La Audiencia de Barcelona urge a la jueza que decida sobre la amnistía en la causa por la organización del 1-O

La Audiencia de Barcelona urge a la jueza que investiga los preparativos del referéndum del 1-O que decida si considera aplicable o no la ley de amnistía a los 29 exaltos cargos procesados, según el auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. El embrollo jurídico se inició cuando la Sección 21 de la Audiencia que eran la encargada de juzgar a los políticos, funcionarios y empresarios devolvió la causa a la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 13 de la capital catalana para que esta tomara una decisión sobre la amnistía, al haber incluido en las diligencias judiciales otros investigados, todavía no procesados, por el presunto desvío de fondos para la internacionalización del procés. La nueva resolución judicial sostiene que no es necesario dictar el procesamiento de estos últimos encausados para determinar si se les puede aplicar o no la ley del perdón, siempre que estén "perfilados con nitidez" los hechos.

En el auto, la Audiencia de Barcelona reitera que no el órgano judicial competente para aplicar la amnistía y, por lo tanto, esobreseimientoto de la causa, al carecer de "cobertura legal" para poder realizarlo, sino que debe ser la jueza instructora. El tribunal recuerda que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena aplicó amnistió "las acciones y omisiones" susceptibles de constituir un delito de desobediencia y, en cambio, rechazó hacerlo respeto a la malversación de fondos públicos cuando el procedimiento todavía estaba en instrucción. Los magistrados aprovechan esta resolución para resaltar la "deficiente técnica legislativa desde un punto jurídico" de la ley del perdón, que comporta la extinción de responsabilidad penal.

Exaltos cargos investigados

A los procesados por los preparativos del 1-O a los que se les atribuye los delitos de malversación, desobediencia, falsedad y prevaricación. Entre las personas procesadas se encuentran la expresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Núria Llorach; los exdirectores de TV3 y Catalunya Radio, Vicenç Sanchis y Saül Gordillo, respectivamente; el que fuera delegado del Govern ante la UE Amadeu Altafaj; el exsecretario general del Diplocat Albert Royo y la exinterventora de la Generalitat Rosa Vidal, entre otros.

La causa del 1-O y los gastos por la presunta internacionalziación del porcés se unificaron a petición del exsecretario de Afers Exteriors, Aleix Villatoro, y el exsecretario general del Diplocat, Albert Royo, porque estaban imputados por el delito de malversación en las dos investigaciones por hechos conexos y les podría provocar un castigo mayor. El abogado David Aineto, en nombre del procesado David Palanques, fue el primero en solicitar la amnistía para este responsable del área TIC del Departament de Treball.

Además de Royo y Villatoro, el principal investigado por el presunto desvío de fondos para la internacionalización del procés es el exconseller de Afers Exteriors, Raül Romeva, a pesar de ser condenado por el 1-O por el Supremo. Los excargos del Govern de 2017 Antoni Molons, Jaume Clotet, Joaquín Nin, Amadeu Altafaj, Ignasi Genovés, y Teresa Prohías también han presentado recursos a la Audiencia para que se aplique la amnistía a todos los procesados, que ahora se ha desestimado. La unificación ha beneficiado a los investigados, a pesar de que el sumario tiene dos velocidades.