parentesco que tienen las personas (en el caso de que alguno sea menor de edad) que se van a alojar en una habitación. A nadie le interesa o no debería interesarle esto porque atenta contra la intimidad de las personas”, afirma en un vídeo el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), Jorge Marichal.

Además, los datos deben incorporarse a una plataforma que no está plenamente operativa. No cumplir esta obligación conlleva sanciones de entre 100 y 30.000 euros, en función de la gravedad. En caso de que los operadores no realicen un registro de los viajeros u omitan su información al Ministerio se considerará una falta grave, penalizada con multas de entre 601 y 30.000 euros, mientras en caso de fallos o falta de información se considerará infracción leve y la sanción se sitúa entre 100 y 600 euros.

Tres años después

La norma no es nueva. Fue aprobada el 26 de octubre de 2021, pero se prorrogó en varias ocasiones ante las demandas del sector y por las dificultades para remitir la información a través de la plataforma creada por el Ministerio del Interior. Primero se extendió su implantación hasta el 2 de noviembre del 2023 y, posteriormente, hasta el 1 en octubre del 2024. A falta de una semana para esa última fecha, la presión del sector turístico ha provocado una nueva demora, hasta el 2 de diciembre de este año, debido a "razones técnicas" para facilitar la interconexión y la transmisión de los datos de los establecimientos ubicados en las comunidades autónomas que cuentan con cuerpos de policía autonómicos.

El Ministerio defiende, además, que el aplazamiento se produce después de una "interlocución permanente" con los sectores afectados, aunque estos últimos llevan semanas afeando al Gobierno la falta de consenso en la puesta en marcha de esta normativa. El próximo 4 de octubre se celebrará una nueva reunión entre los representantes del sector turístico. El Consejo de Turismo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), junto con las organizaciones empresariales, sectoriales y multisectoriales que lo integran, había firmado el pasado jueves una nota ejecutiva para pedir al Gobierno "suspender" su entrada en vigor, pero también revisar la redacción del mismo con el objetivo de "alinearlo con las normativas europeas" y adaptarla a la "realidad operativa del sector turístico".

El brazo turístico de la CEOE también planteó eximir de esta obligación a "intermediarios como agencias de viajes y plataformas" porque "no siempre disponen de todos los datos solicitados, ni tienen acceso a ellos". Y la propia Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) envió una carta al Ministerio de Interior, al Ministerio de Turismo y a las secretarías de Estado, así como a otros organismos con implicación para que excluyan a esta actividad de esta obligación que, defienden, provocaría "duplicidades" al tener que hacer el acopio de información ya desde los alojamientos y las empresas de alquiler de vehículos. "Vamos a seguir exigiendo que se exima a las agencias de viajes de esta obligación", ha insistido este lunes el vicepresidente de CEAV, José Manuel Lastra, después de aplaudir el retraso anunciado por el Ministerio del Interior.

También la Asociación Europea de Agentes de Viajes y Turoperadores (ECTAA), la Asociación de Turismo Europea (ETOA), la Federación Europea de Turismo Rural (RURALTOUR) y la asociación europea que representa a hoteles, restaurantes, bares y cafés y establecimientos similares en la Unión Europea (HOTREC) han remitido una carta a diversas autoridades españolas para trasladar su “preocupación, desconcierto y oposición” al citado real decreto.