El Gobierno reconoce que la prórroga de Almaraz contribuirá a contener el precio de la luz

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha anunciado a través de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de este viernes la extensión de vida de la central nuclear de Almaraz hasta 2030, en vez de en 2027, que es cuando tenía previsto su cierre. El Ejecutivo atribuye esta decisión a la "incertidumbre" en los mercados energéticos internacionales de la guerra de Oriente Medio y la continuidad de la guerra en Ucrania y reconoce que mantener la central cacereña abierta rebajará el precio de la electricidad.

"Esta extensión limitada y coyuntural puede contribuir a moderar la exposición de los consumidores españoles a unos picos de precio no previstos anteriormente y derivados de la crisis, mientras se continúan desplegando las medidas ya en marcha de impulso de renovables y almacenamiento como soluciones estructurales a la exposición y vulnerabilidad que suponen la dependencia de combustibles fósiles importados", ha defendido el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en un comunicado.

El Gobierno y las compañías eléctricas pactaron hace seis años el cierre escalonado de todas las plantas nucleares españolas entre 2027 y 2035. El Ejecutivo siempre ha defendido ese calendario, mientras que las empresas abogaban casi desde el principio por ampliarlo, propuesta que ha adquirido cada vez más protagonismo conforme se acercaba la fecha de cierre de la primera de las centrales, Almaraz, prevista para dentro de un año.

"Si se dan una serie de hipótesis contempladas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) sería posible conseguir el cierre nuclear en 2035. Ese es el plan, pero desde nuestra reflexión y lealtad, creemos que bajo ciertas circunstancias económicas esas centrales tendría sentido que alargasen su vida y se puede hacer", aseguraba José Bogas, hasta hace unos meses consejero delegado de Endesa, una de las tres propietarias de la central (Iberdrola posee el 52,7%; Endesa, el 36%, y Naturgy, el 11,3%) en febrero de 2020, apenas unos meses después de haber acordado el calendario de cierre.

La guerra de Ucrania primero y el conflicto de Oriente Medio después allanaron ese camino para Almaraz, incluso con la recomendación de extensión por parte de la Comisión Europea --de la que es vicepresidenta Teresa Ribera, quien firmó el calendario español de cierre como ministra-- que ha pedido reiteradamente en los últimos meses a los Estados miembros evitar el cierre “prematuro” de las centrales nucleares, ya que pueden seguir suministrando electricidad "fiable, de bajo coste y con bajas emisiones".

La renuncia de las empresas a su exigencia de rebajar los impuestos que afectan al sector y el aval del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) hicieron el resto para poder cumplir, así, con las tres condiciones impuestas por el Ministerio liderado por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, para aplazar la clausura: que sea segura para las personas desde la perspectiva radiológica, que no comprometa la seguridad de suministro --según Red Eléctrica la prórroga reduce la posibilidad de un apagón aunque de forma "limitada"-- y que no suponga un mayor coste para los ciudadanos.

El precio del gas natural

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico atribuye la decisión a la crisis en Oriente Medio, que ha "disparado" el precio del gas natural, según fuentes de ese departamento. El precio del gas natural en el mercado de referencia europeo (TTF holandés) se sitúa actualmente en torno a los 60 euros por megavatio-hora, el doble que a principios de este año, cuando todavía no se había iniciado la guerra en Irán.

Se trata de un coste muy elevado si se compara con el precio medio del gas en la década 2010-2020, cuando se situó entre los 5 euros MWh y los 35 euros MWh, pero no tanto si la comparación se hace con 2022, cuando la guerra de Ucrania llevó esta materia prima a su máximo histórico de más de 300 euros MWh y el Gobierno español puso un tope al precio del gas para producir electricidad que se situó entre los 40 y los 65 euros por MWh.

Sin embargo, el Ministerio advierte, y cita para ello a "organismos internacionales", que las consecuencias de la guerra de Irán y su incertidumbre podrían extenderse "a los próximos años" debido a "los daños en infraestructuras de producción y exportación de combustibles". Y es en ese contexto en el que enmarca esta decisión, para así proteger al país "frente a picos de precio, mientras se siguen consolidando las alternativas de verdad, que son las renovables".

Además, el Ejecutivo ha tenido en cuenta que al tratarse de una decisión temporal --19 meses más de prórroga para un reactor y 31 meses más para otro-- su impacto sobre la evolución de las energías renovables será mínimo. Apenas supondrá una reducción del 1,4% de la generación renovable, mientras que rebajará un 7% la generación con gas. "España ha tenido, tiene y sigue teniendo una política energética que se basa en las renovables", insisten desde el Ministerio.

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