Andalucía solo promueve 1.200 viviendas protegidas al año en la última década

Andalucía apenas ha construido vivienda protegida tras el crack financiero de 2008. En la última década, se han calificado únicamente 13.484 casas de precio limitado en una comunidad autónoma que cuenta con 8,5 millones de habitantes, según datos del Ministerio de Fomento publicados por el portal EpData. Es decir: apenas 1.225 viviendas cada año en toda Andalucía han contado con la protección oficial del Estado para facilitar el acceso a familias de escasos recursos.

En el contexto de un mercado inmobiliario nuevamente desbocado, que impide a miles de ciudadanos disfrutar de un derecho fundamental, las irrisorias cifras de viviendas protegidas en Andalucía cobran especial significado. Solo en el año 2008 se construyeron en nuestra comunidad autónoma casi el doble de viviendas con precio limitado que en el global de la última década. El hundimiento de la VPO fue absoluto. En 2013, Andalucía no calificó ni una sola vivienda protegida. Y en 2014 sólo se promovieron 573. Hubo que esperar hasta 2018 para registrar una cifra superior al millar en el conjunto de la comunidad autónoma.

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Aún así, el dato es claramente deficiente. Las cuentas del Consejo Andaluz de Colegios de Arquitectos elevan sustancialmente las necesidades de vivienda protegida en toda la región. Según sus estimaciones, Andalucía necesita cada año 50.000 casas de bajo precio para atender la enorme demanda social. En 2018, por ejemplo, había 212.000 solicitudes en los registros municipales de vivienda de la comunidad autónoma.

Cifras muy bajas de VPO

Los raquíticos guarismos de la VPO en estos años no tienen precedentes en la historia reciente de la comunidad autónoma. Entre 1991 y 2009, no se bajó de 10.000 viviendas protegidas ningún año. Es decir, se calificaron ocho veces más casas de precio limitado que en este periodo.

La gran mayoría de viviendas protegidas en esta última década han sido calificadas en régimen de propiedad. Los pisos de precio limitado en alquiler representan un 29% del total. En el año 2016, solo se calificaron bajo esa modalidad 8 viviendas en toda Andalucía. No fueron muchas más en 2015 (31), 2018 (28) o incluso 2023 (81). Y solo dos años en toda la serie reciente superaron el millar de viviendas protegidas de alquiler: 2021 (1.256) y 2022 (1.243).

Por lo general, son los ayuntamientos quienes promueven este tipo de viviendas subvencionadas, que establecen un precio tope de venta y estipulan una superficie máxima útil, que en Andalucía está fijada en 90 metros cuadrados. Uno de los requisitos reglados por la administración competente es que la vivienda que disfrute de esta calificación debe ser la residencia habitual y permanente del comprador. En nuestra comunidad autónoma, las viviendas protegidas pueden pasar a renta libre transcurridos diez años de su adquisición.

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Una gran preocupación de la ciudadanía

El acceso a la vivienda es una de las mayores preocupaciones ciudadanas y objeto de enconados debates políticos de las fuerzas parlamentarias. La controversia se suele centrar en la oportunidad o no de limitar por ley el precio de venta y alquiler o reforzar el parque público de vivienda. José Manuel Pérez Muñoz, profesor de la Escuela Superior Técnica de Arquitectura de Sevilla, se inclina por esta segunda opción. “Soy partidario de que la administración tenga un parque de vivienda pública en régimen de alquiler y venta. Así se podría controlar el mercado o, al menos, evitar los precios desorbitados”, señala en conversación telefónica.

El profesor Pérez Muñoz lamenta que la administración “ha hecho muy pocas cosas” en relación a la vivienda, previsiblemente debido a la “crisis” y los “recortes” en gasto público de todos estos años. “La Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) desapareció y no se ha hecho prácticamente nada”, asegura el experto en Proyectos Arquitectónicos de la Universidad de Sevilla.

La Junta de Andalucía también suprimió hace justo un año el Observatorio de la Vivienda, que fue creado en 2010 para la “planificación, el estudio y el análisis de la realidad social y económica andaluza del sector”. De hecho, existe una evidente dispersión y fragmentación de datos oficiales sobre la promoción de este tipo de edificaciones protegidas. Al cierre de esta edición, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda no había contestado a una solicitud formulada por este periódico en relación a la construcción de VPO.

Europa muy por delante de España

José Manuel Pérez Muñoz recuerda que gran parte de los países europeos disponen de un parque de vivienda pública “diez o veinte veces superior” al de España. “Nos hemos quedado atrás”, declara el profesor andaluz. Y pone como ejemplo los elevados precios de alquiler que registran las capitales andaluzas. “Un piso en los Pajaritos cuesta 900 euros. ¿Cómo va a alquilar nadie una vivienda a ese precio?”, se preguntó.

El experto académico no cree que el mercado por sí mismo tenga mecanismos suficientes para frenar el incremento abusivo de los precios. Y, en su opinión, las medidas de liberación sin restricciones del suelo tampoco han surtido el efecto deseado. “En el año 2007 se construyó mucho y el mercado inmobiliario tampoco funcionó. Solo cuando aparezca una competencia de vivienda pública bajarán los alquileres”, razonó.

Otros especialistas ponen en cuestión la construcción masiva de viviendas como solución a la crisis habitacional, incluso en el caso de la VPO. La arquitecta Gaia Redaelli, ex directora general de Vivienda (2012-2015), apuesta por la rehabilitación de la ciudad consolidada como estrategia para aflorar casas accesibles a personas con poder adquisitivo limitado. “Yo no construiría nada más hasta que no esté todo ocupado”, asegura. La especialista juzga improcedente seguir expandiendo la ciudad y levantando nuevas áreas residenciales mientras miles de viviendas se encuentran deshabitadas en los cascos urbanos.

“Habría que sancionar a las casas vacías con recargos fiscales. Barcelona impulsó la rehabilitación de vivienda protegida para sectores sociales sin acceso a alojamiento. La medida fue muy criticada por el sistema tradicional”, argumenta la arquitecta, partidaria de un modelo urbano más sostenible y resiliente al cambio climático.

A su juicio, el urbanismo sigue anclado en patrones del siglo XX cuando los modelos familiares están cambiando de forma vertiginosa y la movilidad ya no se sustenta únicamente en el uso masivo del vehículo a motor. “En las ciudades pequeñas y medianas, la calidad de vida reside en la cercanía. Hay que rehabilitar la ciudad existente. Si la dejas al turismo o a los nómadas digitales, vamos al desastre. Ahí está el caso de Venecia o Barcelona”, concluye Gaia Redaelli.