El Gobierno hará obligatorias las facturas electrónicas entre empresas y profesionales para reducir la morosidad en los pagos

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que obligará al uso de facturas electrónicas entre empresas y profesionales, una medida que busca reducir la elevada morosidad en estos pagos al permitir a las compañías cobrar antes, así como impulsar la digitalización. "Uno de los obstáculos para el crecimiento de nuestras empresas es la falta de capital circulante, de liquidez, y en gran medida esto proviene de los largos periodos medios de pago que todavía tenemos", ha argumentado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

El ministro, así, ha destacado que España tiene uno de los periodos medios de pago más elevados de la Unión Europea, en torno a los 80 días, muy por encima del máximo de 60 días que establece la Ley de Morosidad de 2004. En la misma línea, ha subrayado que menos del 20% de las facturas que deben abonar las grandes empresas se pagan en plazo, frente al 50% de las pymes y microempresas, con lo que estas últimas resultan especialmente perjudicadas.

Según ha apuntado, sectores como el gran consumo, el automóvil, las agencias de viajes y hoteles y los suministros sanitarios ya han adoptado este tipo de facturación. Ello ha facilitado, ha continuado, que haya ya 550 millones de facturas electrónicas al año, con un ahorro de 2.700 millones de euros por ejercicio. Si España alcanza las 2.000 millones de facturas electrónicas al año como Italia, que ya adoptó este sistema en 2019, el ahorro podría ascender a 8.000 millones de euros, ha calculado Cuerpo.

Dos plazos

Para facilitar la adopción del nuevo sistema de facturación electrónica, el Gobierno ha establecido un periodo transitorio con dos plazos. Las empresas y profesionales con más de ocho millones al año de facturación tendrán un año para adaptarse, mientras que las que estén por debajo de ese umbral contarán con dos años. El plazo comenzará a correr cuando el Ministerio de Hacienda publique una Orden Ministerial que desarrollará una plataforma pública de facturación electrónica, algo previsto para antes del próximo 1 de julio.

Las empresas y profesionales contarán, así, con dos opciones para aplicar la nueva ley. Por un lado, podrán emplear las plataformas privadas de facturación que ya existen. En este caso, Economía ha regulado que sea obligatoria la interoperabilidad entre estas plataformas, de manera que cada empresa pueda contar con una única plataforma aunque las facturas sean emitidas por otras de ellas. Es decir, que ninguna empresa se verá obligada a pertenecer a la plataforma de su cliente. Por otro lado, la Agencia Tributaria va a desarrollar una plataforma pública y gratuita "accesible para cualquier empresa o profesional que la necesite, incluidos autónomos con pocas facturas al mes".

El real decreto define la factura electrónica como un fichero estructurado de lectura automatizada (con lo que se dará fin al uso de los PDF, el Excel y el papel) e introduce la obligación de informar del estado de cada factura: aceptación y fecha de pago efectivo. Ello implicará una reducción de cargas para las empresas y ahorros de tiempo y recursos, según el ministerio. "La automatización de procesos permite recibir cientos o miles de facturas al año en formato estructurado que puede leer directamente el software contable de las empresas frente a la entrada de facturas en PDF o papel, cuyos datos es necesario reteclear en el sistema del destinatario", ha argumentado.

Otro proyectos

El ministerio, asimismo, ha destacado que la nueva norma ha coincidido en el tiempo pero es independiente de otro real decreto impulsado por el Ministerio de Hacienda, conocido como "Verifactu", que ya ha entrado en vigor, pero cuyos efectos se han diferido a 2027. Esta otra norma busca combatir el fraude fiscal en transacciones de todo tipo. Establece una serie de obligaciones para los productores de software de facturación, que dificultan la manipulación de facturas, y habilita diferentes mecanismos de reporte de información fiscal a la Agencia Tributaria.

Por otro lado, Economía ha llevado al Consejo de Ministros dos anteproyectos de ley en el ámbito financiero y empresarial. Uno de ellos busca reforzar el acceso de las pymes a la financiación mayorista de los mercados de capitales. Entre otras medidas, incluye una reducción de los costes y requisitos para cotizar en bolsa (el porcentaje mínimo de capital de libre cotización se reduce del 25% al 10%) e introduce las acciones de voto plural para que los fundadores puedan seguir manteniendo el control de su empresa tras salir a cotizar. El otro anteproyecto busca reforzar los instrumentos financieros para el apoyo a la internacionalización de las empresas.

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