Percibir el ingreso mínimo vital desincentiva y reduce en un 12% la probabilidad de que su beneficiario trabaje

Percibir el ingreso mínimo vital (IMV) disminuye la probabilidad de trabajar en un 12% respecto a las posibilidades de una persona con un nivel de ingresos similar (primer decil de renta) que no cobre esta prestación. Así lo ha estimado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en el marco de la 'Cuarta opinión sobre el Ingreso Mínimo Vital' publicado este miércoles, en el que se llega a la conclusión de que esta menor probabilidad de salida al empleo en los seis meses después de empezar a percibir el IMV llega al 20% en menores de 30 años y en hogares monoparentales o con importes de la prestación superior a la media.

La presidenta de la Airef, Cristina Herrero, ha considerado "lógico" que una prestación como el IMV, cuyo propósito esencial es prevenir el riesgo de pobreza de las personas que carecen de recursos económicos, conlleva un desincentivo a la participación en el mercado laboral (como pudiera ser una menor probabilidad de empleo del 12%, en el caso español). Sucede, por ejemplo, si en una familia monoparental, una mujer con un hijo que cobre el IMV no encuentra incentivo suficiente a buscar y aceptar determinados empleos. En sentido contrario, una prestación de ingresos mínimos conlleva otros efectos beneficiosos a favor de la calidad del mercado laboral, ya que facilita el rechazo de empleos precarios, permite búsquedas laborales más selectivas y proporciona estabilidad en los contratos, según el diagnóstico de la Airef.

En Catalunya, el 65% de los posibles beneficiarios del IMV no solicitan la prestación

Sin embargo, Herrero ha puesto el acento en que la rémora que supone el IMV para dar el salto al mercado laboral, se ha mantenido en los mismos niveles después de la entrada en vigor, en enero de 2023, del incentivo al empleo diseñado por el Gobierno para hacer compatible la prestación del IMV con la percepción de ingresos salariales. Desde el punto de vista de la Airef, esta conclusión "evidencia la persistencia del impacto desincentivador y la reducida eficacia de este mecanismo".

Rediseñar el incentivo

Por eso, la principal recomendación que se desprende en esta ocasión de la opinión anual del organismo sobre el IMV (la cuarta, desde que fue aprobado en 2020) apunta a una "reformulación completa del incentivo al empleo del IMV" que, entre otras cuestiones, corrija la falta de visibilidad y transparencia sobre la duración del mecanismo. En 2024, el incentivo al empleo benefició al 30% de los 392.444 hogares perceptores del IMV (casi 120.000). "El incentivo al empleo del IMV no tiene elementos que estimulen a aceptarlo cuanto antes o con una jornada mayor y no incluye garantías de permanencia", ha explicado Herrero este miércoles.

"La evaluación específica de la eficacia del incentivo al empleo actual demuestra su incapacidad para mitigar los efectos desincentivadores identificados en los doce primeros meses desde su entrada en vigor (desde enero de 2023), no generando impactos significativos ni sobre la intensidad laboral ni sobre las tasas de participación", concluye la Airef.

Desde el punto de vista del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la evaluación que ha realizado la Airef sobre el incentivo al empleo del IMV es "temprana", pues solo se dispone de datos del primer año de aplicación (2023). Para el Departamento que dirige la ministra Elma Saiz, sería conveniente esperar a contar con más datos, a que el mecanismo esté más consolidado y sea más conocido por los beneficiarios antes de extraer conclusiones.

A ello responde Herrero que "los problemas de diseño del incentivo no dejan margen para un giro positivo en su evaluación" con el transcurso del tiempo

El 60% de los beneficiarios permanece más de tres años

En el informe publicado este miércoles, la Airef también estudia la permanencia en la prestación y concluye que el 90% de los beneficiarios permanece más de 12 meses, el 75% supera los 24 meses, y aproximadamente el 60% mantiene la prestación durante más de 3 años. "Esta permanencia, junto con los efectos en el empleo identificados, plantea interrogantes sobre la eficacia de los mecanismos de transición hacia el empleo que incluye actualmente la prestación", advierte el informe.

La AIReF constata avances en el despliegue y alcance del IMV, con un incremento del 14% en el número de beneficiarios (hasta un total de 392.44 hogares) y un crecimiento del 34% entre los hogares perceptores el complemento de ayuda a la infancia (CAPI). Además, se reducen en 45 días los tiempos medianos de tramitación de la prestación, aunque estos se mantienen en los 203 días. 

Elevada tasa de 'non take up'

Entre los indicadores clave que permanecen sin mejoras significativas destacan las cifra de 'non take-up' (beneficiarios con derecho a percibir la prestación que no la solicitan) similares a las de años anteriores (55% en el IMV y 72% en el CAPI); complejidad administrativa continuada, con un 68% de hogares que experimentan modificaciones por revisiones de rentas, y diferencias territoriales mantenidas con Cataluña e Illes Balears con tasas de no solicitud superiores al 65%, que evidencian la falta de coordinación del IMV con las rentas mínimas de las comunidades autónomas.

La Airef propone automatizar la protección a menores desde el momento de su nacimiento para que el CAPI llegue a los hogares potenciales desde el momento de inscripción del menor en el registro civil. Todo ello permitiría una reducción de las elevadas tasas de 'non take-up', una mayor capacidad de respuesta ante situaciones de pobreza sobrevenida y una reducción significativa de las solicitudes de reintegro por cobros indebidos.

Según los datos manejados por la Autoridad Fiscal, el 68% de los beneficiarios del IMV están afectados por una revisión de la cuantía de la prestación que perciben. Para el 24%, la revisión supone una mejora de la prestación en un importe anual mediano de unos 980 euros. Para el 32%, la prestación disminuye en una mediana de 845 euros. Además, para el 12% de los beneficiarios, la revisión implica que causan baja en la prestación (con un importe mediano de 2.615 euros).

En 2024, el motivo principal de denegación de los expedientes se debió a causas relacionadas con el empadronamiento o la unidad de convivencia.