La Justicia italiana interviene la subsidiaria de Glovo por explotar a sus repartidores

La Fiscalía de la ciudad italiana de Milán (norte) ha dispuesto este lunes poner bajo control judicial por "vía de urgencia" a la empresa Foodinho, subsidiaria de la plataforma de reparto Glovo, al considerar que explota a sus trabajadores. El decreto del fiscal Paolo Storari, al que ha tenido acceso EFE, deberá ser convalidado por el juez y está dirigido contra Foodinho, la sociedad que gestiona Glovo en Italia, y contra su administrador único, de nacionalidad española.

El fiscal imputa la "contratación de mano de obra en condiciones de explotación aprovechando el estado de necesidad de los empleados". En concreto, la empresa pagaba a los repartidores -unos 2.000 solo en Milán y 40.000 a nivel nacional- una retribución "en algunos casos" inferior en un 81,62% a lo establecido por el convenio. "Una cifra que no es proporcional ni con la calidad ni con la cantidad del trabajo prestado para garantizar una existencia libre y digna y que es evidentemente deforme con los convenios colectivos nacionales estipulados" por los sindicatos, reprocha el fiscal. Asimismo acusa a Foodinho de "adoptar una política de empresa que reniega explícitamente de las exigencias del respeto de legalidad".

Las autoridades italianas han designado a un administrador judicial que deberá seguir la gestión de la empresa investigada y referir al juez sobre su situación. La investigación de la Fiscalía milanesa, ilustrada a lo largo de más de 50 páginas, recoge también las declaraciones de algunos de los repartidores que trabajan para Foodinho, todos extranjeros. Muchos afirman que trabajaban hasta 12 horas al día, que recibían 2,50 euros (2,93 dólares) por cada entrega a domicilio y que debían permanecer continuamente geolocalizados y con pocas pausas, entre otras cosas.

En agosto del pasado año, un tribunal laboral de Milán ya obligó a la empresa Glovo a pagar más a sus repartidores en Italia debido al calor extremo, así como a proporcionales equipos de protección, al considerar "inadecuadas" las medidas adoptadas por la compañía.

Fuente: El Periódico