El juez investiga contratos "amañados" de Pardo de Vera tras encontrar la UCO en su casa documentos sobre el pelotazo de las mascarillas

El pasado 25 de junio, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ordenó la entrada y registro en la vivienda que la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, tiene en Santiago de Compostela y decretó el secreto de esta parte de sus investigaciones. Un día después, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entró en el domicilio y se incautó de diversa documentación, entre ella un documento sobre el suministro de 5 millones de mascarillas compradas por el Ministerio de Transportes para este organismo que dio origen a la investigación de la denominada trama Koldo.

En el auto en el que ordenó los registros, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 explica que estas diligencias fueron incoadas para la investigación sobre la presunta comisión de irregularidades en la adjudicación de contratos de obra pública en el seno del Ministerio de Transportes y Agenda Urbana (MITMA), entre los años 2018 y 2021, en relación con Pardo de Vera y también contra quien fue director general de Carreteras en el mismo periodo, Javier Herrero.

Pese a que Pardo de Vera ya declaró como testigo en relación con los contratos de mascarillas, ahora también se la investiga por la contratación en Adif y Tragsatec de una amiga del exministro José Luis Ábalos --Jésica Rodríguez--, así como por el supuesto "favorecimiento, de manera recurrente, de diferentes constructoras para la obtención presuntamente fraudulenta, de contratos de obra pública a cambio de una contraprestación económica tanto para el entonces ministro" José Luis Ábalos como para su asesor Koldo García, según detalla Moreno en su resolución. Por todos estos hechos, tanto Pardo de Vera como Herrero están citados a declarar el próximo 21 de julio.

Las empresas favorecidas habrían sido Acciona Construcción, Levantina Ingeniería y Construcción y Obras Públicas y Regadíos, cuyos responsables han declarado en calidad de investigados hace apenas unos días en la causa contra la trama que instruye el Tribunal Supremo. En la parte que se instruye en la Audiencia Nacional, el juez apunta posibles delitos de malversación y tráfico de influencias, pero sumó también los de organización criminal, prevaricación y cohecho.

Según Moreno, "los contratos presuntamente amañados permanecían bajo el dominio del MITMA: ADIF y la Dirección General de Carreteras". Para estas actuaciones, que "habrían permitido la manipulación de los procesos de contratación", Koldo García se valía, presuntamente, de la entonces presidenta de Adif y del Director General de Carreteras, Javier Herrero, "cada uno dentro de su ámbito de actuación". 

Registros

En cuanto a los registros, Moreno autorizó a la UCO a apoderarse de cualquier información que permita "averiguar la verdadera realidad de las operaciones mercantiles, trasmisiones de fondos, nivel y situación económica, procedencia y origen de los fondos y la ubicación de los mismos".

Además de ese y otros documentos de Adif, los agentes copiaron el contenido de la cuenta de correo electrónico y de la carpeta de Dropbox de Pardo de Vera, así como su chat de WhatsApp con su marido, que era quien se encontraba presente durante el registro y quien facilitó a la UCO el visionado de su teléfono móvil, donde hallaron estas evidencias digitales.

El oficio en el que la UCO solicita registrar las casas tanto de Pardo de Vera como de Herrero se apoya en los indicios reflejados en su informe de 5 de junio con el que se destapó la presunta trama de amaño de obra pública que, de momento, ha llevado a prisión al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Así, respecto a Pardo de Vera, la UCO apunta las conversaciones con Koldo en las que acudió a ella para "interceder en adjudicaciones" a Acciona y Levantina.

"Todos estos indicios pudieran haber resultado en la motivación del interés mostrado tanto por Cerdán como por Koldo por promocionar a Pardo de Vera al cargo de secretaria de Estado", aunque no se produjo hasta la salida de Ábalos de Transportes, indicaron los investigadores. En la misma línea, resumieron los indicios ya recogidos en dicho informe sobre Herrero, que vinculó igualmente al "interés mostrado por Koldo y Cerdán tanto en 2018 --tras la moción de censura-- como en 2020 --tras las elecciones generales celebradas en 2019-- para colocar a Herrero al frente de la Dirección General de Carreteras y para darle un puesto de mayor responsabilidad, respectivamente".