El sector turístico, sobre la nueva regulación del alquiler: “Es un paso adelante, pero no resuelve el problema”

Un paso adelante, pero no soluciona el problema. Ese es el resumen que hace el sector turístico sobre el Real Decreto anunciado por el Ministerio de Vivienda, que obligará a todos los propietarios de viviendas que las alquilan en la modalidad de temporal, turístico o por habitaciones a disponer un código para poder comercializarlas a través de las diferentes plataformas digitales, como Airbnb, Booking, Idealista o Fotocasa. "Es un paso adelante, aunque no es más que la transposición adelantada de un acuerdo de la Unión Europea, pero no resuelve el problema", afirma el vicepresidente del lobi Exceltur, José Luis Zoreda.

Lo bueno, según esta asociación que agrupo a los gigantes del sector como Meliá o Iberia, es que el Gobierno español ha adelantado al 2 de enero de 2025 la creación del citado registro, que la Unión Europea había recomendado a los países poner en marcha en 2026, y que además ha encomendado a los registradores de la propiedad para que certifiquen que la vivienda cumple con las exigencias legales de las comunidades y ayuntamientos para poder comercializarse y que la comunidad de vecinos no prohíbe expresamente en sus estatutos las viviendas turísticas, ambas casuísticas en el caso de los de uso vacacional.

Lo malo, según añade el lobi, es que los registradores no tienen obligación de verificar dicha información. "En la mayoría de los casos estas viviendas se presentan con una declaración responsable en la que los propietarios dicen que cumplen todas los requisitos, pero queda en el aire si es verdad o no que los cumplen y estaría sujeto a una inspección posterior, que es muy difícil de comprobar porque falta capacidad de inspección por parte de los ayuntamientos o de autoridades competentes", expone Zoreda. Además, las plataformas no tienen tampoco la obligación de saber si el número de registro corresponde a una persona u otra, sino que "solo se compromete a que si la administración les dice que un piso no cumple la legalidad tiene que retirarlo a iniciativa del ayuntamiento o la comunidad autónoma, pero no bajo la responsabilidad de Airbnb", agrega.

El único compromiso que adquiere el intermediario es hacer comprobaciones aleatorias, pero no se especifica ni la periodicidad ni el número mínimo necesario, lo que deja a discrecionalidad de cada compañía realizar cuantas consideren. "Por ejemplo, si la comprobación aleatoria fuera de al menos el 25% de las transacciones que hace, empezaría a ser un porcentaje importante; pero si la comprobación es de uno por mil sería de risa", advierte Zoreda. "Estamos en un juego de escondites en donde siempre las plataformas tratan de huir de todo tipo de compromiso formal. Cuanta más opacidad hay en la gestión de los intermediarios, más oportunidad de negocio", añade el dirigente.

"Son soluciones en la buena dirección, pero no cubren el cien por cien del problema", insiste Zoreda. El lobi hubiera preferido un paquete de medidas en las que se incluyera esta transposición de la normativa europea, pero que también incluyese la declaración de actividad económica para sujeto o limitar los planes urbanísticos, aunque esto es materia municipal. "Una buena solución es la del Ayuntamiento de Barcelona de eliminar todas las viviendas turísticas en 2029. Esa es una decisión valiente", concluye Zoreda, quien afea que el Partido Popular no tiene una "posición" sobre el asunto porque "planea cierto temor de que si se castigan a las viviendas turísticas se castigan miles de votos".