El Gobierno vuelve a prometer que limitará el acceso de las familias numerosas al bono social de la luz

El Gobierno promete, una vez más, que limitará el acceso de las familias numerosas al bono social de la luz. La medida se ha incluido dentro de la Estrategia de Pobreza Energética 2026-2030, aprobada este martes en el Consejo de Ministros, pero todavía debe ser concretada en un real decreto, previa consulta pública, para su implantación.

No es la primera vez que el Ejecutivo de Pedro Sánchez hace un anuncio así. En 2021, la entonces vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, declaró su intención de realizar cambios en este sentido durante una intervención en el Congreso de los Diputados y en 2023 volvió a reiterarse después de salir a la luz que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, recibió esta ayuda.

Pero este tope no se ha recogido en ninguna de las normas aprobadas por el Ministerio para la Transición Ecológica hasta la fecha. Y el departamento que ahora dirige Sara Aagesen --que era secretaria de Estado de Energía en 2021 y 2024-- ha decidido incorporarla en la nueva Estrategia de Pobreza Energética, que será de aplicación entre 2026 y 2030, como ha avanzado La Vanguardia.

El texto de esa hoja de ruta dice que el Ejecutivo "evaluará las condiciones y criterios de acceso al bono social con el fin de que llegue a los hogares que tienen necesidad de él, limitando el acceso a las rentas altas". Y así lo ha aclarado también la vicepresidenta Aagesen en declaraciones a los medios de comunicación, antes de reunirse con la mesa social de pobreza energética en la sede del ministerio: "Hemos incluido que la renta tiene que ser un principio rector para los consumidores. Es lo justo”.

Un descuento del 42,5%

El bono social eléctrico es un descuento que se aplica en la factura de la electricidad para proteger a los consumidores vulnerables y evitar que el pago de los precios de la energía deje a ninguna familia sin suministro básico. Se concede en función de la renta de cada familia, salvo en el caso de aquellas unidades familiares con más de tres hijos que pueden disponer de la rebaja sin más condiciones.

El descuento solía ser del 25% del recibo, pero tras la crisis energética de 2022 se elevó de forma temporal y en la actualidad se mantiene en el 42,5%. Además, hay un segundo nivel de beneficiarios, que es el de los consumidores vulnerables severos, que sí se rige siempre por criterios de renta --también en el caso de las familias numerosas-- y elevaba la rebaja al 40% del recibo, aunque en la actualidad la tasa para estos usuarios asciende hasta el 57,5%.

"Uno de los principales ejes de la Estrategia es mejorar la protección de los consumidores vulnerables y eso significa que aquel que tenga una necesidad de un apoyo, como es el bono social, tenga acceso a él. Eso significa reabrir la definición de qué significa vulnerable a efectos de bono social y aplicar con carácter general criterios de renta. Es importante que el que tenga necesidad, tenga acceso a él y aquellas familias que no tengan necesidad, no sea así, para focalizar mejor los esfuerzos de este apoyo en la factura", ha explicado el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard.

El Gobierno no incluye un periodo de tiempo concreto para limitar ese acceso al bono social de las rentas altas, a pesar de que el mismo documento sí da rangos temporales para otras medidas, como aquellas "dirigidas a aumentar la tasa de cobertura del bono social eléctrico mediante la participación de las cooperativas eléctricas, las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía", para lo que se da seis meses.

Casi 80.000 nuevas familias

A finales de enero de este año había unas 460.244 familias numerosas beneficiarias del bono social eléctrico. Son alrededor de 80.000 más que en marzo de 2023, cuando Teresa Ribera se comprometió públicamente a modificar los criterios para establecer limitaciones en función de los ingresos de la unidad familiar, en marzo de 2023. Y suponen alrededor del 25% de todos los beneficiarios de este descuento, que ascienden a un total de 1,7 millones.

El coste del bono social se reparte entre todos los operadores del sector eléctrico en función de su cuota de mercado, pero éstos luego lo acaban repercutiendo a sus clientes a través de la factura de la luz. La estimación del coste para 2025 fue de unos 284 millones de euros, según la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Además, el derecho de acceso al bono social eléctrico da derecho al bono social térmico, que es una ayuda en forma de cheque para pagar la calefacción durante los meses de invierno y que se financia a través de los Presupuestos Generales del Estado.

Oficinas en barrios vulnerables

La Estrategia de Pobreza Energética, elaborada a partir de un proceso participativo con entidades sociales, el sector académico y empresarial, incluye además otras medidas, como la creación de una red de oficinas (denominada 'red-actúa') para dar asesoramiento energético en los barrios más vulnerables al constatar un "aumento de solicitudes de bono social allí donde existe una Oficina de Transformación Comunitaria o un punto de atención similar".

También se incorpora la supresión de penalizaciones por permanencia si el consumidor contrata la tarifa regulada PVPC con bono social o la exigencia de que quede constancia escrita de que el consumidor desea expresamente abandonar el PVPC con bono social. En estos dos casos, ambas medidas fueron aprobadas la semana pasada dentro del real decreto por el que se aprueba el Reglamento general de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica, que prohibió las llamadas 'spam' de las compañías eléctricas.

La hoja de ruta también impulsa la creación de un Observatorio de la pobreza energética, con visibilidad en la web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que permita "centralizar y mantener información y conocimiento sobre la materia, promoviendo intercambios técnicos entre expertos en este ámbito y facilitando la toma de decisiones sobre políticas públicas". Y fomenta la rehabilitación de viviendas de consumidores vulnerables, con ayudas directas y un nuevo impulso a los Certificados de Ahorro Energético (CAE).

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