Aena descarta ceder la gestión de sus aeropuertos, pero accede a una mayor "coordinación" con las regiones

El debate sobre la cesión de la gestión de los aeropuertos a las comunidades autónomas ha vuelto a ver la luz tras la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales, que acordaron este martes cerrar un pacto político para devolver al gobierno vasco la gestión de los aeródromos de Euskadi antes de Semana Santa. No es la primera vez que se plantea transferir la dirección de estas infraestructuras, pues ya el acuerdo de investidura entre ERC y PSC para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Catalunya introdujo la vocación de contar con un nuevo modelo de gestión para el aeropuerto de Barcelona-El Prat.

Pero tanto entonces como ahora la respuesta del gestor aeroportuario es la misma. La empresa semipública Aena, participada en un 51% por el Estado, reitera en que no hay lugar para un cambio de titularidad en la administración de los aeropuertos de su red. En ello insistía el propio presidente de la compañía, el otrora diputado y portavoz del PSC, Maurici Lucena, hace dos semanas en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum: “La cesión de los aeropuertos de Aena como resultado de acuerdos políticos, por mucho que un gobierno quisiera imponerlas, serían nulas de pleno derecho”.

El dirigente se ampara en que el marco constitucional y regulatorio (ley 18/2014), así como la estructura accionarial de la compañía –con un 49% de accionistas privados--, “protegen” el modelo actual del sistema aeroportuario español. Y solo concede que dentro de ese modelo “hay espacio para avanzar en la coordinación con las comunidades autónomas y otros gobiernos locales”. Pero Lucena no dio detalles sobre lo que eso significa, más allá de que en 2013 se creó la figura de los Comités de Coordinación Aeroportuaria, que son órganos colegiados consultivos y de participación que permiten a las comunidades autónomas y entidades locales participar en la planificación y seguimiento en la actividad portuaria.

Alerta de TCI

La cuestión, en cualquier caso, no es menor. Y ya puso en alerta al segundo mayor accionista de Aena detrás del Estado, el fondo The Children's Investment Fund Management (TCI), que cuenta con un 6% del capital de la compañía y que exigió el pasado mes de septiembre a la empresa semipública un compromiso público en defensa del modelo de propiedad y gobernanza actual, después de que se publicase el interés del gobierno vasco por negociar el traspaso de sus aeropuertos con el Gobierno central.

El nerviosismo de su principal accionista privado obligó al gestor aeroportuario a aclarar, a través de un hecho relevante ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que si la presión de los diferentes gobiernos autonómicos prosperaba, la reacción de la compañía sería “inmediata y contundente”. En ese texto, firmado por la secretaria del Consejo de Administración de la cotizada, Elena Roldán Centeno, Aena explicaba que había hecho saber a las administraciones públicas competentes "la fortaleza y las ventajas del vigente sistema aeroportuario español, la importancia de la gestión integrada de la red de aeropuertos, los derechos que asisten a sus accionistas y, sobre todo, la especial y sólida protección que el marco legal y constitucional vigente y la estructura accionarial de Aena proporcionan al sistema aeroportuario y a la sociedad".