La Fiscalía investiga por primera vez torturas policiales en Via Laietana (Barcelona) durante la transición

La Fiscalía de Barcelona en coordinación con la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado ha abierto por primera vez diligencias penales para investigar las torturas cometidas durante la Transición por miembros de la llamada Brigada Político-Social en dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Vía Laietana de Barcelona.

Hace unos meses, la activista de la izquierda independentista Blanca Serra presentó una denuncia ante la Fiscalía por las torturas que su hermana, ya fallecida, y ella sufrieron en dependencias policiales, tanto en la capital catalana como en Madrid, en las cuatro veces que fueron detenidas durante la Transición.

"Te pegaban en la planta de los pies. No sabía que hacía tanto daño. Una vez me rompieron los dedos del pie y no me podía poner las zapatillas", señalaba Blanca Serra quien recibió el apoyo de Òmnium Cultural, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y del colectivo de derechos humanos Irídia, más otras entidades memorialistas para presentar esta denuncia.

El primer arresto fue en febrero de 1977 y el último en marzo de 1982, aunque llevaban años fichadas por la Policía. En su denuncia indicó que sufrió malos tratos físicos y psíquicos en su primera detención "en el marco de represión sistemática por motivos políticos impuesto por el régimen dictatorial", aunque se estaba en la Transición.

La Fiscalía recuerda la obligación establecida por la Ley de Memoria Democrática de “realizar una investigación efectiva que satisfaga el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, principios estos que son pilares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. 

Los delitos denunciados cumplen los requisitos de esta normativa para el Ministerio Público como son "graves violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos o del Derecho Internacional Humanitario; que los hechos se hayan producido con ocasión del golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la guerra y la dictadura, hasta la entrada en vigor de la Constitución Española el 29 de diciembre de 1978; y que los mismos hayan sido perpetrados en el contexto de un régimen institucionalizado de represión contra la población civil, en este caso por motivos políticos".

"El Ministerio Fiscal, en actuaciones anteriores, ya había sostenido el criterio de que, en aplicación de la nueva ley, es necesario llevar a cabo una investigación efectiva cuya finalidad última no tiene por qué ser la persecución penal, sino garantizar a las víctimas sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, con independencia del resultado final del proceso", destaca Fiscalía General del Estado.

Un "precedente"

Tras conocerse la decisión de la Fiscalía, Irídia señalaba que es "un precedente histórico en el reconocimiento e investigación de la tortura durante la dictadura. Es la primera vez que en el Estado español una fiscal de memoria democrática escuchará a una víctima de torturas del franquismo y la transición".

Irídia cree que la investigación debe "servir para acceder a los archivos policiales, tomar declaración a los testigos ya los peritos, y, especialmente, identificar a los responsables de las torturas sistemáticas cometidas en Via Laietana. Es un primer paso que debe contribuir a garantizar que, de una vez por todas, los tribunales del Estado español dejen de obstaculizar el acceso a la justicia de las víctimas del franquismo".