El Parlamento de Canarias pone un candado a las filtraciones

El Parlamento de Canarias ha dado este miércoles un paso más a la hora de limitar el derecho a la información. A la prohibición de que los medios de comunicación estén en los pasillos aledaños al Salón de Plenos o la publicación ‘opaca’ de las dietas de sus señorías se ha unido ahora la condena de 67 diputados -Vox votó en contra- a "la filtración de documentación reservada, que debe ser tratada con la máxima confidencialidad hasta la conclusión de los trabajos parlamentarios".

Una autoreprobación que va acompañada del compromiso a "revisar y reforzar los mecanismos de seguridad y custodia documental, con el fin de prevenir la repetición de hechos similares".

La cruzada iniciada hace semanas por el PSOE tras la publicación por este periódico del borrador del informe preliminar de las conclusiones de la comisión que investiga las posibles irregularidades de las compras efectuadas por el Servicio Canario de Salud (SCS) durante la pandemia -elaborado por su presidente, Raúl Acosta- ha culminado con el apoyo -a mano alzada debido al fallo en el sistema electrónico- a la iniciativa sobre "la obligación de sigilo parlamentario, la salvaguardia de la imparcialidad y la defensa del prestigio institucional" defendida por el portavoz socialista Sebastián Franquis.

"Lo que pretendemos es una defensa del rigor, la imparcialidad y el prestigio de esta Cámara. En democracia se constituyen comisiones de investigación, faltaría más. Si queremos investigar, investiguemos hasta sus últimas consecuencias, pero con rigor e imparcialidad y no para señalar o hacer daño", defendió Franquis.

Torres, Pérez y Trujillo

El informe preliminar señala que el expresidente de Canarias y actual ministro, Ángel Víctor Torres, y quienes ejercieron de consejeros de Sanidad en ese período -Julio Pérez y Blas Trujillo- son los culpables políticos, que no penales, de las irregularidades cometidas.

Aunque todos los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno pusieron en evidencia que la propuesta del PSOE es una “simple tapadera, porque no les preocupa la filtración, sino la verdad de lo que se filtró y es que el ‘pacto de las flores’ contrató a una empresa de coches para encargar 4 millones de mascarillas que nunca llegaron”, como resumió la nacionalista Socorro Beato, lo cierto es que todos ellos apoyaron que “la divulgación no autorizada de información interna menoscaba la integridad de los procedimientos, erosiona la confianza en las instituciones públicas y perjudica tanto la labor de los representantes como el derecho de la ciudadanía a un proceso transparente y justo”.

"Es una cortina de humo para tapar lo que pasó, y hay que tener poca vergüenza para traer una iniciativa en defensa del prestigio institucional cuando ustedes impidieron que se investigara el 'caso Mascarillas' en la pasada legislatura", increpó el conservador Fernando Enseñat a Franquis.

"McCarthy bimbache"

El propio presidente de la comisión, del que el PSOE llegó a exigir en un primer momento su dimisión, se abonó a la idea de que a los socialistas "no les molesta tanto la filtración sino que en el informe ofrezca mi opinión fundada" sobre la base de las investigaciones llevadas a cabo y el relato de todos los que intervinieron durante el año que duraron las comparecencias.

"En lo que no me voy a convertir es en un McCarthy [senador de Estados Unidos que inició una persecución contra presuntos agentes soviéticos  o simpatizantes del comunismo infiltrados] bimbache [el pueblo aborigen de El Hierro] en busca de chivos expiatorios porque detecto una cierta alergia del PSOE al debate de opiniones y por eso ha urdido una estrategia urdida para empañar el trabajo de la comisión", aseguró Acosta para recordar que ya hubo filtracionesen las comisiones de los casos Tindaya o eólico en pasadas legislaturas.

Precisamente, las críticas de la canarista Esther González se dirigieron a que el contenido del informe "no fue imparcial ni neutral, lo escribió Acosta como diputado de AHI y no como un presidente institucional de una comisión".

"Puro postureo"

“Lo que tenemos que tener claro es que hay límites, que no todo vale y que lo principal es respetar las reglas del juego. Y si eso se hacía antes, en otras legislaturas y en otras comisiones y se blanqueaba, ha sido un error”, concluyó.

Solo Vox se opuso, pero por entender que la propia comisión, como denunció Paula Jover, “es un puro postureo para el cobro de dietas, por lo que no cuenten con nosotros para este panfleto”.

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